La investigación de Beijing sobre un exfuncionario de Xinjiang indica que el líder chino Xi Jinping está utilizando las campañas anticorrupción para eludir la responsabilidad por la represión contra los uigures, al tiempo que afirma su control total sobre el partido, según los analistas.
Zhu Changjie —exvicepresidente del gobierno de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang— está bajo investigación, según anunciaron el 20 de junio la Comisión Central de Inspección Disciplinaria de China (CCDI) y la Comisión Nacional de Supervisión.
Zhu es sospechoso de "graves violaciones de la disciplina del Partido y de la ley", afirmaron los dos principales organismos anticorrupción del régimen chino.
El Comité Permanente del Comité Regional de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang del Partido Comunista de China, el máximo órgano de toma de decisiones del partido en el territorio, elogió el caso el 22 de junio como prueba de la determinación de Beijing de "llevar la lucha contra la corrupción hasta el final".
Los registros públicos muestran que Zhu, de 69 años, pasó gran parte de su carrera en Xinjiang, una región del noroeste donde vive la mayor parte de la población uigur de China.
Asumió el mando del Departamento de Seguridad Pública de Xinjiang en 2009, el año en que la región fue sacudida por el Incidente del 5 de julio, uno de los brotes de violencia étnica más mortíferos en China en décadas.
Zhu ocupó el cargo durante casi ocho años y aplicó la represión orquestada por el Partido Comunista Chino (PCCh) en Xinjiang, poniendo en práctica medidas represivas y estableciendo campos de reeducación en 2014 bajo el pretexto de "centros de educación y capacitación vocacional".
Desde entonces, el régimen ha confinado al menos a un millón de uigures en dichas instalaciones, una campaña que Washington ha calificado de genocidio.
Sun Kuo-hsiang, profesor de asuntos internacionales y negocios en la Universidad de Nanhua en Taiwán, señaló que es probable que la investigación sobre Zhu esté motivada por el temor de Beijing a que la información sensible que acumuló durante su mandato de línea dura se haya vuelto incontrolable.
"Un historial de represión despiadada solo demuestra que un funcionario fue útil en un momento específico, pero esos mismos méritos del pasado se convierten en un lastre cuando la cúpula del partido decide hacer limpieza", declaró Sun a The Epoch Times.
"Esto demuestra que la lealtad dentro del PCCh es puramente transaccional".
Ilshat H. Kokbore, un comentarista político uigur, señaló que la investigación no es más que un pretexto débil, dada la corrupción sistémica del régimen.
"Todos los funcionarios del PCCh están corruptos. Nadie está limpio", declaró Kokbore a The Epoch Times. "Por lo tanto, si el partido quiere purgar a alguien, simplemente utiliza la “lucha contra la corrupción” como excusa".
Kokbore señaló que el objetivo real de tales purgas es silenciar a los testigos directos del genocidio del PCCh contra los uigures.
"Xi quiere deshacerse de estos funcionarios para poder eludir la rendición de cuentas ante los instrumentos legales internacionales", señaló Kokbore.
"Es por eso que [Beijing ha estado] intensificando su purga de altos funcionarios del PCCh en la Región Autónoma Uigur de [Xinjiang] que también cometieron crímenes de lesa humanidad".
Ilshat Kokbore, director de investigación de Uyghur Studies, habla durante una vigilia a la luz de las velas para conmemorar la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989, en el Monumento a las Víctimas del Comunismo en Washington, el 4 de junio de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)Este año, varios altos funcionarios de Xinjiang fueron destituidos, entre ellos Chen Weijun, exvicepresidente del gobierno regional, y Jin Zhizhen, exvicepresidente del comité regional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
Desde 2022, el régimen ha llevado a cabo una sucesión de purgas políticas, enredando a varias figuras de alto rango en investigaciones disciplinarias.
"Nueva misión"
Shih Chien-yu, investigador asociado de la División de Investigación en Seguridad Nacional del Instituto de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional de Taipéi, señaló que esta medida también indica el plan más amplio de Xi para reestructurar el aparato de seguridad de Xinjiang."Básicamente, todos los vinculados a la antigua estructura de seguridad deben irse, porque ahora hay una nueva misión", declaró Shih a The Epoch Times.
"Esto se debe a que Xi quiere reposicionar a Xinjiang como un corredor que conecte el noroeste de China con el continente euroasiático".
Un niño uigur mira desde su casa en Urumqi, en la región china de Xinjiang, el 12 de julio de 2009. (Peter Parks/AFP vía Getty Images)Shih señaló que la destitución de altos funcionarios, como Chen y Jin, tiene como objetivo eliminar a los poderosos locales y consolidar el control financiero del PCCh sobre la región.
"Beijing simplemente ya no ve la necesidad de intermediarios", afirmó Shih. "Quiere intervenir directamente en el desarrollo económico de Xinjiang".
Shih señaló que este cambio estructural sugiere que el PCCh se está alejando del internamiento masivo para adoptar un control administrativo más generalizado sobre las comunidades étnicas de la región.
"La política futura no se centrará en vigilar de cerca a las minorías; el enfoque consistirá en “profundizar la gobernanza étnica” para garantizar su lealtad absoluta a Beijing", afirmó Shih.
"Sin embargo, el futuro de Xinjiang sigue siendo incierto".
Control total
Sun señaló que Xi ha utilizado las campañas anticorrupción para reorganizar la jerarquía del PCCh."La caída de alguien como Ma Xingrui, un exsecretario del Partido en Xinjiang que fue ascendido y gozó de la confianza de Xi durante su mandato, es un claro ejemplo", dijo Sun.
"En otras palabras, al llevar a cabo purgas sostenidas, Xi les envía un mensaje a todos los funcionarios de que la lealtad nunca se da por sentada y debe volver a ganarse continuamente ante los ojos de la cúpula".
Ma fue acusado de graves violaciones de la disciplina y la ley, y en abril la Comisión Central de Disciplina (CCDI) abrió una investigación en su contra.
Posteriormente, fue destituido de su cargo de legislador en la Asamblea Popular Nacional (APN) —el máximo órgano legislativo de China—, según un anuncio del 27 de junio del Comité Permanente de la 14.ª APN.
Sun señaló que la campaña de purga en curso está diseñada para erradicar cualquier rastro de vacilación en las filas del partido antes del 21.º Congreso del Partido —un cónclave de liderazgo que se celebrará a finales de 2027 y en el que se espera que se tomen las decisiones más importantes sobre el personal—.
"El objetivo es eliminar las redes consideradas poco confiables y abrir puestos clave para figuras de confianza", afirmó Sun.
Sun agregó que, si bien estas acciones no prueban que todos los funcionarios destituidos sean disidentes activos, sí demuestran el control total de Xi sobre los nombramientos de personal, lo que genera un efecto disuasivo en todo el partido.
"Esto deja en claro que la distinción que hace el PCCh entre las campañas anticorrupción y la purga de facciones se ha vuelto cada vez más difusa", señaló Sun.
