Una operación de las autoridades de Colombia y España desarmó una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.
La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España, realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en Zamora y Castellón, España, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.
La organización criminal, liderada por alias Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.
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Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.
Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.
"La red gestionaba toda la logística, agendamiento de citas para pasaportes, compra de boletos aéreos, instrucciones precisas sobre qué declarar en migración para evitar controles y monitoreo constante hasta el abordaje", indicaron las autoridades colombianas en un comunicado.
La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.
Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados con acceso restringido a la atención médica.
Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.
En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.
Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.
La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.
Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
