El gigante tecnológico Cisco enfrenta una nueva impugnación legal en una corte estatal de California por acusaciones de que ayudó a facilitar abusos contra los derechos humanos en China.
Diecisiete demandantes, incluidos ciudadanos estadounidenses, presentaron una demanda en la que alegan que la empresa con sede en San José ayudó al Partido Comunista Chino (PCCh) a construir un sofisticado sistema de vigilancia para perseguir a un grupo espiritual que el régimen ha intentado erradicar.
Los demandantes son practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual que enfatiza los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, junto con ejercicios de meditación.
El régimen chino inició en 1999 una campaña generalizada contra el grupo, en la que sometió a sus practicantes a trabajos forzados, largas condenas de prisión y torturas, en un intento por obligarlos a renunciar a sus creencias.
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Los demandantes alegaron que el sistema Golden Shield de Cisco fue una herramienta fundamental para facilitar estos abusos.
Según los demandantes, se trata de un sistema de múltiples niveles que permite a las autoridades rastrear, identificar, elaborar perfiles e interrogar a los practicantes de Falun Gong. La información de cada objetivo se almacena en una base de datos que se actualiza constantemente.
La demanda, presentada en agosto, representa el más reciente intento tras una larga batalla legal para exigir responsabilidad a las empresas por abusos contra los derechos humanos. Los demandantes presentaron una demanda enmendada el 30 de octubre.
Trece de los demandantes presentaron inicialmente una demanda contra Cisco en 2011, en la que invocaron varias reclamaciones federales y estatales. Una de las leyes federales citadas fue el Estatuto de Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que en aquel momento se había interpretado como una vía para que personas que no fueran ciudadanos estadounidenses solicitaran reparación en tribunales de Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos internacionales.
En junio, la Corte Suprema falló a favor de Cisco, lo que en la práctica cerró la puerta a las demandas contra empresas por responsabilidad en materia de derechos humanos bajo el Estatuto de Agravios contra Extranjeros en los tribunales federales.
Sin embargo, aunque el fallo restringió el alcance de la ley, los abogados del caso señalaron que las víctimas todavía tienen vías para exigir responsabilidades.
"La decisión de la Corte Suprema determinó que el Estatuto de Agravios contra Extranjeros no incluía casos de derechos humanos que no estuvieran relacionados con la piratería, los salvoconductos o los embajadores. Eso no tiene ninguna relación con la posibilidad de que los tribunales estatales conozcan casos que tradicionalmente han atendido, como los casos de responsabilidad civil extracontractual", dijo a The Epoch Times Catherine Sweetser, una de las abogadas de los demandantes.
De quienes se sumaron a la nueva demanda, tres viven en California.
Entre ellos está Zhang Yuhua, quien, mientras se encontraba en China, utilizó un programa para eludir la censura y acceder a sitios web extranjeros, desde donde descargó materiales relacionados con Falun Gong.
En 2002, según la demanda, los servicios de seguridad chinos detectaron su tráfico de internet, irrumpieron en su domicilio y la condenaron a cuatro años de prisión. Fue arrestada dos veces más en los años siguientes y sufrió privación del sueño, alimentación forzada e inyecciones de sustancias desconocidas, según la denuncia.
La demanda alegó que Golden Shield había incluido su nombre en su base de datos, lo que provocó que sus actividades siguieran siendo vigiladas.
También señaló que, a principios de 2013, después de que Zhang se mudara a otro lugar, apareció una cámara de vigilancia cerca de la entrada de su edificio residencial, lo que permitía a la policía vigilarla las 24 horas.
De manera similar, según la demanda, la policía china localizó al demandante Wu Jiahao. Las autoridades mencionaban regularmente su actividad en internet durante los interrogatorios, lo torturaron durante su condena de cuatro años de prisión, lo obligaron a ver videos que denigraban sus creencias y restringieron severamente su acceso a alimentos, bebidas y al baño, según la presentación judicial.
La vigilancia y el acoso continuaron después de su liberación. Funcionarios del Partido acudían a su domicilio para amenazarlo y ordenaban a sus arrendadores que lo desalojaran, según la demanda.
"Muchas personas piensan que Golden Shield es simplemente un programa de censura de internet. No lo es", dijo a The Epoch Times Can Sun, otro abogado del caso.
El proceso legal es "un camino largo y difícil", dijo a The Epoch Times uno de los demandantes originales de 2011. Sin embargo, añadió que, dada la gravedad de las acusaciones centrales del caso, es importante perseverar.
Cisco no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
