Opinión:
El senador Rick Scott (R-Fla.) y el senador Jeff Merkley (D-Ore.) se unieron la semana pasada para presentar un proyecto de ley bipartidista que obligaría al secretario de Estado a determinar si la República Popular China está cometiendo un genocidio contra el pueblo del Tíbet.
“La China comunista está cometiendo un genocidio en el Tíbet. No hay forma de negarlo”, afirmó Scott en una declaración sobre este proyecto de ley. “El régimen de Beijing ha llevado a cabo asesinatos sistemáticos, torturas, esterilizaciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros sancionados por el gobierno y una miríada de otros crímenes contra la humanidad en su opresión del pueblo tibetano.”
“El derramamiento de sangre debe terminar, y China debe rendir cuentas por todo ello”, afirmó Scott.
Merkley se mostró igualmente firme.
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“Ante el continuo ataque de China contra los tibetanos —la creciente eliminación cultural, la separación de los niños, la vigilancia, el encarcelamiento y la tortura—, Estados Unidos no puede permanecer en silencio”, afirmó.
De aprobarse, la "Ley de Determinación de las Atrocidades en el Tíbet" otorgaría al secretario de Estado un plazo de un año para emitir "una resolución" y presentar un informe ante el Congreso "sobre si los actos llevados a cabo por funcionarios o agentes de la República Popular China contra los tibetanos en el Tíbet constituyen: (1) un genocidio en curso contra el pueblo tibetano... o (2) crímenes contra la humanidad".
Si el secretario determina que la República Popular China está cometiendo genocidio en el Tíbet, esta sería la segunda determinación del Departamento de Estado de que este régimen comunista está llevando a cabo un genocidio. El 19 de enero de 2021, al final de la primera administración Trump, el entonces secretario de Estado Michael Pompeo emitió una determinación en la que afirmaba que la República Popular China estaba cometiendo genocidio contra los uigures en la provincia de Xinjiang.
“Tras examinar cuidadosamente los hechos disponibles, he determinado que la República Popular China, bajo la dirección y el control del PCCh (Partido Comunista Chino), ha cometido genocidio contra los uigures, de mayoría musulmana, y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang”, declaró Pompeo. “Creo que este genocidio sigue en curso y que estamos presenciando el intento sistemático de destruir a los uigures por parte del partido-Estado chino”.
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En su declaración sobre su proyecto de ley, en el que insta al secretario de Estado a determinar si China está cometiendo actualmente un genocidio en el Tíbet, Scott también citó el trato que China dispensa a los uigures, así como al “preso político” Jimmy Lai.
“Esto es lo habitual en un régimen malvado que, al mismo tiempo, está llevando a cabo un genocidio contra los uigures, reprimiendo el cristianismo y encarcelando a presos políticos como mi amigo Jimmy Lai”, afirmó Scott.
Lai es un empresario chino católico que dirigía un periódico, el Apple Daily, desde Hong Kong. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional lo describe en su sitio web como “un magnate de los medios de comunicación, activista por la democracia y defensor de la libertad religiosa”.
El gobierno chino lo arrestó inicialmente en agosto de 2020. “El 15 de diciembre de 2025”, según un comunicado publicado en febrero por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la Corte Superior declaró al Sr. Lai culpable de conspiración para publicar material sedicioso en virtud de la Ordenanza sobre Delitos, así como de dos cargos de conspiración para colaborar con fuerzas extranjeras en virtud de la Ley de Seguridad Nacional”.
“El Sr. Lai ha negado todos los cargos”, se indicaba.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según la declaración, “había examinado el veredicto y le preocupaba que este criminalizara el ejercicio de libertades fundamentales, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y la libertad de asociación”.
En octubre de 2024, durante la campaña presidencial de ese año, el presidente Donald Trump concedió una entrevista al locutor de radio Hugh Hewitt, quien le preguntó por Lai. “¿Cree que podría hablar con (el secretario general del PCCh) Xi (Jinping) cuando vuelva a la presidencia para conseguir que Jimmy Lai salga del país?”, preguntó Hewitt.
Trump respondió: “¿Al cien por cien, sí?”.
“Si consigue sacar a Jimmy Lai, será una gran victoria para la libertad en todo el mundo”, dijo Hewitt.
Después de que Trump se reuniera con Xi en Corea del Sur el 30 de octubre de 2025, EWTN informó de que “un funcionario de la Casa Blanca comunicó a EWTN que el presidente Trump habló con el presidente chino Xi Jinping sobre la liberación del defensor de la democracia Jimmy Lai”.
El 4 de mayo, Hewitt realizó otra entrevista a Trump y le preguntó si el presidente volvería a hablar con Xi sobre Lai cuando se reuniera con él en China a finales de ese mes.
“Usted habló sobre Jimmy Lai con el presidente. ¿Volverá a sacar el tema?”, preguntó Hewitt.
“Lo haré” —respondió Trump—. “Ya lo mencioné, y hay mucho, diría que hay un poco de resentimiento, entre él y Jimmy Lai... pero lo haré, volveré a sacar el tema”.
Eso es lo que debe hacer Trump, al igual que confrontar a Xi por los ataques existenciales de su régimen contra el pueblo del Tíbet y los uigures.
Como ya se ha señalado en esta columna, la primera frase del último informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en China, publicado en agosto y que abarca el año 2024, dice: “Durante el año se produjeron en China genocidios y crímenes contra la humanidad contra los uigures, en su mayoría musulmanes, y contra miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang”.
Sin embargo, a pesar de cometer genocidio, la República Popular China sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Según la Oficina del Censo, en los tres primeros meses de 2026, Estados Unidos adquirió 60.9 mil millones de dólares en importaciones procedentes de China, lo que la convirtió en nuestra cuarta mayor fuente de importaciones durante ese periodo, después de México (138 mil millones de dólares), Canadá (91.6 mil millones de dólares) y Taiwán (67.4 mil millones de dólares).
En febrero, la Corte Suprema emitió un dictamen por 6 votos contra 3 en el que concluía que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, promulgada en 1977, no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de forma unilateral a las importaciones extranjeras, incluidas las procedentes de China.
Ahora, ambos partidos en el Congreso deberían colaborar con Trump para promulgar una legislación que elimine progresivamente las importaciones procedentes de regímenes como el de China, que están cometiendo genocidio.
