Terence P. Jeffrey

El Departamento de Estado de EE. UU. afirma sin ambigüedades que el Partido Comunista Chino (PCCh) está cometiendo un genocidio.

Una ley de Nueva York sobre suicidio asistido enfrenta a órdenes católicas y proveedores de salud con nuevas exigencias que cuestionan su libertad religiosa.

Cuando el Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress) organizó un evento el mes pasado para dar a conocer su informe sobre la libertad religiosa en los Estados Unidos, el senador Chris Coons (D-Del.) fue el orador principal

Tres días después de que el presidente Donald Trump fuera reelegido para su segundo mandato, el Departamento de Justicia del entonces presidente Joe Biden publicó un comunicado de prensa que incluía una declaración del entonces fiscal general Merrick Garland, y citaba actos asesinos que Irán supuestamente planeaba perpetrar dentro de Estados Unidos.

El senador Rick Scott (R-Fla.) y el senador Jeff Merkley (D-Ore.) se unieron la semana pasada para presentar un proyecto de ley bipartidista que obligaría al secretario de Estado a determinar si la República Popular China está cometiendo un genocidio contra el pueblo del Tíbet.

Cuando el expresidente Barack Obama estaba en el cargo, su administración llegó hasta el Corte Suprema en un intento por obligar a los estadounidenses a actuar en contra de su conciencia, al exigir la cobertura de los anticonceptivos —incluidos los abortivos— a través de una normativa federal promulgada en virtud de la denominada Ley de Asistencia Asequible.

Hace veinte años, el expresidente George W. Bush cumplía su segundo mandato cuando Mario Ramiro Aragón, ciudadano guatemalteco, fue expulsado por primera vez de Estados Unidos.