El gobierno de Venezuela confirmó que recibirá en Caracas a una delegación diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., luego de la captura y traslado a territorio estadounidense del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.
El anuncio lo dio a conocer este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, a través de un comunicado, donde reitera que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de una "agresión criminal, ilegítima e ilegal".
Sin embargo, señaló que a "efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional", el gobierno venezolano decidió iniciar contactos diplomáticos con Washington "en estricto apego a los principios de soberanía nacional", con el objetivo de atender las consecuencias derivadas de la operación militar y de la captura de Maduro.
Asimismo, señaló la intención de avanzar en una agenda de interés mutuo y confirmó el arribo al país de funcionarios diplomáticos estadounidenses que realizarán evaluaciones técnicas y logísticas vinculadas a la reactivación de funciones diplomáticas.
"De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes", dijo Gil.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos informó a Epoch Times que una delegación estadounidense viajó este viernes al país caribeño para explorar la reapertura de la embajada en Venezuela.
"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", explicó un funcionario del Departamento de Estado.
El anuncio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que canceló una segunda oleada de ataques militares contra Venezuela, prevista tras la operación ejecutada la madrugada del 3 de enero, que incluyó bombardeos sobre Caracas y culminó con la captura de Maduro y Flores.
Trump atribuyó su decisión a gestos de cooperación por parte de las autoridades provisionales venezolanas, entre ellos la liberación de presos políticos.
En una publicación del día de hoy en Truth Social, Trump afirmó que la excarcelación de detenidos políticos representaba una señal de que Venezuela "buscaba la paz", y sostuvo que esa cooperación lo llevó a detener nuevas acciones militares, aunque aclaró que activos navales estadounidenses permanecerán desplegados en la región por razones de seguridad.
El mandatario estadounidense también vinculó la desescalada militar con planes de cooperación económica, en particular con la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasística venezolana. Trump aseguró que grandes compañías petroleras de EE. UU. estarían dispuestas a invertir al menos 100,000 millones de dólares para reactivar el sector energético del país sudamericano.
En una entrevista concedida el 8 de enero a Sean Hannity, de Fox News, Trump señaló que hasta 14 grandes petroleras estadounidenses manifestaron interés en reconstruir la infraestructura petrolera venezolana y recuperar la producción, que cayó de más de 3 millones de barriles diarios a menos de 1 millón en los últimos años. Indicó que el proceso podría tomar alrededor de 18 meses, aunque reconoció que implicaría un alto costo financiero.
Tras la operación militar del 3 de enero, Trump había advertido que un segundo ataque seguía siendo una opción si las autoridades venezolanas no cooperaban. También lanzó una advertencia directa a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien señaló que enfrentaría consecuencias severas si no cumplía con las exigencias de Washington.
Rodríguez respondió públicamente que Caracas estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos en una agenda de cooperación basada en el derecho internacional, el diálogo y la paz regional. Como parte de ese gesto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número significativo" de detenidos, incluidos opositores y ciudadanos extranjeros.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalaron que la cifra de liberaciones confirmadas hasta ahora es limitada. Foro Penal indicó que solo nueve presos políticos habían sido excarcelados, mientras que más de 860 personas seguían detenidas por motivos políticos.
Con información de Tom Ozimek.
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