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Jorge Rodríguez habla durante la sesión inaugural del Período Constitucional Legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. (Jesús Vargas/Getty Images)

Jorge Rodríguez habla durante la sesión inaugural del Período Constitucional Legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. (Jesús Vargas/Getty Images)

Venezuela anuncia liberación de "número importante" de presos políticos

8 de enero de 2026, 6:34 p. m.
| Actualizado el8 de enero de 2026, 10:46 p. m.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que el gobierno inició la liberación de un grupo significativo de personas privadas de libertad por razones políticas, en lo que describió como una medida orientada a promover la paz interna.

"El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", afirmó Rodríguez en una declaración pública.

Agregó que la decisión, que catalogó como unilateral, busca contribuir a la convivencia pacífica y a la estabilidad del país.

El anuncio de la liberación del grupo de personas venezolanas y extranjeras, se produce en un contexto de señalamientos sostenidos por parte de organizaciones de derechos humanos sobre la situación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Al 30 de noviembre de 2025, la organización no gubernamental Foro Penal contabilizó 887 personas consideradas presos políticos, entre ellas 60 en condición de desaparición forzada. Del total, 117 son mujeres, 4 adolescentes y 174 pertenecen a cuerpos militares o policiales.

Foro Penal clasifica como detenidos políticos a quienes permanecen privados de libertad con fines políticos, sin orden judicial o sin ser presentados ante un juez dentro de los plazos establecidos por la ley. Estas cifras coinciden con las estimaciones de Amnistía Internacional, que sitúa en alrededor de 900 las personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas.

Human Rights Watch también documentó al menos 19 casos de presos políticos sometidos a regímenes de incomunicación. De acuerdo con la organización, los detenidos mantenían vínculos con partidos de oposición y, desde su arresto, no pudieron recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas.

Entre los testimonios públicos se encuentra el de José Vicente García, perseguido político que actualmente reside en México, quien denunció haber sido torturado durante su reclusión en la Tumba y en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

"Fui torturado, amarrado a una silla, sometido a interrogatorios de más de 24 horas, con descargas eléctricas y amenazas con armas", relató. "El Helicoide es la imagen cruda de la dictadura, la imagen de un régimen criminal que ha pisoteado los derechos de los venezolanos".

García explicó que no pudo determinar con precisión el tiempo que permaneció detenido debido a las condiciones de aislamiento. "No tienes ventana, no tienes ventilación, no sabes si es de día o de noche. El clima es de aproximadamente 6 °C. Te quitan toda la ropa y te dejan prácticamente desnudo sobre un planchón de cemento", afirmó, al describir una celda de aproximadamente 5 x 5 metros.

El Helicoide, ubicado en el centro-sur de Caracas, fue concebido originalmente como un complejo comercial tras la excavación del cerro Roca Tarpeya, pero el proyecto quedó inconcluso por razones políticas. Entre 1979 y 1982 albergó a unas 500 familias de bajos recursos y, desde 1985, es utilizado por organismos de inteligencia. A partir de 2013, con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, adquirió notoriedad internacional por su uso como centro de detención y denuncias de tortura.

El gobierno no precisó el número exacto de personas beneficiadas ni los criterios aplicados para las excarcelaciones. El anuncio abre interrogantes sobre el alcance de la medida y su impacto en la situación general de los derechos humanos en el país.

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