El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que el gobierno inició la liberación de un grupo significativo de personas privadas de libertad por razones políticas, en lo que describió como una medida orientada a promover la paz interna.

"El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", afirmó Rodríguez en una declaración pública.

Agregó que la decisión, que catalogó como unilateral, busca contribuir a la convivencia pacífica y a la estabilidad del país.

El anuncio de la liberación del grupo de personas venezolanas y extranjeras, se produce en un contexto de señalamientos sostenidos por parte de organizaciones de derechos humanos sobre la situación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Entre los liberados el 8 de enero se encuentran la activista venezolana Rocío San Miguel y cuatro españoles más, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. También liberaron a dos destacadas figuras de la oposición venezolana, Enrique Márquez y Biagio Pilieri, según grupos locales de derechos humanos.

El Comité para la Liberación de Presos Políticos en Venezuela pidió al gobierno que actúe con rapidez y transparencia en la liberación de los presos políticos.

"La opacidad y la discreción siguen prevaleciendo en la gestión de estas liberaciones, lo que aumenta la ansiedad, la angustia y la incertidumbre de los familiares y los presos políticos", declaró el comité en X.

Alfredo Romero, director del grupo de defensa Foro Penal, con sede en Caracas, dijo que el grupo verificará cada uno de los detenidos liberados.

"Ya sabemos de algunas personas que están en camino hacia la libertad, incluidos extranjeros", dijo Romero en una publicación en redes sociales.

Aún no está claro cuántos presos políticos se espera que sean liberados.

Romero declaró el 6 de enero que 863 personas seguían encarceladas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas 86 detenidos de nacionalidad extranjera.

Aproximadamente 2200 personas fueron detenidas por las autoridades venezolanas tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, según un informe de Amnistía Internacional del 15 de julio de 2025.

Tras las elecciones de 2024, en las que la autoridad electoral controlada por el gobierno venezolano declaró ganador a Maduro, la oposición denunció irregularidades y varios países, entre ellos Estados Unidos, cuestionaron la legitimidad de los resultados.

El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, se exilió en España en septiembre de 2024 después de que las autoridades venezolanas emitieran una orden de arresto contra él tras los controvertidos resultados electorales.

Al 30 de noviembre de 2025, la organización no gubernamental Foro Penal contabilizó 887 personas consideradas presos políticos en Venezuela, entre ellas 60 en condición de desaparición forzada. Del total, 117 son mujeres, 4 adolescentes y 174 pertenecen a cuerpos militares o policiales. Estas cifras coinciden con las estimaciones de Amnistía Internacional, que sitúa en alrededor de 900 las personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas.

"Fui torturado, amarrado a una silla, sometido a interrogatorios de más de 24 horas, con descargas eléctricas y amenazas con armas", relató García sobre su estancia en la Tumba.

García explicó que no pudo determinar con precisión el tiempo que permaneció detenido debido a las condiciones de aislamiento. "No tienes ventana, no tienes ventilación, no sabes si es de día o de noche. El clima es de aproximadamente 6 °C. Te quitan toda la ropa y te dejan prácticamente desnudo sobre un planchón de cemento", afirmó, al describir una celda de aproximadamente 5 x 5 metros.

Sobre el centro de tortura en Caracas –conocido como "El Helicoide"–  relató que "es la imagen cruda de la dictadura, la imagen de un régimen criminal que ha pisoteado los derechos de los venezolanos".

El gobierno no precisó el número exacto de personas beneficiadas ni los criterios aplicados para las excarcelaciones. El anuncio abre interrogantes sobre el alcance de la medida y su impacto en la situación general de los derechos humanos en el país.