La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aplazó este jueves la segunda discusión necesaria para aprobar un proyecto de ley para aceleración de trámites y procedimientos administrativos, propuesto a principios de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Durante la sesión parlamentaria, los diputados debatieron y aprobaron los primeros seis artículos de la legislación, referidos a su objetivo, principios y el interés general de la ley, que se enmarca también en una demanda de Estados Unidos para que se flexibilicen los trámites burocráticos.
De acuerdo con el texto aprobado, la legislación tiene como objeto definir la normativa para que la administración pública -todos los entes y órganos del Estado- pueda "ejecutar ágil y eficazmente los mecanismos necesarios que permitan una mayor celeridad y la optimización de las gestiones".
El último artículo aprobado en esta discusión -y el que generó más discusión entre los diputados- fue el sexto, que determina las atribuciones de la Presidencia de la República para la aceleración de trámites.
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Principalmente, y entre otras funciones, la ley faculta al presidente a "suspender, reducir, modificar o suprimir trámites, procedimientos, autorizaciones, permisos y requisitos", siempre que se respete la "reserva legal".
El parlamentario Antonio Ecarri, de la fracción minoritaria opositora Libertad, pidió que estas facultades se extiendan a gobernadores y alcaldes.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, rechazó la propuesta porque, según señaló, esta ley busca "centralidad en la toma de las decisiones sobre la celeridad" de procedimientos.
El artículo fue finalmente aprobado por la mayoría chavista, y luego, por unanimidad los diputados aprobaron aplazar la discusión del resto del proyecto hasta la próxima sesión de la plenaria, con el fin de hacer una "revisión" de los artículos, según solicitó la diputada chavista María Gabriela Vega.
Este proyecto forma parte de las propuestas impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entre las cuales se encontraba también una reforma de hidrocarburos, que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.
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Asimismo, el Parlamento prepara una reforma a la Ley de Minas que también permitiría la inversión extranjera en este sector, según informó Jorge Rodríguez el lunes.
La mandataria encargada pidió el miércoles que se dé celeridad a esta reforma, una solicitud compartida con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, durante una reunión que sostuvieron en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.
Burgum declaró tras ese encuentro que la presidenta encargada así como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quieren "eliminar los trámites burocráticos para que fluya esta inversión de capital".
