Tras la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de alto perfil y exfuncionarios de Sinaloa por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya junto con otros imputados, reaccionaron ante los señalamientos.
En un comunicado a través de X del 29 de abril, el gobernador sinaloense rechazó la acusación, a su vez que aseguró que no es una acción en su contra, sino contra Morena, el partido que representa.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, agregó.
El gobernador asegura que la acusación carece de veracidad y fundamento, y mostró su disposición a probarlo.
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“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, argumentó Rocha Moya.
La acusación presentada ayer a través de un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ por sus siglas en inglés) señala al gobernador, así como al senador de Morena Enrique Inzunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, además de siete exfuncionarios —todos del estado de Sinaloa—, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionadas con narcotráfico y armas.
En referencia particular al gobernador, señala que Rocha Moya obtuvo el cargo tras recibir el apoyo del grupo criminal “los Chapitos" —dirigido por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán—, quienes utilizaron el secuestro y la intimidación contra sus rivales.
Asimismo, indica que "presuntamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos". Y tras se elegido como gobernador "permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa".
Por su parte, el senador por Morena, Enrique Inzunza Cázares, coincidió con el gobernador al asegurar que la acusación, a la que denominó como una “infamia", es un ataque a Morena y a sus líderes.
“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos”, expresó el senador en su comunicado a través de X, también del 29 de abril.
"Es también un ataque y una insidia dirigida al Partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos", agregó.
El senador relató que el 28 de abril, desde la tribuna del Senado, defendió la soberanía nacional tras denunciar la presencia de agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua durante una operación contra el narcotráfico.
A partir de su declaración en el pleno, el senador resaltó: “Hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra”.
La acusación señala que todos los funcionarios y exfuncionarios presuntamente conspiraron con los líderes del Cártel de Sinaloa —designado como organización criminal terrorista por la administración Trump en febrero del 2025—, para traficar cantidades masivas de drogas al la nación norteamericana, así como su presunta protección "a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento".
Por su parte, el edil de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil, quien también milita en las filas de MORENA, rechazó las acusaciones a través de un breve comunicado en X el mismo día.
“Rechazó los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”, declaró.
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El DOJ también acusa a los funcionarios y exfuncionarios de permitir la entrega de información de inteligencia a los miembros de esta organización para ayudar con sus actividades criminales. Además, de ordenar a miembros de las fuerzas del orden estatales y municipales a proteger los cargamentos de drogas almacenados y en tránsito a través de México hacia los Estados Unidos.
Dentro de los cargos de los que se le acusa a Inzunza Cázares y a Gámez Mendivil, están la conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Tras la acusación de EE. UU., se ha desatado un debate sobre las acciones que las autoridades mexicanas deben tomar. Con las dos fuerzas opositoras más importantes del país manifestando sus posiciones.
El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió en un comunicado del 29 de abril, que las recientes investigaciones formalizan una situación de vínculos con el crimen que el oficialismo negó durante años, transformando lo que era una sospecha en una auténtica "crisis de Estado".
Tras señalar que Sinaloa suma más de un año y medio de violencia constante e inseguridad bajo una administración estatal rebasada, el "blanquiazul" sostuvo que el gobierno actual carece de legitimidad para restablecer la tranquilidad de las familias. Ante este escenario, el PAN exigió al Senado de la República evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, argumentando que México no puede permitir que la responsabilidad de combatir al narcotráfico recaiga en manos bajo sospecha de complicidad.
Entre la acusación del DOJ, se señaló que algunos de los acusados como, el excomandante de alto rango de la Policía Municipal en Culiacán Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, participaron en "la campaña de violencia y represalias del Cártel". Millán, presuntamente recibía 1600 dólares mensuales como pago de "Los Chapitos".
En cuanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó a Morena como un "narcopartido" tras los señalamientos formales de Estados Unidos.
En una publicación en X del 29 de abril, el tricolor señaló que estas acusaciones evidencian vínculos directos con el crimen organizado y confirman que la violencia e impunidad en el país son consecuencia de un gobierno que ha tolerado y participado en redes delictivas.
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