El presidente Donald Trump volvió a solicitar el 12 de agosto a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule un fallo de una corte inferior que bloquea partes clave de su orden ejecutiva que restringe el voto por correo antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, que determinarán el control del Congreso.
En concreto, el gobierno federal está pidiendo a la Corte Suprema que suspenda una nueva orden —la segunda en las últimas semanas emitida por un juez federal en Boston— que impide la aplicación de las políticas del presidente en materia de integridad electoral.
Un fallo a favor de la administración Trump permitiría al gobierno federal aplicar plenamente la orden ejecutiva 14399 del presidente, con fecha del 31 de marzo, que buscaba endurecer las normas de votación por correo en 23 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia, que la impugnaron ante las cortes.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
La orden exige a las agencias federales que elaboren listas, estado por estado, de ciudadanos estadounidenses verificados que tengan edad para votar. También ordena al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) que inicie el proceso de creación de nuevas regulaciones gubernamentales sobre el manejo de las boletas de voto por correo y en ausencia, que publique las regulaciones propuestas para permitir comentarios públicos y, finalmente, que publique las regulaciones definitivas y vinculantes.
La orden prohíbe al servicio postal enviar boletas electorales por correo a cualquier persona que no figure en las listas de ciudadanos verificados. Asimismo, exige al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que implemente nuevos estándares de diseño de sobres y códigos de barras para el correo electoral.
El gobierno federal solicitó previamente a la corte suprema del país, el 27 de julio, que suspendiera la orden del 25 de junio de la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani, con sede en Massachusetts, que sostenía que partes de la orden excedían las facultades del presidente y bloqueaba su aplicación en las jurisdicciones que presentaron demandas al respecto.
Esa resolución se aplica únicamente a las jurisdicciones que interpusieron la demanda, entre las que se incluyen California, Massachusetts, Maryland, Arizona, Maine, Nuevo México, entre otras.
En concreto, la jueza bloqueó la Sección 2 de la orden ejecutiva, que ordena al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que elabore listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada estado, y la Sección 3, que ordena al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que proponga normas para las papeletas de voto por correo y de voto en ausencia que se utilizarán en las elecciones federales.
Según Talwani, la Sección 2 es un intento de "intimidar a los funcionarios electorales locales para que utilicen las listas, necesariamente incompletas, como recurso, so pena de enfrentarse a un proceso penal".
La jueza sostuvo que la Sección 3 no podía mantenerse porque "ninguna ley promulgada por el Congreso delega en el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) la autoridad para controlar el voto por correo". El servicio postal no tiene autoridad legal para establecer "ninguna normativa vinculante sobre el voto por correo".
El 25 de julio, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos confirmó la orden de Talwani, al considerar que permitir que la orden ejecutiva entrara en vigor antes de las elecciones que se celebrarán en septiembre y noviembre "sembraría confusión y amenazaría con privar del derecho al voto a muchos votantes elegibles".
El fallo supuso un revés para los esfuerzos de Trump por garantizar la integridad electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, mientras los republicanos intentan mantener estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso.
El 11 de agosto, Talwani emitió una nueva orden en un caso aparte conocido como Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts contra Trump. La demanda fue presentada por varios grupos activistas representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La orden judicial preliminar a nivel nacional impide que el servicio postal implemente la Sección 3 de la orden ejecutiva. A diferencia de su fallo del 25 de junio, la nueva orden impide que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplique las disposiciones de dicha sección con respecto a las próximas elecciones federales en todo el país.
Según Talwani, a lo largo de múltiples demandas pendientes en cortes de distrito, de apelaciones y en la Corte Suprema, el gobierno "se ha negado a defender la constitucionalidad" de las directivas de la orden ejecutiva.
Sin embargo, la corte "considera prudente revisarla [orden ejecutiva] ahora, cuando faltan menos de 90 días para las elecciones de mitad de mandato y los millones de ciudadanos que dependen del voto por correo necesitan claridad sobre cómo o si votarán en noviembre".
Talwani dijo que proteger el derecho al voto era más importante que permitir que el Poder Ejecutivo "se inserte de forma inconstitucional en el ámbito de la regulación electoral".
La orden ejecutiva 14399 "está causando confusión y amenaza con aumentar el caos y erosionar la confianza en nuestra democracia", y a menos de 90 días de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre, se necesitaba una orden judicial para impedir que el gobierno federal "cambiara las reglas electorales en vísperas de las elecciones".
En la nueva presentación complementaria en el caso Trump contra el Estado de California, el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, dijo que la corte suprema debe pronunciarse con prontitud sobre la solicitud del gobierno, que ya está pendiente.
Si los magistrados no actúan, "las órdenes erróneas de la corte de distrito agotarán efectivamente el plazo para que el gobierno pueda implementar la Sección 3 de la Orden Ejecutiva para las elecciones federales de noviembre, causando así un daño irreparable al gobierno federal, al público y a la integridad electoral".
Sauer señala que la orden de Talwani fue procesalmente prematura.
"Las cortes no pueden impedir la aplicación de una Orden Ejecutiva que simplemente instruye a las agencias a seguir una política propuesta de manera coherente con la ley, dejando sin resolver cuestiones importantes, a menos que dichas agencias tomen medidas concretas que perjudiquen a los demandantes".
En otras palabras, según el argumento de la administración Trump, dado que aún no existe una regulación definitiva, la parte contraria no puede haber sufrido un perjuicio que le dé legitimación para demandar.
No está claro cuándo emitirá la Corte Suprema un fallo en el caso Trump contra el Estado de California.
