Seis republicanos de Nevada, acusados de presentar un certificado que declaraba falsamente que el presidente Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales de 2020 en el estado, no se enfrentarán a juicio después de que una jueza desestimara el caso en su contra el 13 de agosto.
La jueza de Nevada, Mary Kay Holthus, falló a favor de los acusados, que eran el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, los vicepresidentes del Partido Republicano de Nevada, James DeGraffenreid y Durward Hindle, el presidente del Partido Republicano del condado de Clark, Jesse Law, y los funcionarios republicanos del condado de Douglas, Shawn Meehan y Eileen Rice.
El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, quien, como demócrata, desafiará al gobernador republicano Joe Lombardo en las elecciones de noviembre, presentó cargos de falsificación y de "ofrecer un documento falso para su presentación o registro" contra los seis, quienes se declararon inocentes.
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En diciembre de 2023, Trump sugirió que la acusación tenía motivaciones políticas y estaba vinculada a la administración Biden.
Trump ganó en Nevada por un amplio margen en 2016, pero perdió las elecciones en 2020.
Las elecciones de 2020, celebradas bajo las restricciones de la pandemia de COVID-19, se vieron empañadas por acusaciones de fraude electoral.
Tras las elecciones del 3 de noviembre de 2020, los seis electores republicanos se reunieron frente a la Legislatura de Nevada para firmar un certificado que otorgaba los seis votos electorales del estado a Trump. La ceremonia se transmitió en línea y la fiscalía utilizó la grabación como prueba en el caso.
Posteriormente se supo que Biden había ganado Nevada por más de 30,000 votos.
La demanda interpuesta contra los seis acusados de Nevada se centró en su intención al presentar el certificado.
Los acusados lo describieron como "teatro político"
Pero los acusados sostuvieron que firmar el certificado en línea fue un acto de "teatro político" diseñado para dar a conocer sus preocupaciones sobre un presunto fraude electoral.Afirmaron que no tenían intención de engañar a ningún organismo gubernamental, sino que estaban preservando su derecho a impugnar los resultados oficiales de las elecciones.
"El testimonio presentado ante el gran jurado estableció que los certificados presentados no fueron tratados como certificados electorales oficiales de Nevada y no fueron aceptados para su registro ni procesados por las agencias receptoras", escribió en su fallo.
Más bien, las pruebas demostraron que los documentos fueron reconocidos por lo que eran y devueltos porque no podían ser aceptados.
Partidarios de Donald Trump protestan contra las elecciones de Nevada frente al Departamento Electoral del Condado de Clark en North Las Vegas, Nevada, el 5 de noviembre de 2020. (Ronda Churchill/AFP vía Getty Images).La Corte considera además que la naturaleza pública y política de la conducta de los acusados es relevante para evaluar si las pruebas respaldan la inferencia de una intención fraudulenta.
"Los acusados explicaron reiteradamente el propósito de sus acciones durante la ceremonia televisada y en comunicaciones simultáneas".
Holthus dijo haber llegado a la conclusión de que el estado "no había presentado pruebas suficientes que demostraran los elementos esenciales de los delitos imputados".
El fiscal general de Nevada anunció que apelará
La oficina de Ford indicó que planea apelar el fallo de Holthus.El abogado defensor de McDonald, Richard Wright, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times, dijo que la orden de Holthus estaba "bien fundamentada".
"Este anuncio precipitado y prematuro de la intención de Ford de apelar huele a continuación de un proceso judicial con motivaciones políticas y condenado al fracaso legal", escribió Wright.
Acusó a Ford de querer continuar con el "acoso" y el "despilfarro de costosos recursos de la fiscalía".
La decisión de Nevada coincidió con el anuncio de la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, de cargos contra cinco personas no ciudadanas acusadas de votar en las elecciones generales de 2024, y contra una ciudadana estadounidense acusada de registrar a su cónyuge no ciudadano para votar.
Los cargos surgen de una revisión estatal de 38 casos sospechosos de votación por parte de no ciudadanos o conductas relacionadas, ocurridos entre 2009 y 2025.
Con información de The Associated Press.
