El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó el 20 de septiembre una legislación bipartidista destinada a reducir la edad de jubilación de los agentes del orden y los bomberos y a aumentar sus beneficios, argumentando que los cambios contemplados en el proyecto de ley resultarían demasiado costosos para los gobiernos estatales y locales.
El gobernador señaló que la medida revertiría las reformas introducidas por la Ley de Reforma de Pensiones de Empleados Públicos (PEPRA) de 2013 y "aumentaría significativamente los costos para los gobiernos estatales y locales".
Newsom también afirmó que los cambios ampliarían la brecha en los beneficios de jubilación entre el personal de seguridad pública y el resto de los empleados públicos, lo que propiciaría futuras modificaciones que expondrían al sistema de pensiones a mayores riesgos.
Los legisladores estatales aprobaron el Proyecto de Ley de la Asamblea 1383 el 30 de agosto mediante votaciones casi unánimes; solo dos miembros de la Asamblea se opusieron a la medida.
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La legislación fue aprobada en el Senado estatal por 33 votos a favor y ninguno en contra, y en la Asamblea por 69 votos a favor y dos en contra.
El proyecto de ley habría reducido la edad de jubilación de los trabajadores de seguridad pública de 57 a 55 años y habría permitido aumentar las tasas máximas de acumulación del 2.7 por ciento al 3 por ciento por año de servicio.
Asimismo, se elevaron los límites salariales utilizados para calcular las prestaciones de jubilación a fin de equipararlos con los topes federales más altos, y se permitió a los sindicatos y a los gobiernos locales renegociar los requisitos de contribución de los empleados.
La Asociación de Condados del Estado de California, la Liga de Ciudades de California, la Asociación de Distritos Especiales de California, la organización Representantes de Condados Rurales de California y la agrupación Condados Urbanos de California emitieron una declaración conjunta el 20 de septiembre agradeciendo al gobernador por el veto.
"En un momento de gran incertidumbre fiscal y creciente demanda de servicios, es más importante que nunca que los líderes estatales ayuden a controlar los costos", señalaron los grupos en el comunicado.
La legislación habría supuesto miles de millones en nuevos costos y obligaciones financieras en todo el estado durante las próximas décadas, añadió el grupo.
La Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco se mostró "profundamente decepcionada" por el rechazo de Newsom a la legislación, según declaró la organización el 21 de septiembre.
Agentes de policía, bomberos, organizaciones laborales y funcionarios electos de toda California se unieron para apoyar la propuesta, la cual, según afirmaron, modernizaba los beneficios de jubilación del personal de seguridad pública y reforzaba la contratación y retención de efectivos.
Patrullas policiales frente al Palacio de Justicia de San Francisco el 27 de febrero de 2014. (Justin Sullivan/Getty Images)."El gobernador Newsom tuvo la oportunidad de apoyar a los hombres y mujeres que protegen a las comunidades de California", declaró la asociación. "A pesar del abrumador apoyo bipartidista, rechazó esta importante legislación".
La Asociación de Investigación de Agentes del Orden de California (PORAC, por sus siglas en inglés) también calificó de decepcionante la decisión de Newsom y se comprometió a seguir luchando por una reforma.
"Los agentes del orden de California merecen políticas de jubilación que reflejen la realidad de su servicio", publicó PORAC en las redes sociales.
El California Policy Center, una organización sin fines de lucro centrada en la educación, estimó que los cambios propuestos en el proyecto de ley generarían 338 millones de dólares o más en nuevos costos anuales para los gobiernos locales y los distritos escolares, así como un aumento de 3600 millones de dólares o más en los pasivos del estado.
Mariana Trujillo, directora ejecutiva de la Reason Foundation, estimó que el costo del proyecto de ley podría ascender a 15,000 millones de dólares en beneficios de pensiones adicionales.
"Los sindicatos de seguridad pública no quieren admitir abiertamente que desean que los contribuyentes financien beneficios más generosos para sus miembros mejor remunerados; por ello, argumentan que estos aumentos en los beneficios de jubilación son necesarios para afrontar los desafíos de contratación y retención de personal", escribió Trujillo en un comunicado sobre el proyecto de ley.
