Un exempleado de TD Bank se declaró culpable de haber blanqueado más de 4.8 millones de dólares hacia Colombia, operando para el crimen organizado mientras laboraba en la institución.
Gerardo Aquino, de 40 años y residente de Hollywood, Florida, además del blanqueo de capitales, aceptó sobornos y, aprovechando su cargo en el banco, realizó operaciones fraudulentas, según informó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) el 6 de octubre.
El documento señala que Aquino se declaró culpable de dos cargos: conspirar para lavar instrumentos monetarios y recibir sobornos por parte de un empleado bancario.
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Desde abril de 2022 hasta noviembre de 2023, Aquino abrió cuentas fraudulentas, emitió cientos de tarjetas de débito a coconspiradores y desbloqueó tarjetas de débito que TD Bank había restringido debido a un posible fraude, detalla el documento.
Dichas cuentas bancarias y tarjetas de débito fueron utilizadas para canalizar cerca de 4.8 millones de dólares fuera de Estados Unidos.
Como parte de este esquema, el exempleado de TD Bank abrió 86 cuentas de clientes individuales utilizando exactamente la misma dirección comercial en Miami, las cuales fueron utilizadas para blanquear más de 3 millones de dólares en fondos ilícitos hacia Colombia.
El documento señala que Aquino recibió más de 8000 dólares como recompensa por llevar a cabo dichos servicios, y detalla que el pago se hizo en efectivo y a través de una plataforma digital de transferencias entre personas.
Sobre los cargos de Aquino, el comunicado revela que por el lavado de dinero se le podría dictar una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que el cargo de soborno podría alcanzar una pena máxima de 30 años de prisión. La sentencia de Aquino ha sido programada para el 23 de marzo de 2027.
“Gerardo Aquino abusó de su posición de confianza en TD Bank y se enriqueció en el proceso. Los empleados bancarios que facilitan el lavado de dinero y actividades ilegales para organizaciones criminales desempeñan un papel fundamental para dichas organizaciones y abusan de nuestro sistema financiero. Cuando eso ocurre, estos empleados serán investigados y procesados”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia, según el comunicado.
Por su parte, el jefe adjunto de Operaciones Greg Millard, de la Administración de Control de Drogas (DEA), dijo que la declaración de culpabilidad de Aquino “demuestra que los informantes financieros corruptos son tan fundamentales para las redes criminales como aquellos que trasladan drogas o incitan a la violencia”.
En otro caso similar sobre intermediarios financieros ligados al crimen organizado en Latinoamérica, las autoridades estadounidenses arrestaron a Juan Romo-Padilla, de 58 años, propietario de un restaurante y negocio de remesas en Detroit, por lavar más de 140 millones de dólares hacia México.
De acuerdo con un comunicado de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de inicios de septiembre, entre 2022 y 2026 el acusado realizó más de 100,000 transferencias electrónicas cuyos destinos principales fueron estados mexicanos vinculados a las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, tres organizaciones criminales designadas como terroristas en 2025 por Estados Unidos.
La caída del empresario derivó de una investigación de la DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) iniciada en septiembre de 2024, en la cual un agente encubierto se hizo pasar por un distribuidor local de narcóticos.
Durante el operativo, Romo-Padilla le ayudó a blanquear más de 80,000 dólares en supuestas ganancias ilícitas, fraccionando el capital en montos menores y utilizando nombres de remitentes ficticios para evadir las alertas bancarias.
Tras su captura el 3 de septiembre en una operación coordinada por el Grupo de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), el acusado enfrenta múltiples cargos federales de lavado de dinero internacional que podrían costarle hasta 20 años de prisión por cada delito.
Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, le ha declarado la guerra al crimen organizado atacando sus diferentes frentes, entre ellos el bloqueo y persecución de sus redes financieras e infraestructura de lavado de dinero.
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