Mientras que abril cerró con una acusación contra 10 funcionarios mexicanos por un fiscal de Nueva York, entre los que destaca Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche anticipa que habrá más acusaciones contra funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico.
“Anunciamos la semana pasada que se ha presentado una acusación formal contra un gobernador allá en México, por parte del Distrito Sur de Nueva York. Creo que eso es algo que hemos hecho en el pasado, pero ciertamente vamos a seguir haciéndolo”, declaró el fiscal durante una entrevista con News Nation publicada el 6 de mayo.
Tras su declaración, fue cuestionado directamente si veríamos en el futuro más acusaciones formales a lo que respondió rotundamente “Seguro, sí”. Agregó que Estados Unidos ya ha acusado a múltiples funcionarios gubernamentales de México y “eso es algo que continuará”.
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“Una consecuencia de que muchos de los líderes de algunos de estos cárteles hayan sido traídos aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el gobierno mexicano, es que es probable que algunos de ellos quieran cooperar, y esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”, subrayó el fiscal.
A pesar de las acusaciones formales contra los diez funcionarios mexicanos, todos pertenecientes al partido oficialista, Blanche destacó que Estados Unidos actualmente tiene una “muy buena” relación con el gobierno de Sheinbaum.
“Creo que ellos reconocen la importancia de su relación con nosotros y también que esa relación ahora depende de la cooperación y el apoyo en el ámbito de la inmigración, el combate al narcotráfico y cosas por el estilo. Por lo tanto, no quiero sugerir que nuestra relación sea mala. Al contrario, tenemos una relación muy positiva con gran parte del gobierno de México en este momento”, explicó el funcionario.
Durante la conferencia de prensa matutina de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante las declaraciones del fiscal diciendo “Pruebas (...) Envíen pruebas. Porque el tratado de extradición o de confianza mutua de colaboración tiene que ver con que se envíen pruebas”.
La mandataria reiteró que su gobierno no protege a nadie, pero insistió que para detener a alguien “tiene que cumplirse con la ley mexicana”.
Sheinbaum dijo que también están esperando que Estados Unidos coopere con su gobierno. Detalló que se le ha requerido la extradición de cuatro personas vinculadas con el caso del “huachicol” y dos con el caso de Ayotzinapa, no obstante, el gobierno de Trump “no ha enviado a nadie”.
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El 29 de abril, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien tras las acusaciones solicitó una licencia que fue aprobada por el Congreso; en su lugar, el legislativo designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina.
Junto al gobernador, la acusación incluye a funcionarios como el senador de Morena Enrique Inzunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien esta semana también pidió licencia de su cargo para "atender cualquier requerimiento".
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson abordó el mes pasado, el tema de las acciones contra funcionarios relacionados con la corrupción durante el acto protocolario de inicio de la construcción de una planta de metanol en Sinaloa.
Explicó que en el marco del T-MEC ambos gobiernos buscan tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos.
“Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”, anticipó en aquel momento el funcionario.
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