Un segundo juez federal impidió que la administración Trump imponga una tarifa de 100,000 dólares a las visas H-1B, las cuales permiten a las empresas estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros altamente cualificados.
El juez de distrito Haywood Gilliam, con sede en Oakland California, determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado no siguieron los procedimientos federales reglamentarios adecuados antes de la entrada en vigor de dicha tarifa.
En una resolución de 35 páginas emitida el 30 de septiembre, Gilliam bloqueó la implementación de la tarifa —ordenada por el presidente Donald Trump mediante una proclamación presidencial del 9 de septiembre de 2025— por parte de las citadas agencias. El juez dictaminó que la medida cautelar permanecerá vigente hasta que se cumpla el proceso reglamentario federal, lo que incluye la presentación de una propuesta formal de modificación de la norma y el plazo habitual de 30 a 60 días para recibir comentarios del público.
En la demanda inicial, los demandantes —una coalición de sindicatos, empleadores y organizaciones sin fines de lucro— solicitaron a la corte que impidiera a la administración imponer la nueva tarifa y que exigiera a las agencias federales tramitar las visas H-1B de conformidad con la legislación vigente.
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Argumentaron en la demanda que Trump carece de autoridad para imponer unilateralmente tarifas, impuestos u otros mecanismos destinados a generar ingresos para Estados Unidos.
"En este caso, el presidente hizo caso omiso de dichas limitaciones, se atribuyó facultades que no posee y desplazó un sistema complejo, establecido por el Congreso, para evaluar solicitudes y conceder visas H-1B", señalaba la demanda.
Los demandantes, entre ellos Global Nurse Force y la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, alegaron que la administración Trump no evaluó cómo afectarían dichas tarifas a los hospitales, escuelas, iglesias y universidades que dependen del programa H-1B.
"Sin una solución, los hospitales perderán personal médico, las iglesias perderán pastores, las aulas perderán maestros y las industrias de todo el país corren el riesgo de perder a innovadores clave", declaró la Democracy Forward Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a litigios y defensa de derechos que representa a los demandantes.
El grupo aplaudió el fallo.
"La decisión de hoy... protege un sistema que se vio sumido en el caos de la noche a la mañana", declaró el abogado Steve Bressler.
El programa ofrece 65,000 visas anuales, además de otras 20,000 para trabajadores con títulos de posgrado, con una vigencia aprobada de tres a seis años.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En declaraciones anteriores, la administración ha defendido la legalidad de las reformas de su programa.
Según una hoja informativa de la Casa Blanca, la proclamación tenía como objetivo abordar el uso indebido del programa H-1B, el cual, según Trump, había sido explotado por empresas para reemplazar a trabajadores estadounidenses "con mano de obra peor remunerada y menos cualificada".
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el requisito de la tarifa es legal y que busca "disuadir a las empresas de saturar el sistema y de presionar a la baja los salarios estadounidenses, al tiempo que ofrece certeza a los empleadores que necesitan traer el mejor talento del extranjero".
En junio, un juez federal de Boston también bloqueó temporalmente la tarifa. En julio, la corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. se negó a suspender dicho fallo.
La Cámara de Comercio de EE. UU. también ha presentado una demanda para impugnar la tarifa. Un juez de distrito desestimó sus argumentos de que Trump carecía de autoridad constitucional para establecerla, y la Cámara de Comercio busca ahora que un tribunal de apelaciones revise esa decisión.
Con información de Aldgra Fredley y Reuters.
