El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a su homólogo mexicano el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, acelerar acciones decisivas para desmantelar a los cárteles de la droga durante una llamada entre ambos funcionarios.
El Departamento de Estado informó el 8 de junio en un comunicado que el secretario Rubio sostuvo una llamada con Velasco para abordar la cooperación en prioridades comunes. Entre las que destacó "la colaboración para frenar el flujo de inmigrantes ilegales entre ambos países, la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y la importancia de acelerar medidas decisivas para desmantelar los cárteles".
Por su parte, Velasco reveló este 9 de junio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que la llamada con Rubio duró cerca de media hora, y la comunicación se dio en un ambiente muy cordial y respetuoso. El canciller dijo que él y su homólogo estadounidense abordaron 3 temas: seguridad, migración y comercio.
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Sobre el tema de seguridad, Velasco dijo que hablaron de que ambos países cooperen en materia de seguridad bajo los principios acordados con Rubio el pasado 3 de septiembre durante su visita a México.
En ese entonces, el excanciller Juan Ramón de la Fuente acordó trabajar con el alto diplomático estadounidense con base a los siguiente cuatro principios: "respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación".
Además, Velasco expuso que existen resultados respecto a la seguridad, y puso como ejemplo la disminución en 76 % de las incautaciones de fentanilo en la frontera entre el inicio de la administración de Sheinbaum y el último mes del que se tiene registro.
También anunció que habrá una reunión esta semana entre las dependencias de seguridad de México con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
"La reunión será aquí en la Ciudad de México y hablaremos sobre distintos temas, todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, cooperación contra el crimen organizado transnacional y combate a las finanzas ilícitas", continuó Velasco.
Sobre el segundo tema, Velasco dijo que se han dado resultados importantes en materia de migración irregular, pero no profundizó sobre este punto.
"Es un tema en el que seguiremos trabajando, siempre con respeto a los derechos humanos y, además, nosotros seguiremos abogando por los derechos humanos de los mexicanos", dijo.
En cuanto al tercer punto de la llamada, Velasco explicó que habló con Rubio sobre la importancia de que la revisión del tratado de libre comercio llegue a buen puerto. Y anunció que más adelante ambos funcionarios buscarán tener una reunión presencial.
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El 8 de junio, el embajador Johnson reaccionó a la llamada en un posteo de X.
Dijo que es sentido común que ambos países cooperen en materia de "seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas".
"Somos vecinos y socios. Cuando una de nuestras naciones se ve amenazada, la otra siente el impacto. Cuando una prospera, prosperamos juntos", dijo el embajador.
La llamada entre ambos funcionarios ocurrió una semana después de que Johnson y la presidenta Sheinbaum tuvieron un ríspido intercambio de declaraciones.
El 1 de junio, Johnson escribió en redes sociales que "la lucha entre los cárteles debe unirnos, no dividirnos". Esto ocurrió en respuesta al discurso de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución en el que aseguró que existe una campaña de "sectores de ultraderecha estadounidense" en contra de su gobierno.
La presidenta respondió al embajador estadounidense: "Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y respete los asuntos internos del país", durante su conferencia de prensa del 2 de junio.
"Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países", agregó Sheinbaum.
La tensión bilateral se intensificó a raíz de dos situaciones: El primero fue a raíz de la muerte de dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua. Y en segundo lugar, tras la imputación de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos de Sinaloa acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, designado por EE. UU. como organización terrorista extranjera. Entre los funcionarios acusados destaca el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador en funciones, Enrique Inzunza.
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