Senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley bipartidista que busca reforzar las acciones contra el robo y contrabando de combustible atribuido a cárteles mexicanos, una actividad que, según los legisladores, financia operaciones de narcotráfico, tráfico de personas y otras actividades criminales vinculadas con organizaciones transnacionales.
La iniciativa, denominada "Ley para Detener el Financiamiento de la Violencia de los Cárteles", fue presentada por los senadores John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada. El proyecto fue remitido al Comité de Servicios Armados del Senado el 14 de mayo de 2026.
De acuerdo con los promotores de la medida, el objetivo es obligar al Departamento de Defensa de Estados Unidos a entregar un informe al Congreso sobre las actividades dirigidas a combatir el contrabando de productos de hidrocarburos y las operaciones de organizaciones criminales transnacionales involucradas en ese mercado ilícito.
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"Los cárteles y otros grupos criminales en México desarrollan métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos de hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y usar las ganancias para financiar el tráfico de drogas y de personas que infiltra nuestras comunidades y mata a estadounidenses inocentes todos los días", afirmó Cornyn al anunciar la propuesta.
El senador estadounidense John Cornyn (republicano por Texas) habla con un periodista en el Capitolio el 23 de marzo de 2026 en Washington, DC. (Foto de Heather Diehl/Getty Images)El senador agregó que la legislación exigiría al Secretario de Defensa presentar recomendaciones para contrarrestar esas operaciones ilícitas, con el fin de "proteger a nuestros ciudadanos y resguardar la seguridad nacional de EE. UU.".
La senadora Rosen señaló que el robo de combustible se convirtió en "la fuente más importante de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles", lo que, dijo, les permite sostener operaciones ilegales a ambos lados de la frontera.
"Me enorgullece ayudar a presentar este proyecto de ley bipartidista para limitar la capacidad de los cárteles de lucrar con combustible y petróleo crudo robados", declaró.
La senadora Jacky Rosen (demócrata por Nevada), interviene durante una audiencia sobre las capacidades cibernéticas de la Inteligencia Artificial en el Capitolio, el 25 de marzo de 2025 en Washington, DC. (Foto de Al Drago/Getty Images)El texto del proyecto sostiene que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste desarrollaron operaciones para robar petróleo crudo, gasolina y otros derivados de Pemex mediante perforaciones clandestinas en ductos, saqueos a refinerías, secuestro de camiones cisterna y redes de empresas fachada para lavar ganancias ilícitas.
La iniciativa cita datos según los cuales Pemex, la empresa estatal de petróleo de México, estimó el robo de aproximadamente 987,000,000 litros de combustible durante 2024, una cifra casi 3 veces superior a la reportada en 2019.
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El proyecto también retoma evaluaciones del Departamento del Tesoro estadounidense, que identifican el robo de combustible como la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos.
Según el documento, las autoridades estadounidenses detectaron esquemas de contrabando en los que cargamentos de petróleo crudo robado cruzaban la frontera hacia Estados Unidos etiquetados falsamente como "aceite residual" o materiales peligrosos, con destino a importadores cómplices en Texas.
La propuesta legislativa establece que, en un plazo máximo de 180 días después de su eventual promulgación, el Secretario de Defensa deberá entregar un informe detallando las actividades realizadas para "negar, interrumpir o degradar" las operaciones de organizaciones criminales vinculadas al robo y tráfico ilícito de hidrocarburos.
Además, el informe deberá incluir recomendaciones sobre intercambio de información con agencias civiles estadounidenses, fortalecimiento de capacidades con países aliados y evaluaciones sobre redes de crimen organizado relacionadas con el contrabando de combustible.
El proyecto de ley sostiene que el tráfico ilícito de petróleo crudo, gasolina y diésel representa "una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos" y plantea que Washington debe tratar ese mercado ilegal como un componente prioritario dentro de su estrategia contra el crimen organizado transnacional.
La presentación del proyecto de ley ocurre en medio de la tensión bilateral por el combate al narcotráfico. El 29 de abril, el Departamento de Justicia informó que presentó cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de alto perfil mexicanos por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Además, este 12 de mayo autoridades estadounidenses lanzaron nuevas advertencias públicas sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y actores políticos en México, en medio de la estrategia de seguridad promovida tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.
Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, sostuvo que las investigaciones y señalamientos recientes contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa representan "apenas el comienzo de lo que viene para México".
El funcionario afirmó que, según las acusaciones impulsadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, existe una larga historia de colaboración entre organizaciones criminales y altos funcionarios mexicanos.
Las declaraciones ocurrieron mientras Washington y Ciudad de México mantienen coordinación en temas de seguridad. Aun así, el gobierno estadounidense ha reiterado su presión para que México intensifique las acciones contra el crimen organizado.
En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el 6 de mayo que su administración actuará directamente contra el tráfico de drogas si las autoridades mexicanas no fortalecen sus operaciones.
El mandatario también anticipó posibles críticas desde México y otros sectores, pero afirmó que Washington actuará si considera que las autoridades mexicanas no hacen lo suficiente para enfrentar a los cárteles.
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