El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) declaró el 4 de agosto que la reciente promesa del fiscal general interino Todd Blanche de hacer que la decisión del caso Dobbs sea "permanente en todos los estados" ha sido malinterpretada por sus críticos como un llamado a un mayor control federal sobre las políticas estatales de aborto.
Blanche afirmó en una conferencia telefónica privada con líderes religiosos que la administración Trump trabaja para implementar políticas que impidan que medicamentos abortivos por correo, como la mifepristona, lleguen a los estados que los prohíben.
La Corte Suprema, en su fallo de 2022 en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer Jackson, otorgó facultades a los estados para regular el aborto, facultad que les había sido retirada en el caso Roe contra Wade (1973).
Desde el caso Dobbs, el número de abortos en todo el país continúa en aumento, para consternación de los grupos provida. Al mismo tiempo, las llamadas leyes de protección en estados que defienden el derecho al aborto, que eximen a los profesionales médicos de ser procesados, han permitido que mujeres en estados con poco o ningún acceso a clínicas de aborto locales tengan acceso al aborto con medicamentos.
Las declaraciones de Blanche se produjeron a través de una llamada la semana pasada que la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca mantuvo con el grupo cristiano Intercesores por América. El grupo publicó una grabación de la llamada en YouTube, pero la eliminó a última hora de la tarde del 4 de agosto después de que los medios de comunicación informaran sobre ella.
En el video, Blanche dijo: "Estamos trabajando codo a codo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Casa Blanca y el equipo del presidente [Donald] Trump para encontrar soluciones permanentes para que… la decisión Dobbs se convierta en permanente en todos y cada uno de los estados".
Continuó: "Estamos implementando prácticas y políticas para que otros estados y otras organizaciones no puedan atacarnos, ni hacer cosas como las que hacen con… la venta de medicamentos por correo y cosas por el estilo".
"Aún no hemos logrado la victoria completa, pero la lograremos, y será pronto, y permanente", dijo Blanche, en extractos de la grabación que la senadora Catherine Cortez Masto (D-Nev) compartió en X.
Cortez Masto afirmó que Blanche, nominado por el presidente para fiscal general, "está atacando el derecho a decidir en todos y cada uno de los estados. Esto es indignante: está decidido a atentar contra las libertades fundamentales de las mujeres incluso en estados que defienden el derecho al aborto, como Nevada".
La senadora Tina Smith (D- Minn) declaró en una publicación de X que Blanche dejó claro "en estas llamadas secretas con activistas antiaborto que quiere resucitar la Ley Comstock —una ley anti-vicio anticuada de antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto— para prohibir el envío de medicamentos abortivos por correo".
La Ley Comstock federal, una ley anti-obscenidad de 1873 que rara vez se utiliza, prohíbe el uso del correo para enviar cualquier medicamento destinado a provocar un aborto. La ley también tipifica como delito grave el uso de cualquier empresa de mensajería u otro transportista público o servicio informático interactivo para enviar cualquier medicamento diseñado, adaptado o destinado a provocar un aborto. "Es probable que los republicanos hagan lo que siempre hacen y confirmen a Blanche como Fiscal General a pesar de todo esto, y una vez más, las mujeres de todo Estados Unidos pagarán las consecuencias", añadió Smith.
Un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que las declaraciones de Blanche se habían sacado de contexto.
"Estos comentarios se han malinterpretado y deben entenderse en su contexto completo, que se refería a los medicamentos abortivos por correo, no a una mayor expansión del control federal sobre los estados", declaró el funcionario a The Epoch Times.
Durante sus audiencias de confirmación en el Senado, el 15 y 16 de julio, Blanche afirmó que el Departamento de Justicia de Trump "no defiende en absoluto" la flexibilización de las normas vigentes sobre la píldora abortiva, promulgadas durante la administración del presidente Joe Biden.
Bajo la administración Trump, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está revisando la decisión de la administración Biden de 2023 de eliminar el requisito de una consulta médica presencial antes de dispensar la píldora abortiva. La segunda administración Trump no ha modificado esta política.
El acceso a medicamentos por correo sigue siendo legal según las normas federales vigentes, las cuales están siendo impugnadas en las cortes.
Un aborto con medicamentos generalmente implica el uso de mifepristona, que bloquea la hormona progesterona, y misoprostol, que induce contracciones.
Funcionarios de la administración Trump han declarado que las decisiones sobre el aborto deben recaer en los estados.
La FDA, bajo la administración Trump, aprobó versiones genéricas de mifepristona en 2019 y 2025.
En su audiencia de confirmación, Blanche declaró que, como fiscal general, ordenaría a la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC) que revisara la interpretación de la Ley Comstock durante la administración Biden.
Bajo la administración Biden, la OLC emitió una opinión que establecía que la ley no prohíbe el envío por correo de medicamentos abortivos a menos que el remitente tenga la intención de utilizarlos ilegalmente.
La OLC brinda asesoría legal al presidente y al poder ejecutivo. Sus opiniones se consideran vinculantes dentro del poder ejecutivo.
Si bien Blanche ha manifestado su intención de restringir el envío por correo de medicamentos abortivos, no se emite aún ninguna nueva política federal, y las normas vigentes de la FDA que permiten la telemedicina y la dispensación por correo siguen en vigor.
Mientras tanto, también el 4 de agosto, el Comité Judicial del Senado votó 12-10, siguiendo las líneas partidistas, para que la nominación de Blanche pasara al pleno del Senado.
