El gobierno federal debe dejar de transmitir listas de personas que, según los funcionarios, son ciudadanos extranjeros —confirmados o presuntos— registrados para votar, dictaminó una juez estadounidense el 2 de noviembre.
La divulgación masiva de estas listas a los estados probablemente infringe la Ley de Privacidad (Privacy Act), la cual prohíbe revelar información personal identificable, a menos que se cumpla alguna de las excepciones previstas, señaló la juez de distrito Tanya Chutkan, del Distrito de Columbia, en un fallo de 30 páginas.
La excepción relativa a la aplicación de la ley, por ejemplo, no es aplicable, ya que requiere que el titular de una agencia solicite los registros, y el gobierno no ha presentado ninguna solicitud de este tipo, indicó Chutkan.
Asimismo, los funcionarios nunca publicaron una "notificación de sistemas de registros" (SORN, por sus siglas en inglés), un requisito que la ley exige para las nuevas bases de datos.
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"Esto constituye una violación de los requisitos procedimentales de la Ley de Privacidad", escribió Chutkan. "Como señaló otra corte de este distrito, resulta totalmente incompatible con el texto, la estructura y el propósito de la Ley de Privacidad que una agencia ponga en marcha un nuevo programa de intercambio de datos a gran escala —que afecta a información sensible de millones de estadounidenses— sin publicar una SORN que contemple los usos habituales previstos para dicha información".
La juez concluyó además que ninguna ley autoriza la política gubernamental de recopilar listas de votantes registrados y transmitirlas a los estados.
Por el momento, ella prohibió a los funcionarios divulgar a los estados y condados las listas de personas —ya sean votantes registrados o posibles votantes— que no son ciudadanas estadounidenses.
Los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas a primera hora de la mañana antes del momento de la publicación.
La decisión se produjo el mismo día en que la corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. señaló que el gobierno puede presionar a los estados para que separen las papeletas electorales de personas sospechosas de no ser ciudadanas, y amenazar a los funcionarios electorales con acciones penales si permiten que dichas personas voten. La corte de apelaciones, en su composición completa, anuló rápidamente esa orden y determinó que el caso será revisado nuevamente por el pleno de la corte.
Las autoridades han estado enviando estas listas a los estados y condados, exigiendo que tomen medidas para verificar si los individuos en cuestión son ciudadanos de los Estados Unidos. Si no lo son, tienen prohibido registrarse para votar o emitir su voto en elecciones federales.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron ante la juez Chutkan, mediante un escrito, que la operación para identificar a votantes que no son ciudadanos no constituye una "acción administrativa definitiva" sujeta a revisión judicial. Asimismo, sostuvieron que los grupos que presentaron la demanda carecen de legitimación activa, ya que no han sufrido ningún perjuicio. Además, afirmaron que el proyecto está respaldado, en parte, por una ley que establece que el gobierno "posee una facultad amplia e incuestionable en materia de inmigración y sobre la situación jurídica de los extranjeros".
También señalaron que la Ley de Privacidad (Privacy Act) solo permite que los individuos —y no las organizaciones— presenten demandas para solicitar una reparación.
La juez Chutkan indicó que es probable que los demandantes —entre ellos, la Liga de Mujeres Votantes (League of Women Voters)— tengan éxito en su argumento de que la política de transmisión de datos constituye una "acción definitiva", dado que de ella se derivan consecuencias jurídicas; por ejemplo, demandas interpuestas por el gobierno federal contra funcionarios estatales por la forma en que estos respondieron tras recibir dichas listas.
La juez concluyó que la Liga cuenta con legitimación activa, ya que la política en cuestión obstaculizó su capacidad para registrar votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato. Asimismo, señaló que la ley de inmigración citada por la parte demandada no les otorga la facultad de transmitir estas listas. Por último, indicó que otras cortes ya han analizado —y rechazado— la postura de que solo los individuos pueden presentar demandas por violaciones a la Ley de Privacidad.
