El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la Universidad Estatal de Pensilvania, alegando que la institución está violando la ley federal al ofrecer matrículas reducidas a inmigrantes indocumentados y no conceder la misma tarifa reducida a los ciudadanos estadounidenses.
La ley federal establece que "un extranjero que no se encuentre legalmente presente en Estados Unidos no podrá optar, por razón de residencia en un Estado (o una subdivisión política), a ningún beneficio de educación superior, a menos que un ciudadano o nacional de Estados Unidos sea elegible para dicho beneficio (en no menor cantidad, duración y alcance), independientemente de si el ciudadano o nacional reside en dicho Estado".
Penn State está violando esa ley porque tiene una política que otorga a los inmigrantes ilegales la matrícula estatal mientras que no permite que los ciudadanos estadounidenses de otros estados accedan a la misma tarifa, según indica la denuncia de 14 páginas del Departamento de Justicia, presentada ante una corte federal en Pensilvania.
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Las cortes federales han declarado inconstitucionales políticas similares, incluso en Kansas e Illinois, según señala la demanda.
La demanda solicitó a la corte que declare que la política de Penn State sobre inmigrantes ilegales violaba la Constitución de Estados Unidos y que impidiera de forma permanente que la universidad aplicara esa política y cualquier otra similar posterior.
"El Departamento de Justicia continúa hoy sus esfuerzos para garantizar que ninguna ley estatal ni política universitaria otorgue un trato preferencial a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos de nuestra nación", dijo el Fiscal General Adjunto Stanley E. Woodward Jr. en un comunicado.
"El Congreso dejó claro hace mucho tiempo que los estados, a través de sus universidades públicas, no pueden ofrecer matrículas reducidas a los inmigrantes indocumentados que no estén disponibles para todos los estadounidenses".
El fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del departamento, añadió: "El Congreso tomó la decisión política deliberada de que los estados y sus instituciones públicas no pueden otorgar beneficios de matrícula a inmigrantes indocumentados a menos que esos mismos beneficios se otorguen a todos los ciudadanos estadounidenses. Esta universidad ha ignorado ese mandato. El Departamento continuará impugnando las políticas que perjudican ilegalmente a los ciudadanos estadounidenses".
Un portavoz de Penn State dijo a The Epoch Times por correo electrónico que la universidad está al tanto de la queja y la está revisando.
Esta nueva demanda es la número 27 que el departamento ha presentado para impugnar la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados. Algunas cortes han fallado a favor del departamento.
Por ejemplo, en julio, un juez estadounidense dictaminó que la ley de Illinois que otorgaba matrícula estatal a los inmigrantes indocumentados era inconstitucional.
La ley citada por los funcionarios estadounidenses, que establece que un beneficio disponible para los inmigrantes indocumentados debe ser accesible para los ciudadanos estadounidenses, "exige que el mismo beneficio se extienda a los ciudadanos independientemente de su estado de residencia", escribió el juez de distrito estadounidense David Dugan.
"En pocas palabras, los ciudadanos o nacionales estadounidenses no deben recibir un trato peor que el de los inmigrantes indocumentados".
Una corte de apelaciones dictaminó casi al mismo tiempo que Texas no podía ofrecer la tarifa de matrícula estatal a los inmigrantes indocumentados.
La ley federal en cuestión prohíbe a los estados otorgar beneficios de educación postsecundaria a cualquier inmigrante ilegal en función de su lugar de residencia, a menos que el mismo beneficio esté disponible para todos los ciudadanos y nacionales estadounidenses, independientemente de su lugar de residencia, escribió el juez del circuito estadounidense Jerry Smith .
Otras cortes se han puesto del lado de los estados.
Eso incluye a la jueza de distrito estadounidense Katherine Menendez, quien en marzo dijo que las leyes de Minnesota no eran discriminatorias porque los estudiantes podían calificar para la matrícula estatal en las universidades de Minnesota a través de múltiples vías, como asistir a una escuela secundaria en Minnesota, incluso si no residen en el estado.
