La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este 27 de octubre restablecer una regulación migratoria de la administración Biden. Con esta decisión, los jueces de inmigración no podrán cerrar ni suspender indefinidamente los procedimientos de deportación.
La Corte Suprema permitió que un acuerdo de inmigración entre Texas y el Departamento de Justicia (DOJ) se mantenga vigente, rechazando una solicitud de tres ciudades y una organización sin fines de lucro para bloquearlo.
El juez Samuel Alito remitió la apelación al pleno de la Corte Suprema, que la denegó, según informó la corte el martes. No se incluyeron las opiniones de los magistrados sobre el asunto.
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La ciudad de Baltimore y los demás solicitantes habían pedido a la Corte Suprema que bloqueara una orden de un juez de distrito de Estados Unidos en Texas que declaraba ilegal una normativa promulgada durante la administración Biden.
Dicha norma permitía a los jueces de inmigración cerrar o suspender indefinidamente la tramitación de casos de deportación si ello resultaba eficiente o protegía los derechos procesales del solicitante.
La orden se emitió tras una serie de acontecimientos relacionados con la norma. Primero, el Departamento de Justicia señaló que no la defendería ante impugnaciones legales. Luego, Texas presentó una demanda contra la norma.
El gobierno federal, aparentemente la parte contraria en el caso, solicitó al juez, mediante una moción conjunta con Texas, que fallara a favor de Texas. El juez falló a favor de Texas, emitiendo una orden judicial permanente contra la norma. Posteriormente, el juez denegó los intentos de los solicitantes de intervenir el caso.
Los demandantes sostienen que el juez federal cometió un error, en parte, al emitir su orden a nivel nacional y permitir la elusión de una ley que exige notificar y aceptar comentarios antes de revocar ciertas regulaciones.
Señalaron que se les debería haber permitido intervenir en el caso, ya que se ven perjudicados por la retirada, incluyendo la pérdida de ingresos fiscales por la deportación de contribuyentes.
Además, expresaron su preocupación por la "colusión que vició esta demanda", refiriéndose a la presunta alianza entre Texas y el gobierno federal en contra de la política de la era Biden.
También le dijeron a la Corte Suprema que la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los jueces de inmigración a cerrar casos administrativamente, contrariamente a la conclusión del juez de que ninguna ley autoriza tales cierres.
Los demandantes solicitaron la suspensión de la orden hasta que una corte de apelaciones que está conociendo el caso se pronuncie al respecto. Dicha corte de apelaciones denegó en septiembre la solicitud de suspensión en espera del resultado de la apelación.
Aunque las ciudades sostienen que el fallo llevará a que los jueces de inmigración reabran casos cerrados, no han presentado ningún caso cerrado que haya sido reactivado, según informó el Departamento de Justicia a los magistrados en un escrito de respuesta. El Departamento de Justicia indicó que el acuerdo solo se aplica al cierre de casos nuevos.
En un escrito presentado por separado, Texas pidió que los magistrados deberían denegar la solicitud porque los solicitantes no demostraron que sufrían un daño irreparable si no se concedía la suspensión.
"Por el contrario, una suspensión reviviría una norma que la corte de distrito declaró ilegal, reavivaría los perjuicios fiscales y soberanos que Texas alegó y desestabilizaría una sentencia firme aceptada por las partes involucradas", dijeron los abogados de Texas.
"Además, restablecería una regulación vinculante que el Gobierno Federal tendría que aplicar a menos que fuera legalmente sustituida, incluso si los funcionarios responsables concluyeron que la norma no puede defenderse de buena fe".
