A última hora del 14 de septiembre, la Corte Suprema se negó a levantar una orden judicial de alcance nacional que bloqueaba una norma del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) relativa al envío por correo de papeletas electorales federales, manteniéndola así suspendida de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.
La decisión en el caso USPS contra California se emitió mediante una orden sin firma.
"Es poco probable que el Gobierno prospere en el fondo de su impugnación contra la medida cautelar dictada por la corte de Distrito", señaló la orden. "Asimismo, los factores de equidad aplicables para obtener una medida de urgencia de esta corte no favorecen la concesión de una suspensión".
El magistrado Brett Kavanaugh presentó una opinión concurrente. El magistrado Samuel Alito presentó una opinión disidente, a la que se adhirió el magistrado Clarence Thomas.
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El gobierno de Trump había presentado una solicitud de emergencia el 6 de septiembre, pidiendo a los magistrados que suspendieran una orden judicial emitida el 4 de septiembre por la juez federal de distrito Indira Talwani, de Massachusetts. Su fallo prorrogaba una orden de restricción temporal que había concedido el 27 de agosto.
Dicha orden judicial bloqueaba las disposiciones obligatorias de la norma definitiva del Servicio Postal publicada el 26 de agosto, la cual implementa la Sección 3 de la orden ejecutiva 14399 del presidente Donald Trump. Esa disposición asignaría a las agencias federales un papel más importante en la determinación de quién recibe una boleta electoral por correo y en cómo el Servicio Postal procesa dichas boletas.
La administración Trump había afirmado anteriormente que la orden ejecutiva ayudaría a garantizar la integridad de las elecciones federales. El Departamento de Justicia argumentó que el Servicio Postal (USPS) estaba imponiendo normas de diseño y datos para los envíos postales en virtud de su autoridad general para regular el correo, y no decidiendo quién tiene derecho a votar; los estados conservan la facultad de elaborar las listas de votantes y realizar el recuento de las papeletas.
Talwani había señalado que la normativa postal podría privar a los ciudadanos de su derecho al voto, que probablemente era ilegal y que posiblemente infringía la Constitución de los Estados Unidos, la cual otorga a los estados la autoridad para organizar las elecciones federales que se celebran dentro de sus fronteras. La juez había indicado previamente que el organismo postal no presentó pruebas de fraude en el voto por correo que justificaran la nueva norma del Servicio Postal.
La juez determinó en su momento que el USPS carecía de autoridad para aplicar la norma y que, tal como señalaron los funcionarios electorales, dadas las limitaciones de tiempo existentes, cumplir con dicha norma para las elecciones de mitad de mandato resultaba "probablemente imposible".
Talwani afirmó que el Congreso nunca acordó delegar en el USPS las facultades que le otorga la cláusula electoral de la Constitución; por tanto, la norma "entra en conflicto con el marco legal establecido por el Congreso y es inconstitucional en la medida en que invade no solo dichas facultades, sino también las competencias reservadas a los estados".
La juez añadió que incluso un fallo menor en el nuevo sistema resultaría problemático y podría provocar que las papeletas nunca llegaran a enviarse, que los votantes habilitados perdieran casi con toda seguridad la oportunidad de votar por correo y que la privación del derecho al voto de los grupos demandantes —como la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts— fuera "prácticamente inevitable".
En su opinión concurrente, Kavanaugh señaló que existe "al menos una probabilidad razonable" de que la norma del USPS sea legal, pero que ya es demasiado tarde para aplicarla en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
"Los funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para implementar la norma de manera razonable antes de los comicios", afirmó.
Esta es una noticia en desarrollo.
