El 4 de septiembre, una jueza federal dictó una orden judicial preliminar que impide al Servicio Postal de EE. UU. (USPS) aplicar una normativa que endurece las normas relativas al voto por correo.
La nueva resolución de la jueza federal de distrito Indira Talwani se suma a la orden de restricción temporal de 14 días que dictó el 27 de agosto, la cual suspendió partes fundamentales de la normativa definitiva del Servicio Postal. Esta suspensión temporal estaba prevista que expirara en torno al 10 de septiembre si la jueza hubiera decidido no prorrogarla.
La Administración Trump había presentado previamente un recurso contra la orden de restricción, que aún estaba pendiente ante la Corte de Apelación del Primer Circuito de los Estados Unidos, pero la decisión de la jueza de convertir la orden en una orden judicial preliminar parece haber dejado sin efecto dicho recurso o haberlo convertido en irrelevante desde el punto de vista jurídico.
La orden judicial bloquea las partes obligatorias de la norma definitiva del servicio postal, publicada el 26 de agosto, que aplica la sección 3 de la Orden Ejecutiva 14399 del presidente Donald Trump. Esa disposición otorgaría a las agencias federales un mayor papel a la hora de determinar quién recibe una papeleta por correo y cómo el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) procesa dichas papeletas.
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Concretamente, en su auto del 27 de agosto, Talwani impidió que Correos aplicara aquellas partes de la norma que desarrollaban la sección 3 y que exigían a los responsables electorales estatales y locales presentar los sobres de envío y devolución para su revisión por parte del USPS, colocar un código de barras de seguimiento único en dichos sobres y cargar los nombres de los votantes, sus direcciones y los datos de los códigos de barras en un nuevo portal federal. Los envíos que no coincidieran con los datos del portal o que no cumplieran las normas relativas a los sobres no serían aceptados para su entrega.
Por otra parte, el 3 de septiembre, antes de que se dictara la orden judicial, la Administración Trump solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que permitiera al gobierno comenzar a aplicar la normativa que endurece las reglas en torno al voto por correo.
