Una corte federal de apelaciones confirmó el martes la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para utilizar procedimientos de expulsión acelerada contra extranjeros que se encuentran en libertad condicional en Estados Unidos bajo las políticas de la era Biden.
La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló la suspensión dictada por una corte inferior contra las directivas de la administración Trump, que habían puesto a cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en proceso de deportación acelerada.
Se trató de un fallo unánime de un panel de tres jueces, que enfatizó que no se estaba pronunciando sobre la legalidad de las directivas, sino únicamente sobre si los grupos de defensa que presentaron la demanda tenían legitimidad para hacerlo.
"No la tienen", se lee en la orden per curiam, lo que significa que el dictamen fue emitido colectivamente por el panel y no fue redactado por un solo juez.
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Los grupos de defensa, entre ellos la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, demandaron a la administración de Trump por un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de enero de 2025 y un correo electrónico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) un mes después, que sugerían de manera similar la expulsión acelerada de extranjeros en libertad condicional.
Los grupos solicitaron que se les eximiera de estas directivas, alegando que violaban las garantías del debido proceso de la Quinta Enmienda y la Ley de Procedimientos Administrativos, que rige el proceso por el cual las agencias federales proponen y adoptan procedimientos.
Sin embargo, la corte de apelaciones señaló que los grupos no demostraron que un fallo a su favor pondría fin a las expulsiones aceleradas. Además, los jueces señalaron que aún existen otras vías para las deportaciones rápidas.
Aun cuando el número de expulsiones aceleradas haya aumentado como resultado de las directivas del DHS y del ICE, eso no significa que "eliminarlas revertirá esa tendencia".
"La medida solicitada no cambiaría nada", señaló el fallo. "Los demandantes no pueden solicitar una medida que no les cambie nada. Los demandantes en este caso intentaron hacer precisamente eso".
El asesor jurídico general del DHS, James Percival, escribió en una publicación en X: "Gran victoria en el Circuito de Washington D. C. al preservar nuestra plena autoridad en materia de expulsiones aceleradas. ¡No es demasiado tarde para recibir un cheque de USD 2600 y un vuelo gratis a casa!".
En octubre de 2022, la administración de Biden lanzó el programa de libertad condicional, que permitía a cualquier ciudadano extranjero ingresar legalmente a Estados Unidos. Se permitió la entrada al país a más de 532,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hasta que el presidente Donald Trump suspendió el programa en los primeros días de su segundo mandato.
En marzo de 2025, el DHS emitió un aviso para poner fin al estatus de "parole" de los extranjeros de los países mencionados, lo que los hacía elegibles para la expulsión acelerada.
Un juez de primera instancia bloqueó esta terminación en agosto de 2025, pero la decisión del martes de la corte federal de apelaciones la anuló.
A diferencia de los procedimientos regulares de expulsión, que otorgan a los extranjeros la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración y la posibilidad de obtener una medida de protección para permanecer en el país, una deportación por vía rápida permite al gobierno federal expulsar a los extranjeros "sin más audiencia ni revisión".
El programa de libertad condicional para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela "permitió que cientos de miles de extranjeros SIN HABER SIDO SOMETIDOS A INVESTIGACIÓN de seguridad eludieran el proceso tradicional de libertad condicional", afirmó el DHS en junio de 2025. "Terroristas conocidos, miembros de pandillas y asesinos condenados ingresaron a este país “legalmente” bajo este programa".
