Un hombre de Michigan fue condenado a dos años de prisión por una estafa que supuso un fraude de más de 2.3 millones de dólares a los programas de asistencia relacionados con la pandemia de COVID-19.
Jabari Long, de 46 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. La estafa consistió en que Long utilizó una empresa contratista para obtener préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) y de la Iniciativa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), ambos creados durante la pandemia de COVID-19.
En total, Long obtuvo 2,187,000 dólares del PPP y 150,000 dólares del EIDL, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado del 28 de septiembre.
El PPP tenía como objetivo ayudar a las empresas a retener a sus empleados en medio de la crisis del COVID-19, mientras que el EIDL otorgaba préstamos y adelantos para ayudar a las empresas a recuperarse de los impactos económicos de la pandemia. Para obtener los préstamos, Long afirmó que su empresa contaba con 50 trabajadores y que sus gastos promedio mensuales de nómina ascendían a 875,000 dólares.
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Sin embargo, según el DOJ, la empresa tenía "pocos empleados, si es que tenía alguno, y gastos de nómina mínimos o nulos". Long utilizó una parte de los fondos destinados a la pandemia para comprar una casa de cuatro recámaras en Beverly Hills, Michigan.
"Las empresas legítimas que cumplieron con las normas y recurrieron de buena fe a los programas de asistencia por la pandemia merecen protección frente a quienes buscan abusar de esos programas para su enriquecimiento personal", dijo en el comunicado Jeremy Pierczynski, agente especial a cargo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional en Detroit.
“Cuando los estafadores presentan información falsa, inventan nóminas o tergiversan sus operaciones para apropiarse indebidamente de la ayuda financiada por los contribuyentes, socavan la confianza pública y desvían recursos de las empresas y los trabajadores a quienes estos programas estaban destinados a apoyar”.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), su labor para combatir el fraude respalda al Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude, que fue establecido por el presidente Donald Trump mediante una orden ejecutiva del 16 de marzo.
Encabezado por el vicepresidente JD Vance, el grupo de trabajo es un esfuerzo de todo el gobierno que tiene como objetivo eliminar el fraude, el abuso y el despilfarro en los programas federales de prestaciones.
El fraude en los préstamos relacionados con la pandemia ha estado bajo el escrutinio de diversas agencias de la administración Trump. La semana pasada, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) anunció que las autoridades fiscales han identificado como presuntos casos de fraude alrededor de 100 mil millones de dólares en préstamos otorgados en el marco de diversos programas relacionados con la COVID-19.
Una de las recientes medidas enérgicas contra el fraude en los préstamos por la pandemia fue la Operación No Doze, que comenzó el 12 de junio y concluyó el 1 de septiembre.
Durante este período, la Oficina del Inspector General de la SBA, junto con diversos abogados y socios, llevó a cabo acciones de aplicación de la ley contra más de 160 personas, lo que representó una pérdida prevista de 245 millones de dólares para Estados Unidos, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) del 14 de septiembre. Las medidas de aplicación de la ley se referían a denuncias de abuso de los programas de préstamos de la SBA durante la era del COVID-19.
“Los acusados durante nuestra campaña intensiva de verano presuntamente crearon empresas ficticias, presentaron declaraciones falsas de nómina e ingresos, suplantaron identidades y ocultaron vínculos con el extranjero en sus solicitudes; sin embargo, ahora serán procesados con todo el peso de la ley”, dijo el fiscal general Todd Blanche en el comunicado.
Los legisladores han tomado medidas para combatir el fraude en los programas relacionados con el COVID-19. En abril, el Senado aprobó la Ley de Extensión de la Persecución del Fraude de la SBA.
La ley busca extender el plazo de prescripción para procesar los fraudes relacionados con el COVID-19, de modo que dichos delincuentes puedan rendir cuentas y se puedan recuperar los fondos, según un comunicado del 29 de abril de la oficina de la senadora Joni Ernst (R-Iowa).
El 26 de abril comenzó a vencerse el plazo de prescripción, lo que permitiría a los estafadores que robaron fondos relacionados con el COVID-19 y que no han rendido cuentas salirse con la suya, según el comunicado.
Ernst señaló en el comunicado que la aprobación del proyecto de ley por parte del Senado representó una gran victoria para los contribuyentes.
"La medida de hoy también envía un mensaje claro a los estafadores: se les exigirá rendir cuentas. No se saldrán con la suya. Esto es fundamental para garantizar que se ponga fin de inmediato a este fraude descarado".
El proyecto de ley se encuentra ahora en la Cámara de Representantes.
