Estados Unidos impuso este lunes restricciones de visas a 18 personas acusadas de corrupción o de socavar, según la Administración Trump, a los gobiernos democráticamente elegidos de cuatro países miembros del Escudo de las Américas. Nueve bolivianos fueron declarados inelegibles para acceder a una visa.
"Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos", dijo el Departamento de Estado de EE. UU. a través de un comunicado el 28 de septiembre.
"El Departamento de Estado está tomando medidas inmediatas para imponer restricciones de visas conforme a esta política [de restricción de visas] en apoyo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que participan en la Iniciativa Escudo de las Américas".

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La mayoría de las personas a las que se les restringieron las visas a EE. UU. en el listado corresponden a Bolivia. En él se mencionan doce funcionarios o exfuncionarios públicos y un empresario, entre los que se encuentran el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
El fiscal superior, Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer de Santa Cruz, Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de policía Frans William Cabrera son otros de los mencionados en la lista.
Destaca la designación del actual fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, señalado por su participación en casos de corrupción graves. El fiscal y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos.
Mariaca, quien fue fiscal general durante la presidencia de Luis Arce y ex fiscal general de Santa Cruz, "abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia", de acuerdo al comunicado.
La orden restringe el acceso a Estados Unidos a estos ciudadanos y a sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".
También otros nueve bolivianos que no poseen visa, y sus familias, quedaron inelegibles para recibir visas, informó el Departamento.
"Atentar contra un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado", puntualizó el Departamento de Estado.
La administración Trump también impuso restricción de visa para dos ciudadanos colombianos y sus familias.
Se trata del empresario propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía Euclides Antonio Torres Romero y la Senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) Martha Isabel Peralta Epieyu.
En el caso de Perú, el gobierno de EE. UU. revocó las visas existentes para el juez peruano del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima: Juan Carlos Núñez Matos, y su familia.
Y finalmente en el caso de Ecuador, EE. UU. tomó medidas para imponer restricciones de visado a dos ecuatorianos y sus familias. Sin embargo, el Departamento no nombró públicamente a qué personas se les restringió dichas visas.
"El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos", finalizó el Departamento en el comunicado.
Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Estado para solicitar información adicional sobre los ciudadanos ecuatorianos a los que se les restringió la visa.
La declaración conjunta de los líderes de los países que conforman el Escudo de las Américas, firmada el 22 de septiembre, promete defender la gobernanza democrática contra las redes armadas narcoterroristas.
Para alcanzar este objetivo, los líderes planearon coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes; ampliar la aplicación de la ley en el ámbito civil; y brindar asistencia humanitaria y de comunicación para defender la voluntad popular.
El Escudo de las Américas incluye a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
La primera medida adoptada por esta iniciativa conjunta fue declarar su intención de imponer la congelación de activos; restricciones de inmigración y de visas para los miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones; y responsabilidad penal para quienes brinden apoyo a los grupos incluidos en la lista de 24 organizaciones terroristas de la organización.
Con información de Jill McLaughlin.














