Opinión
El 11 de junio Beijing designó al estrecho de Taiwán y varias zonas que rodean a Taiwán —un segmento de aguas internas según el derecho internacional— como "aguas costeras". Esto representa una audaz usurpación de poder marítimo que no puede ignorarse.
Los artículos 8 a 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) otorgan a los países costeros mucha más autoridad sobre sus "aguas internas" que sobre sus aguas territoriales.
La declaración de Beijing afirma específicamente que "las aguas al este de Taiwán son nuestras aguas costeras, donde tenemos presencia, ejercemos jurisdicción y gobernamos". Estados Unidos y la comunidad internacional deben rechazar inmediatamente esta afirmación. De lo contrario, Beijing interpretará el silencio como una aceptación tácita.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) define las aguas interiores como aquellas situadas en el lado terrestre de la línea de base geográfica que marca el inicio del límite de 12 millas náuticas de las aguas territoriales de un Estado ribereño. Las aguas interiores incluyen puertos, ríos, vías navegables interiores y las "Aguas Costeras", según la terminología de Beijing. Estas se extienden desde la línea de bajamar hasta la línea de base que delimita el inicio de las aguas territoriales de un Estado.
No existe fundamento alguno para la designación del Estrecho de Taiwán como “aguas costeras” por parte de China. Se trata de un estrecho internacional, según lo define el Artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Se utiliza para la navegación internacional entre una parte de alta mar o una zona económica exclusiva y otra parte de alta mar o una zona económica exclusiva.
Además, antes de declarar al estrecho como aguas territoriales en 2018, Beijing admitió que eran aguas internacionales. Ahora ha declarado que esas aguas son sus aguas costeras.
El Artículo 38 de la CNUDM establece claramente que en los estrechos utilizados para el tránsito internacional, todos los buques y aeronaves gozan del derecho de paso y no deben ser obstaculizados. Las aguas territoriales de China, según lo define la CNUDM, no se extienden a lo largo de las 81 millas náuticas, ni siquiera en la parte más estrecha del estrecho. Por eso, la reciente declaración territorial marítima de Beijing es tan grave.
Si bien la designación parece inofensiva en apariencia, en realidad se trata de una usurpación de poder marítimo iniciada tras una supuesta “operación de aplicación de la ley marítima” de cinco días.
Beijing afirma haber inspeccionado más de 198 buques y embarcaciones durante las operaciones en torno a Taiwán. También realizó investigaciones marinas y cartografía del fondo marino en las aguas al este y noreste de Taiwán, sin duda para perfeccionar su conocimiento sobre la ubicación de los cables submarinos en la zona.
Con el apoyo de cuatro patrulleras de la Guardia Costera, la Administración de Seguridad Marítima de China (MSA) desplegó tres de sus cuatro patrulleras más grandes, con un desplazamiento de entre 5000 y 10,000 toneladas. La mayoría de las casi 300 patrulleras de la MSA tienen un desplazamiento inferior a 100 toneladas, pero ocho son buques de alta mar con un desplazamiento estándar superior a 3000 toneladas. Y lo que es más importante, al igual que todas las fuerzas marítimas chinas, su poderío está en aumento.
Establecida el 11 de noviembre de 1998, la MSA es una organización civil de aplicación de la ley dependiente del Ministerio de Transporte. Se encarga de hacer cumplir las normas ambientales y de seguridad marítima, y es responsable de la aplicación de la ley marítima, la investigación de accidentes, la seguridad portuaria y las operaciones de búsqueda y rescate en las aguas interiores y costeras de China. También es responsable de emitir Avisos a Aviadores y Marineros (NOTAM) que alertan a aeronaves y buques sobre problemas de seguridad, incluidas actividades militares, dentro de un área geográfica y un período de tiempo determinados.
La MSA ha cobrado mayor visibilidad en los últimos cuatro años por su participación en operaciones de intimidación contra Taiwán, interceptando y desafiando, pero sin abordar, los transbordadores y otras embarcaciones taiwanesas que ingresan a las islas de Taipéi frente a la costa china. El despliegue de la MSA en junio marcó una expansión significativa de sus operaciones y autoridad.
Sin importar cómo Beijing haya caracterizado o justificado esas operaciones, en realidad solo representan el último paso en su campaña para obtener el control de las rutas aéreas y marítimas de las que dependen sus vecinos y Taiwán.
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Los líderes chinos argumentarán que sus nuevas reivindicaciones son coherentes con el estatus de Taiwán como provincia china que no acepta la autoridad ni el gobierno nacional. Si bien esto refleja la política y la postura de larga data de China respecto a Taiwán, esta es la primera vez que ejerce sus regulaciones marítimas en esas aguas.
El impacto se extiende más allá de Taipéi y, lo que es aún más preocupante, representa una escalada desestabilizadora en las operaciones de intimidación de China contra ese gobierno y su pueblo. Más importante aún, esta operación de control marítimo podría ser un preludio a una futura zona de exclusión marítima alrededor de Taiwán. Por lo tanto, rechazar formalmente esas reivindicaciones es esencial para disuadir cualquier intención de hacerlo.
El silencio incita a la agresión. Por ejemplo, la inacción de Estados Unidos ante la toma o el aislamiento por parte de China de varias islas y arrecifes del Mar de China Meridional envalentonó a Beijing para consolidar su control sobre esos territorios ilegalmente ocupados mediante la construcción de guarniciones.
Esta administración no puede repetir esos errores. Disuadir la agresión es mucho menos costoso que responder a un acto de guerra cometido por un agresor que confía en que la inacción continuará.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Epoch Times.
