Opinión
El ciclo de las crisis económicas sucedidas cuando terminó el llamado “desarrollo estabilizador” comenzó con los excesos del populismo y corrupción de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.
Se llegó así hasta terminar con un gobierno insolvente como fue el de Miguel de la Madrid. México tenía un problema de “caja” y estuvo a punto de no tener fondos ni para pagar los sueldos de la burocracia gubernamental.
Vino el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que emprendió un radical proyecto de modernización del país, incluyendo un modelo económico basado en el libre comercio. Nació así el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entendiendo así la pertenencia mexicana a este bloque económico.
Un desequilibrio de la balanza de pagos de México mal manejado por el gobierno de Ernesto Zedillo generó una devaluación con fuga de capitales y una severa crisis económica que afectó incluso a las finanzas internacionales y la cual fue conocida como “el efecto Tequila”.

La quiebra mexicana de ese entonces afectó particularmente a la clase media mexicana y a empresarios medianos, lo que provocó el severo desprestigio de Salinas de Gortari que había terminado su gestión con el 86 por ciento de popularidad.
Pero es precisamente el Tratado de Libre Comercio salinista lo que terminó provocando la recuperación económica de México, aunque el partido gobernante, el PRI, pagó el costo político y cedió el poder al PAN que llegó a la Presidencia con Vicente Fox.
Los gobiernos panistas de Fox y Calderón cuidaron la estabilidad económica y a pesar de ello habrían sido considerados totalmente grises si no fuera porque el foxista creó el Seguro Popular, algo positivo, y el de Calderón llevó a cabo una caótica guerra contra el narco, algo negativo, que al militarizar sin estrategia la lucha contra el narcotráfico generó el estado de guerra permanente en el cual estamos sumidos.
Llegó así el retorno del PRI con Enrique Peña Nieto que le dio prioridad a llevar a cabo reformas estructurales pendientes en el proceso de modernización del país, descuidando el tema social.
Su acertada propuesta de instaurar un programa de prevención social, para evitar la expansión territorial criminal, la puso en manos de un burócrata, Roberto Campa, que nunca entendió de qué se trataba el programa el cual fue cancelado por sospechas de corrupción.
Así se llegó a la toma de poder de un persistente político opositor, Andrés Manuel López Obrador, que no tuvo reparo en cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco de Peña, a pesar de llevar un avance del 40 por ciento y estar avalado por años de estudios y planeación.
En el primer año de la gestión obradorista el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), que el presidente Peña heredó con 375 mil millones de pesos, desapareció sin que nadie reclamara o se exigiera una aclaración.
Así sucedió con otros fideicomisos cuyos fondos fueron desviados, en dado caso a financiar proyectos que no correspondían a su naturaleza jurídica y que tienen sospechas de corrupción, aunque se han blindado con el pretexto de la seguridad nacional para evitar sean investigados.
Sin embargo, la fama de mantener una estricta disciplina financiera mantuvo al gobierno obradorista sin presiones de la opinión pública ni de los grupos empresariales.
Pero casi subterráneamente ha crecido un tema severo de riesgo, heredado por el actual gobierno: la deuda pública, la mayor en más de treinta años desde la quiebra delamadridista.
De acuerdo con cifras del Banco Mundial, la deuda del gobierno de López Obrador, que en 2024 era de 17.4 billones de pesos, con Claudia Sheinbaum inició en 18.8 billones de pesos y durante lo que va de su gestión se encuentra ya en 19.9 billones de pesos.
A partir de esta cifra, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la deuda se incrementará en más de 9 billones de pesos en este sexenio, por arriba de los 7 billones de pesos que se elevó en la administración del presidente López Obrador.
Un país sobreendeudado se encuentra en riesgo si los indicadores de recesión se confirman. Ya el INEGI, con sus cifras del Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE), muestra un estancamiento en marzo con una contracción de -0.2 por ciento. Esto se une al pronóstico del FMI para 2025 que anticipa una caída del -0.3 por ciento del Producto Interno Bruto con su consiguiente impacto fiscal.
Pero ¿qué nos dice el panorama internacional? ¿Hay probabilidad de una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales? Ante el final del ciclo económico neoliberal es factible que haya un cierto tipo de crisis de ajuste a un nuevo esquema.
Para un país que tristemente está viviendo de prestado, una circunstancia que vuelva más caro o difícil el acceso al financiamiento internacional puede convertirse en un problema intenso: ¿una crisis?
La economía castiga los excesos gubernamentales, así fue con los despilfarros y corrupción del echeverrismo y del lópezportillismo. Muy semejantes a lo vivido recientemente con el obradorismo. Todos los que seguimos este tema hemos escuchado la danza de las cifras de miles de millones de dólares invertidas en proyectos de nula rentabilidad, opacos y sin futuro.
Todos los que analizamos nuestra realidad sabemos que el ahorro gubernamental de veinte años se dilapidó y se sabe también del deterioro de las cuentas fiscales.
Quizás el proceso de una crisis está en marcha y no se asume o acepta. Y es que el conformismo social influye en la percepción: no importa que el sector salud sea un desastre, ni el educativo o de seguridad, si el propio Banco Mundial considera que la pensión gubernamental ha disminuido la pobreza, así pues, la posibilidad de una crisis sólo está en la mente de los pesimistas.
Pero la realidad es que vivimos en riesgo y la combinación del sobreendeudamiento con una recesión económica por razones internas o externas puede ser fatal. Y si se analiza el llamado Plan México es sólo un catálogo de buenas intenciones, algunas sin ningún fundamento como cuando se dice que se quiere convertir a México en un productor de semiconductores que los especialistas señalan se requiere de por lo menos 10 años para crear la infraestructura necesaria. Y así por el estilo otros de sus objetivos.
Por lo pronto, superar el ruido de la propaganda gubernamental y la falta de legitimidad y propuestas de la llamada oposición, nos debe mantener atentos a prever la crisis posible y, en dado caso, dar las gracias a la diosa Fortuna si ésta no estalla.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
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