La investigación sobre los presuntos daños relacionados con las vacunas contra el COVID-19 contará con el testimonio de la hermana de Scott Gorry, un exfuncionario de la Cámara de los Comunes que recibió una indemnización económica tras desarrollar miocarditis después de su segunda dosis.
El diputado conservador Dean Allison señaló durante una conferencia de prensa celebrada el 13 de agosto en el Parlamento que, antes de su fallecimiento en julio, Gorry le dijo a su hermana que deseaba que los canadienses escucharan "lo que había vivido y por lo que él y su familia habían pasado".
La Investigación de Allison se llevará a cabo del 8 al 11 de septiembre, brindando a los canadienses que dicen haber sufrido lesiones por las vacunas contra el COVID-19 la oportunidad de testificar sobre sus experiencias. La investigación también podría escuchar a expertos para contextualizar el tema, pero no emitirá dictámenes sobre los hechos ni llegará a conclusiones definitivas.
Gorry había declarado anteriormente a The Epoch Times en 2024 que, tras recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en septiembre de 2021, sufrió un colapso durante un partido de softbol y fue hospitalizado. Una semana después del incidente, le diagnosticaron miocarditis y, finalmente, le implantaron un marcapasos permanente.

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Si bien a Gorry se le concedió una indemnización a través del Programa de Apoyo a las Lesiones por Vacunas de Canadá (VISP), dijo que la suma era "mínima" y no bastaba para cubrir los gastos médicos de un año. También señaló que el VISP carecía de fondos y personal suficientes, y sospechaba que los empleados intentaban evitar "conversaciones difíciles" con los canadienses que habían sufrido lesiones por vacunas y que no reunían los requisitos para recibir pagos.
El gobierno federal se hizo cargo del VISP en abril de 2026 en medio de problemas con el programa, el cual pasó a llamarse Programa de Asistencia por el Impacto de las Vacunas (VIAP). Una investigación realizada en 2025 por Global News reveló que 33.7 millones de dólares de los 50.6 millones que la administradora externa Oxaro recibió para el VISP se habían gastado únicamente en costos administrativos.
Allison declaró a los periodistas que la investigación analizará las inquietudes sobre el funcionamiento del VISP, incluidas las largas esperas para obtener decisiones, las solicitudes repetidas de información médica que los solicitantes ya habían presentado y los casos en los que se les negó la indemnización a los solicitantes.
"Esto no debería ser motivo de controversia", dijo. "Se puede creer que las vacunas desempeñaron un papel importante durante la pandemia y, aun así, creer que las personas que sufrieron eventos adversos graves merecen ayuda. Se puede apoyar la vacunación y, aun así, exigir que el programa rinda cuentas".
Allison también señaló que la investigación había recibido solicitudes de más de 1000 canadienses "que pedían la oportunidad de que se escucharan sus voces", pero que la investigación solo tendría tiempo suficiente para escuchar a 50 solicitantes.
Allison señaló que, si bien la investigación es imparcial, no ha recibido confirmación de que vaya a asistir ningún diputado del Partido Liberal, del NDP o del Bloque Quebequense. Allison indicó que la investigación sigue enviando invitaciones, incluso a los diputados cuyos electores van a testificar.
Los diputados conservadores Mike Dawson y Arnold Viersen han confirmado que asistirán.





















