El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) aprobó una norma que exige a los residentes de viviendas financiadas por el HUD demostrar su ciudadanía estadounidense o disponer de una situación migratoria válida.
La nueva norma refuerza la aplicación de la ley por parte del HUD al exigir la verificación de la ciudadanía estadounidense o de una situación migratoria válida a todos los solicitantes e inquilinos que se beneficien de los programas del HUD contemplados, según indicó la agencia en un comunicado del 10 de noviembre.
Entre los programas incluidos se encuentran los programas de vivienda pública del HUD, los programas de ayuda al alquiler de la Sección 8, los programas de subvenciones para el desarrollo de la vivienda y el programa de ayuda al alquiler de la Sección 236, según una norma del HUD del 12 de noviembre publicada en el Registro Federal.
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La nueva normativa tiene por objeto impedir que determinados no ciudadanos que no cumplen los requisitos se beneficien de las viviendas financiadas por el HUD al convivir con ciudadanos que sí cumplen los requisitos en un mismo hogar, lo que se conoce como "hogares de estatus mixto".
Según la normativa vigente, el HUD puede seguir prestando ayuda prorrateada de forma indefinida. La nueva normativa hará que esta ayuda sea temporal hasta que se compruebe que los miembros de la familia que viven en el hogar cumplen los requisitos.
Además, todas las personas que digan ser estadounidenses deberán presentar la documentación adecuada para acreditar su condición de ciudadanía.
La normativa entrará en vigor el 14 de diciembre.
Las viviendas financiadas por el HUD atienden actualmente a alrededor del 25 % de los hogares que cumplen los requisitos y necesitan una vivienda adecuada, según indicó el HUD en su último comunicado.
"Es inaceptable que los veteranos sin hogar, las personas con discapacidad, los ancianos y las víctimas de violencia doméstica de Estados Unidos se vean obligados a estar en listas de espera, mientras que los inmigrantes ilegales y quienes no cumplen los requisitos se aprovechan de nuestro sistema. Los contribuyentes estadounidenses ya no van a seguir pagando la factura", dijo el secretario del HUD, Scott Turner, en el comunicado.
Crítica a la nueva norma
Incluso si solo una persona de una familia resulta no cumplir los requisitos, es posible que la familia tenga que renunciar a la ayuda al alquiler o separarse, según señaló el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas —un instituto de investigación— en un informe de diciembre de 2025, cuando la Administración Trump estaba considerando la norma.El informe señalaba que la norma podría afectar a casi 80,000 personas y hacer que perdieran las ayudas a la vivienda. Se estima que unos 37,000 niños de familias con estatus mixto que viven en viviendas subvencionadas por el HUD podrían tener que enfrentarse a las consecuencias de la separación familiar o a quedarse sin hogar debido a la norma, según el Centro, que añadió que casi todos ellos se consideran ciudadanos estadounidenses.
El National Housing Law Project criticó la nueva norma del HUD en un comunicado del 10 de noviembre.
Cierre de una brecha jurídica
La brecha jurídica relativa al "estatus mixto" había permitido a los inmigrantes ilegales declararse ciudadanos estadounidenses sin aportar pruebas de su elegibilidad y, aun así, acceder a viviendas financiadas por el HUD, según dijo Turner en una publicación del 13 de noviembre en X.La nueva normativa se aplica a los programas de vivienda pública del HUD, a los programas de ayuda al alquiler de la Sección 8, a los programas de subvenciones para el desarrollo de la vivienda y al programa de ayuda al alquiler de la Sección 236.
El HUD señaló en su comunicado que esta medida reciente se ajusta a una orden ejecutiva de febrero de 2025 firmada por el presidente Donald Trump, titulada "Poner fin a las subvenciones de los contribuyentes a las fronteras abiertas".
La orden solicitaba a los responsables de los departamentos y agencias que mejoraran los sistemas de verificación de requisitos para garantizar que "las prestaciones financiadas por los contribuyentes excluyan a cualquier extranjero no elegible que haya entrado en Estados Unidos de forma ilegal o que se encuentre en el país de manera irregular".
Turner ya había comunicado a las autoridades de vivienda, en una carta del 29 de agosto, que deben presentar pruebas de la ciudadanía estadounidense o de una situación migratoria válida de las personas que vivan en viviendas financiadas por el HUD o que reciban un vale de la Sección 8, que ayuda a las personas con bajos ingresos, a las personas con discapacidad y a las personas mayores a pagar su vivienda.
Aproximadamente 2000 autoridades locales de vivienda gestionan estos vales y alrededor de 2.3 millones de hogares reciben cada año ayudas al alquiler a través de la Sección 8. La demanda es tan elevada que los solicitantes que cumplen los requisitos suelen esperar varios años para recibir las prestaciones. Solo los estadounidenses y otras personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos pueden optar a los vales.
"El HUD aplicará todas las medidas coercitivas disponibles contra las entidades que no cumplan con la solicitud de información sobre la ciudadanía, incluyendo, entre otras, la revisión de la financiación del HUD", dijo Turner en la carta.
