Un juez federal dictaminó el 28 de septiembre que el gobierno estadounidense no puede retener fondos de contraterrorismo para obligar a los municipios a implementar cambios en la administración electoral.
Según denuncias legales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) estaba denegando ilegalmente fondos para los esfuerzos antiterroristas a los estados y gobiernos locales a menos que realizaran cinco cambios en las elecciones.
Entre ellos, el uso de equipos que puedan procesar boletas de papel marcadas a mano, la realización de una auditoría manual del 5 % de los votos emitidos y el uso de una base de datos federal de inmigración para verificar que todos los votantes registrados sean ciudadanos estadounidenses.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
"Al negar a los estados y municipios fondos para programas de seguridad fronteriza, ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, la FEMA deja a esas comunidades menos seguras, bajo el pretexto de hacer cumplir las Condiciones de Administración Electoral que no tiene autoridad para imponer", señalaba una de las demandas.
El juez de distrito estadounidense Amir Ali, con sede en Washington, estuvo de acuerdo.
"El Congreso no autorizó que el programa de subvenciones se utilice para el tipo de reformas de administración electoral que exige la FEMA en este caso; cambios que, sean o no acertados desde el punto de vista político, no se promueven para prepararse o responder a 'actos de terrorismo'", dijo Ali en una opinión de 24 páginas a favor de los gobiernos locales de Ohio, Tennessee y Texas.
Un abogado que representa a los gobiernos no respondió a la solicitud de comentarios al momento de la publicación.
"La seguridad electoral es seguridad nacional, y la protección de la infraestructura crítica sigue siendo una prioridad máxima de la administración Trump. La FEMA está revisando la decisión de la corte y acatará la orden judicial", dijo Victoria Barton, portavoz de la FEMA, a The Epoch Times en un correo electrónico.
"El fallo no afecta la misión más amplia de FEMA de apoyar a los socios estatales y locales en la prevención, preparación, protección y respuesta ante el terrorismo, incluidas las inversiones elegibles en infraestructura física y ciberseguridad que protegen la infraestructura electoral".
Ali anuló la política de FEMA que regulaba la retención de fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional, así como un aviso anterior de la agencia matriz de FEMA en el que se detallaban las condiciones.
El programa, creado por el Congreso en 2003 para ayudar a los gobiernos estatales y locales a prepararse, responder y recuperarse de actos de terrorismo, suele distribuir entre 1000 y 2000 millones de dólares anuales a los municipios.
En julio, el Departamento de Seguridad Nacional, en un aviso relativo a la financiación a través del programa, dijo que los sistemas electorales son un objetivo para los adversarios y que los beneficiarios de la financiación deben destinar al menos el 3 % de los fondos asignados a la seguridad de la infraestructura electoral.
El departamento, agencia matriz de FEMA, detalló las condiciones que las autoridades estatales y urbanas debían cumplir para recibir el 20 % de los fondos, incluido un plan para la transición desde sistemas de votación electrónica que solo procesan códigos de barras o QR a equipos que acepten boletas de papel.
En agosto, FEMA notificó a todos los directores estatales de seguridad nacional y a otros funcionarios estatales y locales sobre los nuevos requisitos.
En documentos judiciales, los abogados federales argumentaron que las medidas adoptadas por el gobierno eran legales, ya que el Congreso había estipulado que los fondos debían destinarse a abordar las "amenazas, vulnerabilidades y consecuencias relacionadas con la infraestructura crítica (para todos los sectores de infraestructura) o recursos clave identificados por el Administrador" de FEMA.
"El Congreso otorgó una considerable discreción a la FEMA para que lograra los objetivos de sus programas de subvenciones, y dejó claro que, como subconjunto designado de infraestructura crítica y sujeta a amenazas documentadas en constante evolución, la infraestructura electoral se encuentra dentro del alcance de la ley", sostuvieron en uno de los escritos.
