El 10 de noviembre, una corte de apelaciones anuló las restricciones impuestas al uso de gases lacrimógenos y otras medidas por parte de agentes federales en Portland, Oregón.
En dos fallos, la corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. revocó las órdenes de cortes de instancia inferior que limitaban el uso, por parte de los agentes, de municiones no letales contra multitudes cerca del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Portland.
"Según nuestros precedentes, los agentes del orden pueden emplear fuerza no letal para dispersar multitudes y restablecer el orden; no necesitan esperar hasta enfrentarse a 'una amenaza inminente de daño físico'", escribió el juez de circuito Kenneth Kiyul Lee, en representación de la mayoría, en una de las decisiones.
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El juez de distrito estadounidense Michael Simon señaló en febrero que los agentes federales no podían utilizar municiones, como gases lacrimógenos, contra personas en las inmediaciones del edificio, a menos que el objetivo de dichas municiones "represente una amenaza inminente de daño físico para un agente de las fuerzas del orden o para cualquier otra persona".
"El expediente tampoco respalda la alegación de los demandantes de que los agentes federales tomaron represalias contra ellos por ejercer sus derechos consagrados en la Primera Enmienda", afirmó Lee. "Más bien, parece que los demandantes fueron víctimas colaterales —por pura mala fortuna— de los esfuerzos de los agentes federales por contener a una multitud incontrolada y, en ocasiones, violenta".
Los demandantes en este caso son manifestantes pacíficos y periodistas independientes que estuvieron expuestos a gases lacrimógenos o proyectiles de pimienta, empleados por agentes federales para controlar a la multitud en Portland durante 2025 y 2026.
La otra resolución se produjo en el marco de una apelación contra una orden similar dictada a favor de otras personas, incluidos individuos que residen en un complejo de apartamentos situado frente al edificio federal en Portland.
Ese grupo de personas tiene, en virtud de la Quinta Enmienda, derecho a estar protegido de la exposición de sustancias químicas que el gobierno utiliza para controlar multitudes, escribió el juez de circuito Eric Tung en nombre de la mayoría.
"Para prosperar en una impugnación basada en el debido proceso sustantivo contra una actuación ejecutiva, la parte demandante debe demostrar dos cosas: que dicha actuación resulta ofensiva para la conciencia y que priva a las personas de un derecho que, definido con precisión, se encuentra profundamente arraigado en la historia de nuestra nación e implícito en el concepto de libertad ordenada, conforme a la doctrina establecida por la Corte Suprema", señaló Tung.
La mayoría indicó que el uso de dispositivos de control de multitudes se produjo, al parecer, después de que los manifestantes bloquearan la salida de los agentes dentro de las instalaciones, destruyeran cámaras de seguridad, arrojaran piedras, cristales y objetos metálicos contra los agentes, y apuntaran con láseres a los ojos de estos.
Al dictar una medida cautelar, la jueza de distrito determinó que «los demandantes han demostrado la privación de su derecho constitucional a la integridad física, y que la conducta de los demandados a lo largo de los últimos ocho meses resulta ofensiva para la conciencia, de tal modo que los demandantes han acreditado la probabilidad de obtener un fallo favorable en cuanto al fondo del asunto».
La jueza de circuito Ana de Alba emitió un voto particular —disidente en parte y concurrente en parte— en ambas resoluciones.
En el caso que involucra a manifestantes y miembros de la prensa, De Alba señaló que ciertos aspectos de la medida cautelar eran excesivamente amplios; no obstante, indicó que habría mantenido la prohibición de que los agentes dispararan municiones contra la cabeza, el cuello o el torso de una persona, salvo en situaciones en las que el uso de fuerza letal estuviera legalmente justificado.
En el otro caso, sostuvo que el tribunal de distrito acertó al concluir que la situación vivida por los residentes del edificio de apartamentos cercano cumplía con el criterio de ser «ofensiva para la conciencia», debido, en parte, a la gran cantidad de municiones químicas empleadas.
