Un juez federal dictaminó el lunes que Nueva York no puede aplicar una ley estatal de 2024 que pretendía imponer cargos estimados en 75,000 millones de dólares a las empresas emisoras de carbono por los presuntos daños climáticos causados entre 2000 y 2018.
La jueza principal de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Brenda Sannes, en Syracuse, Nueva York, dio la razón a 22 fiscales generales estatales republicanos, así como a grupos industriales, incluida la Cámara de Comercio estadounidense, al considerar que la medida estatal estaba invalidada por la ley federal.
La jueza dijo que la Ley de Aire Limpio, que otorgó a la Agencia de Protección Ambiental federal la autoridad para regular las emisiones de dióxido de carbono, no autorizaba a los estados a adoptar planes de compensación de emisiones.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó la Ley de Superfondos para el Cambio Climático en diciembre de 2024. Esta ley exigía a unas tres docenas de empresas de combustibles fósiles que pagaran un total combinado de 3 mil millones de dólares anuales durante 25 años, lo que suma un total de 75 mil millones de dólares.
Los fondos se habrían destinado a obras de infraestructura, incluyendo humedales costeros, sistemas de drenaje pluvial, carreteras, puentes y medidas para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Sannes dijo que hacer cumplir la ley conllevaba el riesgo de alterar el equilibrio entre la protección del medio ambiente, "un proyecto que necesariamente requiere normas nacionales y participación global", y la promoción del crecimiento económico, la producción de energía, los intereses de política exterior y la seguridad nacional.
El fiscal general de Virginia Occidental, John McCuskey, encabezó la coalición de estados que impugnaron la legislación en una demanda presentada en febrero de 2025. En aquel entonces, los fiscales generales afirmaron que la ley de Nueva York era un abuso de poder con motivaciones políticas que perjudicaba a las empresas energéticas tradicionales, incluidas las de carbón y gas natural con sede en Virginia Occidental, que ahora cumplen con las leyes vigentes.
Añadieron que las indemnizaciones de los productores de carbón, petróleo y gas natural podrían provocar la pérdida de miles de empleos si estos se vieran obligados a cerrar.
"Fuimos los primeros en impugnar esta ley porque la vimos tal como era: una maniobra para enriquecerse por parte de las élites de Nueva York, que quieren castigar a los habitantes de Virginia Occidental por realizar los trabajos que les permiten calentar sus hogares y construir sus ciudades", dijo McCuskey en un comunicado del 31 de agosto.
La oficina de Hochul está revisando la decisión para determinar los posibles pasos a seguir, dijo el portavoz Ken Lovett.
"Los contribuyentes no deberían tener que pagar los daños causados por los contaminadores", dijo.
Nueva York fue el segundo estado de EE. UU. en crear un fondo de descontaminación que obliga a las principales empresas de combustibles fósiles a ayudar a financiar proyectos de infraestructura como la mitigación de inundaciones y la protección costera.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Instituto Americano del Petróleo demandaron a Vermont el 30 de diciembre para bloquear el fondo de descontaminación de ese estado. El caso aún está pendiente.
Adam Gustafson, subprocurador general adjunto principal de la División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, celebró la decisión del lunes.
"La ley de Nueva York habría expropiado 75 mil millones de dólares a compañías energéticas de todo el mundo durante una emergencia energética, en clara contravención de la política exterior estadounidense y la legislación federal", dijo Gustafson. "Seguiremos luchando por una energía asequible y fiable para todos los estadounidenses".
Con información de Reuters.
