La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el viernes examinar un caso que cuestiona si la administración del presidente Donald Trump tiene la autoridad para rechazar las solicitudes de asilo de las personas que cruzan a Estados Unidos por la frontera sur.
Justo después de asumir el cargo el 20 de enero de 2025, Trump firmó una proclamación que restringe la posibilidad de que las personas que crucen la frontera sur sin autorización soliciten asilo.
Esta es una de las diversas restricciones migratorias que el presidente implementó poco después de jurar el cargo. Dicha proclamación se ha mantenido vigente a pesar de los litigios en curso.
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Al aceptar examinar el caso, es probable que la Corte Suprema emita un fallo al respecto al final de su período de sesiones, en junio o julio de 2027.
La administración Trump, en documentos presentados ante los juzgados, ha manifestado su intención de revocar las decisiones de las cortes inferiores que declararon ilegal la proclamación.
La política de asilo de Trump es una de las diversas medidas que su administración implementó como parte de la ofensiva contra la inmigración ilegal que el presidente emprendió desde su regreso al cargo el año pasado.
Según la proclamación de Trump, las personas detenidas al cruzar ilegalmente la frontera sur no pueden solicitar asilo.
El procurador general, en nombre de la administración Trump, presentó una petición ante la Corte Suprema con el fin de revocar un fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos que se oponía a dicha política.
La administración Trump argumentó que tiene facultades para negar categóricamente el asilo a las personas comprendidas en la proclamación y que no debería estar obligada a aceptar solicitudes que, de cualquier manera serían rechazadas.
"Esta afluencia constante de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur de Estados Unidos ha impuesto costos y limitaciones importantes para los estados, que en conjunto han gastado miles de millones de dólares en la prestación de atención médica y servicios sociales relacionados, y han gastado cantidades considerables en el aumento de los costos de las fuerzas del orden asociados a la presencia de estos inmigrantes ilegales dentro de sus fronteras", decía en parte la proclamación de Trump de enero de 2025.
La proclamación de Trump prohibía a las personas acogerse a las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para permanecer en Estados Unidos, incluso solicitando asilo, según la petición de agosto.
Las directrices del Departamento de Seguridad Nacional para la implementación de la proclamación permitían a los agentes expulsar de manera inmediata a los infractores, y solo quienes pudieran demostrar riesgos de tortura podían recibir una excepción, y acceder a un proceso de evaluación limitado conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
En oposición a la proclamación, los abogados del Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales escribieron a la corte suprema en septiembre que Trump u otros presidentes "no tienen autoridad legal para crear nuevos requisitos de elegibilidad para el asilo".
"Si bien el Fiscal General y el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional sí cuentan con esa facultad, ni la Proclamación ni las Directrices pretenden ser un ejercicio de la misma. Y con razón: la Proclamación y la Guía violan manifiestamente los límites legales de esa autoridad", señalaba el comunicado.
En junio, la Corte Suprema le dio una victoria a Trump al respaldar la autoridad del gobierno federal para rechazar a los solicitantes de asilo cuando las autoridades consideran que los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México están demasiado saturados para atender nuevas solicitudes.
En septiembre, la corte permitió que la administración reanudara la deportación de inmigrantes indocumentados a países distintos al suyo sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los perjuicios que podrían sufrir, reforzando así una herramienta que su administración ha utilizado para expulsiones rápidas.
Los magistrados tienen previsto escuchar los argumentos sobre la legalidad de esta política el 9 de diciembre.
Con información de Reuters.
