El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó, el 8 de mayo, un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. que anulaba los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump.
Dichos aranceles —que el tribunal de comercio invalidó mediante una votación de 2 a 1 el 7 de mayo— consistían en un gravamen temporal a la importación del 10 por ciento sobre el valor de la mercancía, aplicado adicionalmente a los aranceles ya existentes sobre la mayoría de los productos que ingresan a EE. U U. procedentes de cualquier país. El juez disidente sostuvo que resultaba prematuro emitir un fallo sobre la disputa.
El aviso de apelación indica que el gobierno federal apelará la sentencia del tribunal de comercio ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los EE. UU.
En el documento, los funcionarios del departamento no explicaron los motivos de su apelación.
Trump culpó del fallo del tribunal comercial a "dos jueces de izquierda radical" en declaraciones a la prensa.
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El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró a Fox Business Network que espera que la decisión del tribunal de Comercio sea revocada.
"En esencia, dijeron que el Congreso aprobó una ley que no puede utilizarse; algo que todos en la comunidad jurídica sabemos que no es la forma en que debe interpretarse la ley", afirmó.
Los jueces del tribunal de comercio que votaron con la mayoría "parecen empeñados en importar desde China".
Los demandantes —dos docenas de estados y empresas— argumentaron ante el tribunal de comercio que los aranceles constituían un intento de la administración Trump de eludir un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el cual había anulado los aranceles impuestos por el presidente en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
En su orden de febrero, mediante la cual impuso los aranceles, Trump se amparó en la Sección 122 de la Ley de Comercio, la cual permite imponer gravámenes por un plazo de hasta 150 días con el fin de subsanar graves "déficits de la balanza de pagos" o de combatir una depreciación inminente del dólar estadounidense.
El gobierno federal había sostenido que existía un déficit significativo en la balanza de pagos, manifestado en un déficit comercial anual de bienes de los EE. UU. por valor de 1.2 billones de dólares, sumado a un déficit por cuenta corriente equivalente al 4 por ciento del producto interno bruto.
La mayoría del tribunal de comercio dictaminó que Trump se había excedido en las facultades que le confería la ley. El tribunal concluyó que los aranceles eran "inválidos" y carecían de "autorización legal".
La mayoría dictaminó que la Sección 122 no tenía por objeto remediar los déficits comerciales que se producen cuando las importaciones de Estados Unidos superan a las exportaciones.
Además de declarar que los aranceles eran ilegales, el tribunal emitió un mandamiento judicial permanente que impide al gobierno recaudar los gravámenes de parte del estado de Washington y de dos empresas que interpusieron una demanda contra dicha política.
Aunque más de 20 estados presentaron demandas, el tribunal determinó que, a excepción de Washington, todos carecían de legitimación activa —o de una conexión lo suficientemente estrecha con la controversia— como para justificar su participación en el caso. El tribunal dictaminó que dos empresas —la juguetera Basic Fun y la importadora de especias Burlap and Barrel— sí contaban con legitimación activa.
Otras empresas podrían interponer demandas para solicitar la exención de los aranceles, citando el fallo emitido por el tribunal de comercio en este caso.
Mike Faulk, portavoz del fiscal general de Washington, Nick Brown, declaró a The Epoch Times: "Esperamos con interés responder" a la presentación del recurso de apelación.
The Epoch Times contactó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para solicitar comentarios. No se recibió respuesta al momento de la publicación.
Con información de Reuters.
