El martes, fiscales federales anunciaron cargos contra 36 personas —incluidos nueve inmigrantes en situación irregular— por narcotráfico y lavado de dinero que abarca varios estados en una investigación relacionada con una organización con sede en México que operaba en Carolina del Sur.
Durante la investigación, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) incautó 346 kilogramos de fentanilo, 23 kilogramos de metanfetamina, 70 kilogramos de cocaína, 34 libras de marihuana y 43 armas de fuego, además de más de 2.8 millones de dólares en efectivo.
Los agentes también confiscaron joyas y 15 vehículos de lujo —entre ellos dos Rolls-Royce, un Lamborghini y un Aston Martin—, y presentaron notificaciones de demanda sobre 17 propiedades en Carolina del Sur y Georgia, cuyo valor conjunto se estima en 4 millones de dólares.
"Nada detendrá el compromiso de la administración Trump de proteger al pueblo estadounidense frente a las drogas letales", afirmó el fiscal general Todd Blanche. "Gracias a la labor del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force), los habitantes de Carolina del Sur están hoy más seguros de lo que estaban hace dos años. El Departamento de Justicia seguirá desmantelando redes de narcotráfico y haciendo justicia para las víctimas y sus familias".
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Los fiscales federales en Carolina del Sur describieron el caso como uno que afectó a todos los rincones de dicho estado.
El fiscal federal Bryan Stirling, del Distrito de Carolina del Sur, señaló que "por cada delincuente imputado, hubo aún más agentes y funcionarios de las fuerzas del orden trabajando para poner fin al narcotráfico ilegal y al lavado de dinero que afectan a nuestras comunidades".
En abril, 18 miembros de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero fueron imputados. En noviembre, se dio a conocer una acusación formal ampliada que incluye 42 cargos y señala a otras 16 personas. Previamente, en julio de 2025, otras dos personas fueron imputadas en una tercera acusación; hasta el momento, seis de los acusados se han declarado culpables.
Según los investigadores, esta organización de narcotráfico y lavado de dinero, con base en México, opera en el estado al menos desde 2011. Se alega que sus integrantes llevan a cabo actividades en México, Carolina del Sur y otros estados, así como dentro de la Oficina Federal de Prisiones y el Departamento de Correccionales de Carolina del Sur.
Según los investigadores, la organización es responsable de introducir en Carolina del Sur cientos de kilogramos de fentanilo y cocaína, al menos desde 2021. Los estupefacientes provienen de México y son transportados a través de la frontera sur hacia Estados Unidos.
Se alega que una extensa red de distribución de fentanilo opera en las regiones de Lowcountry, Pee Dee, Grand Strand y Midlands, en Carolina del Sur. Los fiscales señalan que dicha red se encargaba de volver a procesar, reenvasar y redistribuir grandes cantidades de fentanilo, el cual era suministrado en la zona por la organización criminal.
Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), un enfoque integral que abarca a todo el gobierno y que fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, titulada "Protección del pueblo estadounidense frente a una invasión". Dicha orden ejecutiva fue firmada el día en que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato.
"El objetivo de cada HSTF es acabar con la presencia de cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones delictivas transnacionales en todo Estados Unidos; desmantelar las redes transfronterizas de tráfico y contrabando de personas; poner fin a la lacra que suponen el tráfico y el contrabando de seres humanos —con especial atención a los delitos que involucran a menores—; y garantizar el uso de todas las herramientas policiales disponibles para aplicar rigurosamente las leyes de inmigración de los Estados Unidos", establece la orden.
