Un informe publicado el 13 de agosto por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha puesto de manifiesto un presunto fraude cometido por proveedores de servicios sanitarios que realizaban procedimientos de reasignación de género en niños.
El informe , titulado "Lobos con batas blancas: cómo los médicos y los hospitales impulsaron y se beneficiaron del fraude de la 'medicina de género'", examinó las acciones y los motivos de 225 instituciones sanitarias y descubrió que presuntamente antepusieron los beneficios económicos y la ideología de género por encima de las necesidades de los pacientes.
El HHS denuncia fraude en la codificación de seguros
El informe del HHS expuso un presunto patrón de engaño, impulsado por grupos que promueven estos procedimientos de cambio de sexo en niños, en el que los hospitales y los proveedores de atención médica utilizaron códigos de seguro incorrectos para garantizar el cobro.
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En lugar de utilizar códigos específicos ya existentes relacionados con los trastornos de identidad de género, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) alegó que utilizaron lo que el estudio denominó "códigos de diagnóstico alternativos", que eran vagos o directamente falsos.
Uno de los diagnósticos más comunes era el de "trastorno endocrino no especificado", que permitía a los médicos facturar por hormonas cruzadas. Según datos del HHS mostraron que, entre 2015 y 2025, se facturaron más de 42 millones de dólares a las compañías de seguros bajo este diagnóstico.
Un estudio de 2023 realizado por los Hospitales y Clínicas de la Universidad de Iowa reveló que, de 1480 pacientes diagnosticados con un trastorno endocrino no especificado, solo 71 padecían realmente dicha enfermedad. Un análisis del Instituto Manhattan también detectó un aumento del 30 % en estos diagnósticos entre 2020 y 2022, según el HHS.
Otro código mal utilizado con frecuencia fue el de "pubertad precoz", lo que permitió a los médicos recetar bloqueadores de la pubertad y facturarlos a las aseguradoras. El estudio reveló que, entre 2015 y 2025, las aseguradoras recibieron facturas por más de 11 millones de dólares bajo este diagnóstico en pacientes de 13 y 17 años.
Grupos defensores impulsaron "códigos de diagnóstico alternativos"
La Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero, Planned Parenthood y otros grupos alentaron a los proveedores de atención médica a utilizar "códigos de diagnóstico alternativos" no relacionados con la disforia de género, según consta en el informe del HHS.El periódico The Epoch Times se puso en contacto con estas organizaciones para obtener sus comentarios.
En un caso, una clínica de género afiliada a Harvard llamada Fenway Health abogó por utilizar códigos de diagnóstico "más vagos", pero también advirtió que el uso de códigos inexactos es ilegal.
Otra organización, la Campaña por la Igualdad en el Sur, elaboró un conjunto de herramientas llamado "Alternativas de codificación de seguros para la atención médica de personas trans" que describía soluciones alternativas para pacientes con disforia de género.
La mayoría de las aseguradoras excluyen los procedimientos de reasignación de género a menos que la ley estatal exija su cobertura, según indica el documento. La guía muestra qué códigos suelen ser rechazados por las aseguradoras y cuáles son los códigos comúnmente aceptados que se deben usar en su lugar.
Si la aseguradora deniega la cobertura, la guía sugiere apelar repetidamente. Tras la tercera apelación, el caso se remite a una agencia externa, que suele aceptarlo.
Por ejemplo, según el informe, un paciente puede alegar orquialgia (dolor persistente en los testículos) para justificar la castración quirúrgica.
"¿Cómo se puede realizar una mastectomía, facturar a una compañía de seguros y no levantar sospechas?… Se factura como reducción de senos en lugar de mastectomía", dijo el Dr. Eithan Haim, uno de los autores del informe.
"Esta guía es, en esencia, un modelo para cometer fraude médico. Debemos recordar que esto es algo por lo que la gente va a prisión. Es un asunto muy grave".
Pacientes cautivos de por vida y generación de ingresos
La llamada atención médica de afirmación de género resulta lucrativa, ya que los "pacientes cautivos", como los denomina el informe, requieren un mantenimiento médico continuo que puede durar décadas, o incluso toda la vida."Si tomas a una niña y le administras testosterona, o a un niño y le administras estrógeno, entonces van a estar tomando eso para siempre, ¿verdad?", dijo el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el almirante Brian Christine, en una entrevista con NTD, medio de comunicación hermano de The Epoch Times.
Según el informe, las cirugías y los tratamientos hormonales también pueden provocar efectos secundarios graves, lo que requiere más visitas al médico y aumenta los gastos hospitalarios. Además, a menudo se necesita terapia psicológica.
Citando datos de la Campaña de Derechos Humanos, una organización que apoya estos procedimientos en menores, el informe señala que los costos pueden oscilar entre 25,000 y 75,000 dólares por paciente.
Si el paciente opta por someterse a cirugías, el costo total puede dispararse hasta los 170,000 dólares o más. Estas cifras no incluyen costos adicionales, como la depilación, la terapia de la voz o los procedimientos de reversión.
El informe incluye el testimonio de un joven al que le dijeron que una cirugía de "feminización facial" le costaría 200,000 dólares.
"Este nuevo grupo de pacientes —jóvenes, asegurados o con derecho a Medicaid, y que requieren un seguimiento constante— representaba un área estratégica de crecimiento", dice el informe.
"Los departamentos de endocrinología y cirugía ganaron volumen y prestigio, mientras que los administradores del hospital obtuvieron una fuente de ingresos fiable que ayuda a subvencionar los servicios con menor margen de beneficio".
Administración Biden
Según el informe, la administración del presidente Joe Biden facilitó los procedimientos de reasignación de género en jóvenes, presionando a los sistemas hospitalarios al amenazar con emprender acciones legales contra las instituciones que se negaran a realizarlos.
La administración Biden sostuvo que los trabajadores sanitarios estaban obligados por las normas de la Ley de Atención Médica Asequible, y que rechazar estos tratamientos de género constituía "discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género".
"Los intentos de restringir, cuestionar o calificar falsamente de abuso esta atención médica que potencialmente puede salvar vidas son peligrosos", afirmaba un documento del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la era Biden.
El enfoque fue multifacético. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo indicó a los empleadores que sus seguros no podían excluir estos procedimientos. El HHS, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Educación también adoptaron la postura, tanto en directrices como en reglamentos y litigios, de que las prohibiciones de discriminación por motivos de discapacidad podrían aplicarse a las personas con disforia de género.
La Oficina de Gestión de Personal también dispuso que las aseguradoras federales cubrieran estos procedimientos. El Instituto Nacional de Salud también realizó un estudio de 10 millones de dólares para investigar el impacto de los procedimientos de reasignación de género en los niños, según el informe del HHS.
Las iniciativas de género de la administración Biden fueron anuladas por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato. La Comisión Federal de Comercio también ha demandado a la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, alegando que las intervenciones de género para jóvenes se ofrecen bajo falsas pretensiones, ya que no resuelven el sufrimiento psicológico de los pacientes.
Vance pide una investigación
Tras la publicación del informe, el vicepresidente JD Vance solicitó al Departamento de Justicia que investigara las acusaciones de fraude."Estas acusaciones son una locura y exigen una investigación", dijo Vance en un video publicado en las redes sociales el 13 de agosto.
El periódico The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para saber si lo harían, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Como señaló Fenway Health en uno de sus documentos de orientación, la codificación errónea deliberada para engañar a las aseguradoras es ilegal, y el riesgo de responsabilidad aumenta cuando está involucrado Medicaid, porque ese tipo de fraude puede vulnerar la Ley Federal de Reclamaciones Falsas.
Esa ley permite al gobierno recuperar el triple de los daños y perjuicios e imponer otras sanciones económicas, y abre la puerta a que los ciudadanos particulares presenten demandas civiles en su nombre.
