El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el lunes que Estados Unidos restringirá la concesión de visas a las personas que obstaculicen el retorno de niños secuestrados en el extranjero por uno de sus progenitores, así como a los familiares directos de dichas personas.
Señaló que esta nueva política busca agilizar los casos que se han prolongado en las cortes y oficinas gubernamentales de otros países y que "proporciona al Departamento una nueva herramienta de rendición de cuentas para presionar a los países que no cumplen con sus obligaciones".
"Proteger a los niños estadounidenses secuestrados y trasladados a través de fronteras internacionales, así como reunirlos con sus padres, es una prioridad absoluta para la Administración Trump", afirmó Rubio en un comunicado.
"Cuando funcionarios gubernamentales extranjeros, jueces, administradores judiciales, agentes del orden y otras personas obstaculizan deliberadamente la pronta resolución de estos casos, prolongan la separación de las familias e impiden el regreso de los niños a Estados Unidos".
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El Departamento de Estado no precisó a cuántas personas podrían afectar las restricciones de visado.
El comunicado señalaba que la medida también abarca a quienes "incumplen deliberadamente la aplicación o el acatamiento de leyes, políticas u órdenes judiciales destinadas a resolver estos casos y devolver a los niños a su país de residencia habitual".
El departamento informó que está actuando en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Dicha disposición permite al gobierno impedir la entrada de una persona al país cuando el Secretario de Estado determina que la presencia de dicho individuo acarrearía graves consecuencias adversas para la política exterior.
Rubio invocó la misma norma en julio, al anunciar una política global de restricción de visas dirigida a personas "responsables o cómplices de ciberdelitos y delitos facilitados por medios cibernéticos, tales como los implicados en ciberestafas y sextorsión". La medida también podría afectar a los familiares directos.
Los casos de sustracción de menores por parte de uno de los progenitores se tratan de manera distinta a las disputas habituales sobre la custodia en el ámbito nacional. En estos casos, un progenitor se lleva al niño fuera del país donde reside habitualmente y se niega a devolverlo. A menudo, el progenitor que permanece en el país de residencia obtiene órdenes judiciales que la otra parte no acata.
El Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, un tratado de 1980, constituye la principal normativa internacional para abordar estas disputas. El acuerdo exige que los niños trasladados ilícitamente fuera de su país de residencia sean devueltos a este para que allí se determine lo relativo a su custodia.
En 2014, el presidente Barack Obama promulgó la Ley Sean y David Goldman de Prevención y Restitución en Casos de Sustracción Internacional de Menores, conocida como Ley Goldman. La iniciativa fue impulsada por el representante Chris Smith (R-NJ). La ley surgió como respuesta a la situación de países calificados como "incumplidores" del Convenio de La Haya o de otras obligaciones para resolver casos de esta índole. La normativa faculta a Washington para retener ciertas ayudas y ejercer otras medidas de presión cuando un país se niega a devolver a los niños sustraídos.
La política anunciada el lunes no sustituye a la Ley Goldman.
"El Departamento trabaja de manera proactiva para prevenir sustracciones y facilitar el retorno rápido y seguro... de los niños sustraídos a su país de residencia habitual", declaró Rubio.
"Esta política añadirá una herramienta más al marco jurídico de EE. UU. para fomentar la rendición de cuentas cuando los países incumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Estamos comprometidos a proteger la seguridad y el bienestar de todos los niños estadounidenses".
