Según los analistas, una nueva ley promulgada recientemente por el régimen chino constituye un intento de legalizar sus operaciones de represión transnacional y genera un efecto intimidatorio entre los disidentes y los adversarios políticos dentro del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh).
El 6 de noviembre, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional —el órgano legislativo del régimen que actúa como mero instrumento de ratificación— aprobó la Ley contra la Corrupción Transfronteriza. Esta medida se adoptó tras la celebración del Quinto Pleno, la reunión política de mayor nivel del Partido, en la que se decidió "avanzar hacia una gobernanza plena y rigurosa" de la organización, con el fin de endurecer aún más la disciplina en un contexto en el que la purga interna sigue extendiéndose.
Según el régimen, esta ley codifica y consolida las operaciones de los organismos estatales de Beijing destinadas a localizar y repatriar a ciudadanos chinos sospechosos de corrupción que han huido al extranjero, así como a confiscar, más allá de las fronteras, los activos obtenidos de forma ilícita. Anteriormente, las operaciones del régimen chino en el exterior para traer de vuelta a los sospechosos —como las campañas "Caza del Zorro" (Fox Hunt) y "Red del Cielo" (Sky Net)— se basaban principalmente en grupos de trabajo creados por organismos específicos para casos concretos.
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Wang He, analista sénior radicado en Estados Unidos y columnista de The Epoch Times, señaló a dicho medio que, mediante la promulgación de esta nueva ley, el Partido Comunista Chino (PCCh) busca establecer una base legal para solicitar asistencia y cooperación a los gobiernos occidentales, al tiempo que intenta proyectar una imagen de respeto al estado de derecho.
"Los países democráticos occidentales no tienen tratados de extradición con el régimen comunista chino y, a menudo, rechazan sus peticiones de ayuda para capturar a sospechosos, debido a la falta de transparencia judicial del régimen, la persecución política contra disidentes y creyentes religiosos, la aplicación de la pena de muerte, el uso de la tortura y otras violaciones de los derechos humanos", indicó Wang He.
Wang Dan, reconocido disidente chino exiliado en Taiwán y líder del movimiento estudiantil democrático de 1989, afirmó en su programa de YouTube que la nueva ley "proporciona una fachada legal" a sus controvertidas operaciones en el extranjero.
Expresó su preocupación por el hecho de que la ley abarque presuntos actos de corrupción que trascienden las fronteras, lo cual podría dar margen a que los organismos encargados de hacer cumplir la ley en China amplíen sus interpretaciones sobre su propia jurisdicción.
Mediante esta ley, las autoridades chinas podrían poner en el punto de mira las transacciones financieras entre disidentes que residen en el extranjero y sus familiares o allegados en China, calificando a las personas involucradas como "sujetos de interés" en un caso; de este modo, utilizan las investigaciones económicas como una forma de presión, lo que genera un "efecto disuasorio" sobre ellos, señaló Wang Dan.
Heng He, analista sénior sobre China radicado en Estados Unidos y comentarista de actualidad, señaló a The Epoch Times que el régimen chino ha estado secuestrando y capturando a sus objetivos en el extranjero —lo que le ha valido críticas a nivel internacional— y que, por tanto, necesita con urgencia una nueva ley para legitimar tales operaciones.
En el pasado, el régimen chino llevó a cabo operaciones de "persuasión para el retorno" en el extranjero, las cuales incluían el acoso, las amenazas o la presión sobre familiares que permanecen en China, con el fin de obligar a los individuos en cuestión a regresar al país, indicó Heng.
"Ahora, la nueva ley facilitará que Beijing presente estas acciones como parte de la aplicación de la ley contra la corrupción", afirmó.
Personal de seguridad en la entrada antes de la sesión de clausura de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, el 11 de marzo de 2026. (Kevin Frayer/Getty Images)."Una herramienta para purgas políticas"
Zhang Ting, un abogado en China que utilizó un seudónimo por temor a represalias, declaró a The Epoch Times que la corrupción en el régimen chino deriva de la ausencia de mecanismos de control y contrapeso al poder, y que no puede resolverse mediante la promulgación de una ley más.Señaló que una ley anticorrupción de este tipo es "una herramienta para purgas políticas, la cual constituye una extensión de las luchas de poder dentro del PCCh".
Wang He observó que las campañas anticorrupción del PCCh son selectivas y se basan en la "lealtad política" de los funcionarios hacia los altos dirigentes; asimismo, el hecho de "tomar partido" en las luchas internas del PCCh sigue siendo un factor determinante a la hora de decidir quién es investigado y quién recibe protección.
"Cuando se trata de atacar a rivales políticos, Beijing puede movilizar a una gama más amplia de organismos gubernamentales para rastrear fondos y solicitar asistencia en el extranjero. La nueva ley se convertirá en un instrumento legalizado para las luchas de poder", afirmó.
Con información de Luo Ya.
