Un ciudadano chino y dos estadounidenses fueron acusados de conspirar para introducir de contrabando en China, a través de Tailandia, chips de inteligencia artificial sujetos a restricciones, según anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. el 25 de marzo.
Los fiscales federales declararón que los tres acusados presuntamente intentaron comprar chips informáticos sujetos a control de exportación por valor de millones de dólares a una empresa de hardware informático con sede en California para su envío sin obtener las licencias de exportación.
"El contrabando de tecnología avanzada como estos chips informáticos representa una amenaza directa para la seguridad nacional de EE. UU.", dijo Peter Ellis, agente especial interino a cargo de la oficina local del FBI en Atlanta. "Las personas acusadas en este caso intentaron eludir las leyes de exportación de EE. UU. para enviar tecnología sensible a adversarios".
Stanley Yi Zheng, de 56 años, de Hong Kong, fue detenido el 22 de marzo y se encuentra bajo custodia federal sin fianza a la espera de juicio.
Matthew Kelly, de 49 años, de Hopewell Junction, Nueva York, y Tommy Shad English, de 53 años, de Atlanta, se entregaron a las autoridades el 25 de marzo. Estaba previsto que comparecieran por primera vez ante la corte más tarde ese mismo día.
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Jason Sargenski, agente especial al mando de la Oficina de Investigaciones Criminales de Defensa de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, en la oficina regional del sureste, dijo que proteger la tecnología de defensa sensible frente a adversarios extranjeros es una prioridad máxima.
"Las tecnologías informáticas avanzadas, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU), desempeñan un papel fundamental en la inteligencia artificial militar y las capacidades de defensa nacional", declaró Sargenski en un comunicado. "Cuando hay personas que intentan adquirir o exportar ilegalmente esta tecnología con fines lucrativos, están poniendo en peligro la seguridad nacional y a nuestros combatientes".
Las autoridades federales alegan que Zheng, Kelly y English comenzaron a conspirar juntos aproximadamente en mayo de 2023, cuando intentaron obtener ilegalmente servidores informáticos con chips controlados para la exportación de una empresa de hardware informático con sede en California y enviarlos a Tailandia con destino final en China.
Según las autoridades federales, los tres utilizaron supuestamente los nombres de empresas con sede en Tailandia como compradores de los servidores informáticos, a pesar de que estos estaban destinados a ser desviados a China.
En octubre de 2023, English supuestamente actuó en nombre de una empresa con sede en Tailandia al encargar 750 servidores informáticos por unos 170 millones de dólares a la empresa californiana. Seiscientos de los ordenadores contenían un chip que figuraba en una lista especial de control comercial de EE. UU. que exigía una licencia para exportarlos a China.
Al realizar el pedido, English supuestamente firmó una declaración en la que certificaba que los servidores informáticos no estaban destinados a China ni a ningún otro país sujeto a requisitos de exportación más estrictos.
La fiscalía alega que, en enero de 2024, English transfirió al menos 20 millones de dólares a la empresa californiana como pago parcial del pedido de 2023.
Chips semiconductores en una placa de circuito de una computadora en esta imagen ilustrativa tomada el 25 de febrero de 2022. (Florencia Lo/Ilustración/Reuters)Sin embargo, el pedido de octubre de 2023 no se completó después de que una segunda empresa intentara verificar si el usuario final se encontraba en Tailandia, según documentos judiciales.
English supuestamente intentó entonces encargar otros 500 servidores informáticos en abril de 2024 que contenían chips sujetos a controles de exportación y firmó una declaración en la que indicaba que los servidores estaban destinados a una empresa con sede en Tailandia. Ese acuerdo también fracasó.
Los mensajes de texto y los correos electrónicos intercambiados entre los tres acusados durante las transacciones de venta llevaron a las autoridades federales a creer que los servidores se dirigían a China.
