Opinión
El artículo analiza cómo la administración Trump reformuló su estrategia arancelaria tras las restricciones impuestas por la Corte Suprema, utilizando nuevas bases legales para mantener su política comercial. Sostiene que estas medidas buscan fortalecer la industria estadounidense, reducir la dependencia de China y reforzar la estrategia de "América Primero".
Estados Unidos aplica ahora aranceles entre el 10 % y el 12.5 % a más de 60 países, en sustitución de un gravamen global por 150 días del 10 % que expiraba.
Después de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazara parte de los llamados "aranceles recíprocos" impuestos por el presidente Donald J. Trump con el uso de una ley que le avalaba, muchos creyeron que sería el final de la política económica trazada por la nueva dirección en la Casa Blanca.
El 20 de febrero, la Máxima Instancia judicial en el país consideró que el Ejecutivo no podía utilizar una ley de emergencia económica para ese tipo de gravámenes.
La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al presidente a imponer aranceles generales" sin una situación de crisis.
Algunos aliados mostraron entusiasmo por el dictamen, porque creyeron que podría ser el final para la imposición de gravámenes extraordinarios a socios comerciales; otros revelaron su asombro por la sentencia sobre una política económica justa (recíproca) para EE. UU., que puso en un limbo el dinero recaudado por los impuestos aduaneros, en medio de una transformación histórica del comercio mundial y la economía norteamericana.
Reducir la dependencia
El objetivo central: disminuir al máximo la dependencia de China y de fabricantes externos, una crisis que explotó durante la pandemia de COVID-19 y expuso los graves riesgos que avizoraron economistas por el sometimiento de la economía a un alto por ciento de factores externos, en particular en las últimas tres décadas.La decisión del Supremo excluyó los aranceles al acero, el aluminio, el níquel, los aplicados a la importación de semiconductores (chips) y los de la industria automotriz, considerados por el Alto Tribunal como estratégicos para la seguridad nacional de EE. UU.
El fallo desató una ola de demandas ante la Corte de Comercio Internacional por empresas que solicitaron el reembolso de los derechos de importación abonados en las aduanas.
Entre las grandes compañías que pidieron reembolsos se encuentran FedEx, la empresa cosmética Revlon, el productor de óptica EssilorLuxottica y el minorista Costco.
Se calcula que hay más de 2000 demandas arancelarias cursadas. De acuerdo con informes, el gobierno estadounidense tendría que devolver más de 100,000 millones de los llamados "impuestos recíprocos".
Hasta aquí, la situación se visualizaba como una derrota para la actual administración; sin embargo, la Casa Blanca tuvo una respuesta inmediata.
"Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que la Corte rechazó de forma equivocada", expresó el jefe de la Casa Blanca en una conferencia de prensa. Sin dar detalles, manifestó que estas opciones también aportarán mucho dinero.
Poder ejecutivo
El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, uno de los tres que refutaron la sentencia, expuso: "Ni el texto estatuario ni la Constitución fundamentan un fallo de este tipo contra el Presidente"."El Congreso autorizó al Presidente a regular la importación. Durante la historia del país se ha entendido que la autoridad para [regular la importación] incluye la autoridad por parte del Presidente para imponer aranceles a las importaciones".
"El significado de esta frase está fuera de toda duda posible cuando el Congreso promulgó esta ley, poco después de que los muy publicitados aranceles a las importaciones del presidente Nixon fueran confirmados con base en un lenguaje idéntico", señaló el alto magistrado.
Y continuó: "Por lo tanto, la ley en la que se basó el Presidente lo autorizó a imponer los aranceles. Dado que la Constitución asigna al Congreso muchas facultades que no implican la doctrina de no delegación, el Congreso puede delegar el ejercicio de muchas facultades al Presidente. Y el Congreso lo ha hecho repetidamente desde su fundación, [con la bendición de esta Corte]", concluyó Thomas.
Trump volvió a la carga.
Estados Unidos aplica desde el viernes 24 de julio aranceles entre el 10 % y el 12.5 % a más de 60 países, en sustitución de un gravamen global por 150 días del 10 %, que expiraba y que fue implementado por el presidente Trump tras la negativa de la Corte Suprema acerca de los “aranceles recíprocos”.
Los gravámenes de ahora llegan tras investigaciones sobre el uso de trabajo forzado, explicó la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en un comunicado.
Brasil y Canadá
"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99.4 % de las importaciones estadounidenses", explicó un comunicado oficial."El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las más de 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables".
Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.
Brasil es uno de los países que deberán abonar aranceles de hasta el 25 % en algunos productos, a causa de estas investigaciones.
Por su parte, a Canadá se le fijó el 50 % a muchas de sus exportaciones, debido al "trato discriminatorio" en automóviles, etanol y lácteos.
Según la Casa Blanca, los aranceles cubren una amplia variedad de productos, entre ellos vino y cemento.
América Primero
Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su informe que "el presidente Trump utiliza tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".
Contrario al caos que vaticinaron algunos analistas, los aranceles no dispararon en ningún momento la inflación y de no ser por los altos precios del barril de petróleo a causa de la ofensiva de EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán, los niveles inflacionarios se hubieran mantenido muy cercanos al 2 %, la meta trazada por la Reserva Federal de Jerome Powell después de la histórica crisis de precios generada por las políticas fallidas de Joe Biden, o quienes dirigieron realmente la Casa Blanca entre enero de 2021-2025.
Conclusión
Pese a los obstáculos judiciales, la administración Trump adaptó su política comercial para preservar los aranceles como herramienta de negociación, protección industrial y recaudación fiscal, reafirmando su enfoque de priorizar los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos.
Autor
Leonardo Morales Coca es un periodista y editor con más de 30 años de experiencia en la cobertura de asuntos políticos y económicos en el continente americano. Graduado de la Universidad de La Habana, inició su carrera en 1992 en la emisora CMHW Radio, en el centro de Cuba, antes de incorporarse en 2003 a The Miami Herald y El Nuevo Herald, donde se desempeñó como editor durante casi 16 años. Especializado en política y economía de Estados Unidos y del ámbito internacional, dirigió la cobertura de importantes acontecimientos globales y estuvo al frente del suplemento de 36 páginas de Bloomberg para El Nuevo Herald, ofreciendo análisis e información económica de profundidad. Morales también trabajó como productor y redactor para Univision, una de las principales cadenas de televisión en español de Estados Unidos. Desde 2020, se desempeña como editor de Política y Economía de Estados Unidos en Diario Las Américas, donde ha publicado cientos de artículos de investigación y análisis ampliamente citados por medios nacionales e internacionales, así como por instituciones académicas y centros de formulación de políticas públicas.El Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami es un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com
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