Esta es la tercera entrega de una serie de tres partes dedicada al análisis de la nueva Ley de China para la Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso. Lea la primera parte aquí y la segunda parte aquí.
Opinión
La presidenta de Taiwán no consideró la nueva ley china de unidad étnica como una cuestión lejana relacionada con los derechos humanos.
En un acto del partido celebrado en julio, el presidente Lai Ching-te advirtió que el Taiwán democrático no debe convertirse en el "Taiwán de China" y señaló que la nueva ley de Beijing forma parte de la creciente "guerra jurídica" de China. Según Reuters, Lai dijo que la ley proporciona a Beijing una base para actuar contra personas fuera de las fronteras de China. Esa es la forma correcta de interpretarla.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
La ley no se refiere únicamente a los tibetanos, uigures, mongoles, musulmanes hui u otras comunidades minoritarias dentro de la República Popular de China. También trata de quién tiene la potestad de definir la identidad china más allá del alcance de China.
La cláusula sobre el extranjero es la advertencia
El artículo 63 es breve, pero tiene gran peso. Según la traducción al inglés de China Law Translate, las organizaciones y personas fuera de China continental que cometan actos "dirigidos contra la República Popular de China" que socaven la unidad étnica o provoquen divisiones étnicas podrán ser objeto de acciones legales.La redacción de Beijing es intencionadamente amplia. No exige que haya violencia. No exige que exista una amenaza directa para la seguridad. Deja margen para que la libertad de expresión, la defensa de causas, la investigación, los testimonios, la organización cultural y la identidad política sean tratados como actos hostiles cuando cuestionan la narrativa nacional que prefiere Beijing.
Las autoridades chinas ya han defendido ese alcance. El 24 de junio, el viceministro de Justicia de China dijo que Beijing tiene derecho a actuar contra personas en el extranjero que infrinjan la ley y calificó la disposición de legal y necesaria.
Un comunicado oficial de la misma rueda de prensa señaló que la disposición estaba justificada y rechazó las críticas de que equivalía a una jurisdicción de "brazo largo". Esa negación es reveladora. Beijing no está dando marcha atrás en su pretensión de actuar en el extranjero. La está normalizando.
La preocupación ya no se limita a los activistas. Tras la entrada en vigor de la ley el 1 de julio, Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su inquietud por el hecho de que esta otorga a China una base jurídica para actuar contra personas más allá de sus fronteras, según un informe de Reuters del 2 de julio. Eso es importante.
Beijing convierte las críticas en "división"
El texto chino acentúa el peligro. El artículo 10 no se limita a rechazar la injerencia extranjera. Se opone a las fuerzas externas que utilizan la etnia, la religión o los derechos humanos para difamar y calumniar, contener y reprimir, así como para infiltrarse y socavar a China. Una traducción al inglés fluida puede hacer que eso suene como un lenguaje estándar contra la injerencia. En el uso político chino, tiene un peso mayor. Acusa a los críticos de difamar a China, manchar su reputación, contenerla y reprimirla, infiltrarse en ella y socavarla.Ese enfoque es importante porque convierte el escrutinio de los derechos humanos en una acción hostil. Un defensor uigur que testifique ante el Congreso puede ser presentado como parte de una campaña extranjera. Un exiliado tibetano que preserve su identidad religiosa puede ser tildado de separatista. Un defensor de los derechos lingüísticos de Mongolia del Sur puede ser acusado de dañar la unidad étnica. Un funcionario taiwanés puede ser retratado no solo como alguien que apoya la democracia, sino como alguien que rechaza la única identidad nacional que, según Beijing, debe prevalecer.
La ley encaja en un patrón más amplio
El Congreso ya ha documentado el mecanismo más amplio. Un informe de junio de 2026 de la Comisión Conjunta del Congreso y el Ejecutivo sobre China reveló que el régimen chino persigue a hongkoneses, uigures, tibetanos, antiguos funcionarios chinos y otros, mediante un conjunto de herramientas coercitivas a escala mundial que incluye agresiones físicas, acoso, amenazas a familiares en China, presión para que regresen y guerra jurídica.El artículo 63 ocupa un lugar en ese conjunto de herramientas. Proporciona a Beijing otra formulación jurídica con la que justificar el mismo comportamiento.
Manifestantes en apoyo a los uigures, tibetanos y hongkoneses participan en una protesta contra el Partido Comunista Chino mientras marchan por Regent Street hacia la Embajada de China en Londres el 1 de octubre de 2021. (Foto de Matt Dunham/AP).La amenaza no tiene por qué dar lugar a procesos judiciales para ser eficaz. Ese es el quid de la cuestión, que a menudo se pasa por alto. Un estudiante puede ausentarse de un acto en el campus. Un académico puede suavizar su testimonio. Un grupo de la diáspora puede evitar un lenguaje que Beijing pudiera calificar de separatista. Un funcionario local de un país democrático puede decidir que acoger a un ponente uigur, tibetano, mongol, de Hong Kong o de Taiwán no merece la pena por los problemas diplomáticos que podría acarrear.
La coacción suele funcionar cambiando el cálculo antes de que se presente ningún cargo.
Los mensajes internos de China también muestran la rapidez con la que se está aplicando la ley. En julio, el alto dirigente Wang Huning realizó una gira por el Tíbet, instando a la aplicación de la nueva ley de unidad étnica. Haciendo hincapié en la necesidad de estabilidad, pidió que el budismo tibetano se alineara más estrechamente con la sociedad socialista y las prioridades del Partido Comunista.
Esa señal interna tiene eco en el extranjero. Las comunidades tibetanas en el exilio suelen ser objeto de ataques precisamente porque conservan la identidad religiosa y cultural que Beijing intenta subordinar dentro del Tíbet.
El contraargumento no se sostiene
Beijing dirá que todos los países protegen la unidad nacional. Por supuesto, pero las democracias protegen la soberanía sin reclamar el derecho a definir la identidad de las personas que viven bajo otras jurisdicciones. Los ciudadanos extranjeros, los residentes permanentes, los refugiados, los periodistas, los profesores, el clero, los estudiantes o los activistas no se convierten en objetivos si rechazan la visión de la nación que propone el partido gobernante.No se trata de oponerse al separatismo dentro de sus fronteras. La cuestión es si Beijing puede convertir el discurso pacífico en el extranjero en un objetivo legal por el mero hecho de que dicho discurso cuestione la asimilación forzada, el control religioso o la identidad democrática de Taiwán. Ningún gobierno democrático debería aceptar esa premisa.
La expresión "unidad étnica" desempeña aquí un papel fundamental. Hace que la imposición suene a consenso y que la asimilación suene a armonía. Por eso es importante la diferencia en la traducción. El lenguaje dirigido al público anglófono parece de carácter administrativo.
Las democracias deben responder con claridad
Estados Unidos y sus socios deberían considerar el artículo 63 como una advertencia sobre la represión transnacional. Las comisiones del Congreso deberían preguntar a las agencias federales, a la comunidad de inteligencia y a los responsables de seguridad de los campus cómo están haciendo un seguimiento de los posibles usos de la ley contra las comunidades de la diáspora, los investigadores, los estudiantes y los grupos de la sociedad civil.
Las universidades deben estar preparadas para afrontar presiones en torno a eventos relacionados con el Tíbet, Xinjiang, Mongolia Interior, Hong Kong y Taiwán. Las fuerzas del orden locales deben comprender que las amenazas contra las comunidades de la diáspora pueden ser el resultado de la coacción de un Estado extranjero y no de disputas comunitarias ordinarias.
La respuesta también debe ser pública. Beijing se beneficia cuando la intimidación se lleva a cabo en silencio. Las democracias deben afirmar claramente que el testimonio, la investigación académica, la práctica religiosa, la preservación cultural y la defensa pacífica son actividades protegidas. Si los funcionarios chinos o sus representantes amenazan a las personas por ejercer esos derechos, la cuestión no es la unidad étnica, sino la represión extranjera.
La nueva ley de unidad étnica de China parte como una ley de asimilación interna. Se extiende a las aulas, los templos, las mezquitas, los libros de texto, las familias y los espacios públicos. A continuación, se dirige hacia el exterior, advirtiendo a las personas fuera de China que ellas también pueden ser juzgadas según el código de identidad de Beijing.
La advertencia de Lai no debe descartarse como mera política taiwanesa. Se trataba de una interpretación de la lógica de la ley. El régimen chino dice que puede actuar contra personas en el extranjero que violen su régimen de unidad étnica. Las democracias deben responder con la misma claridad: Aquí no.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
