La nueva ley de unidad étnica de China, que entró en vigor el 1 de julio, está generando críticas por parte de legisladores, defensores de los derechos humanos y grupos de minorías étnicas, quienes afirman que crea un marco legal para que Beijing expanda su control político más allá de las fronteras de China.

La nueva ley, conocida como Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso, codifica la visión del líder del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, de construir una "comunidad de la nación china" —un concepto político que, según los críticos, prioriza la conformidad ideológica por encima de la diversidad étnica, al tiempo que otorga al PCCh amplia discrecionalidad para actuar contra la disidencia.

Los opositores a la ley que hablaron con The Epoch Times afirman que esta va mucho más allá de la política étnica nacional. Señalan que varias disposiciones podrían utilizarse para justificar la campaña cada vez más agresiva de represión transnacional por parte de Beijing, al reivindicar jurisdicción sobre personas y organizaciones en el extranjero que critican las políticas étnicas del PCCh o defienden los derechos de las comunidades minoritarias de China.

La aplicación de la ley ha suscitado críticas internacionales inusualmente fuertes, entre ellas una resolución bipartidista presentada en la Cámara de Representantes de EE. UU. y advertencias de legisladores europeos y organizaciones internacionales de derechos humanos de que amenaza las libertades fundamentales tanto dentro como fuera de China.

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Entre las disposiciones más polémicas de la ley se encuentran los artículos 15 y 20, que exigen la promoción del chino estándar hablado y escrito del régimen y ordenan a las familias que eduquen a los niños para que amen al PCCh, al tiempo que prohíben las ideas consideradas perjudiciales para la unidad étnica.

Los artículos 62 y 63 han suscitado una preocupación aún mayor.

El artículo 62 tipifica como delito actividades tales como la "incitación" y el "apoyo" a conductas consideradas perjudiciales para la unidad étnica, al tiempo que deja esos términos en gran medida sin definir y sujetos a la interpretación del PCCh.

El artículo 63 va más allá, al establecer que las organizaciones y personas en el extranjero también pueden ser consideradas legalmente responsables si Beijing determina que han participado en actividades relacionadas con el "separatismo étnico" o en acciones que socavan la unidad étnica. La disposición no contiene limitaciones de nacionalidad ni geográficas, lo que ha llevado a los críticos a argumentar que el PCCh está ejerciendo autoridad legal más allá de las fronteras de China.

En el centro de la nueva ley se encuentra el concepto de la "comunidad de la nación china", un marco ideológico introducido por primera vez por Xi en 2014 y posteriormente consagrado en la Constitución del PCCh durante el XIX Congreso Nacional del Partido en 2017.

Bajo ese marco, Beijing está acelerando políticas que promueven la asimilación lingüística y cultural en regiones como el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior. Los disidentes chinos sostienen que esas políticas han reducido de manera constante el espacio público para las lenguas minoritarias, las prácticas religiosas y las identidades culturales distintivas.

La nueva ley refleja una tendencia más amplia bajo el mandato de Xi. Durante la última década, Beijing promulgó una serie de leyes que abarcan la seguridad nacional, el contraespionaje, la ciberseguridad, la gobernanza de Hong Kong y las sanciones extranjeras, ampliando la autoridad legal del Partido al tiempo que reduce el espacio para la disidencia política. La Ley de Unidad Étnica es la última incorporación a ese marco, y su aplicación extraterritorial la distingue.

Jiang Pinchao, editor con sede en Estados Unidos de la "Colección de Poesía del 4 de junio" y escritor cuyas obras han sido incluidas en los fondos de la Biblioteca del Congreso, declaró a The Epoch Times que la ley tiene menos que ver con la unificación de los grupos étnicos de China que con imponer la lealtad al PCCh.

"El PCCh solo permite el apoyo a una identidad política unificada", señaló Jiang. "En realidad, no se trata del pueblo han [chino] ni de ningún otro grupo étnico. En última instancia, se trata de crear lo que equivale a una 'etnia del Partido Comunista' que reemplace las culturas e historias tradicionales por la lealtad al Partido".

Temtselt Shobshuud, presidente de la Liga de Mongolia Interior para la Defensa de los Derechos Humanos y residente en Alemania, declaró a The Epoch Times que la nueva ley es "control y asimilación forzados envueltos en el lenguaje de la ley".

Señaló los cambios introducidos en Mongolia Interior en los últimos años, cuando el régimen amplió significativamente la enseñanza del mandarín en las escuelas, lo que provocó protestas generalizadas entre la población de etnia mongola. El régimen chino respondió con detenciones y una represión más amplia contra la disidencia.

Padres esperan afuera de una escuela en Tongliao, en la región de Mongolia Interior, al norte de China, el 10 de septiembre de 2020. (Noel Celis/AFP vía Getty Images).

Para los activistas del Tíbet, Xinjiang, Mongolia Interior, Hong Kong y la diáspora china en general, la preocupación radica en que la ley podría proporcionar un fundamento jurídico formal para la vigilancia, la intimidación y la presión que ejerce el PCCh sobre los familiares en China, así como para sus esfuerzos por silenciar las críticas en el extranjero.

Shobshuud señaló que los mecanismos de control anteriores del PCCh se centraban principalmente en las personas dentro de China, mientras que la presión en el extranjero solía ejercerse de manera discreta mediante el monitoreo, las amenazas u operaciones de influencia. La nueva ley, argumentó, supone una afirmación más abierta de que también se espera que las comunidades chinas en el extranjero y los críticos en el exterior se sometan a la autoridad del Partido.

"La ley toma lo que solía ser un lema político y lo convierte en un instrumento legal", afirmó. “La gente no la ve como una ley de unidad, sino como una ley abiertamente represiva.”

Joseph Shi, exconcejal municipal de Alberta, Canadá y activista prodemocrático que fue encarcelado en China tras la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989, declaró a The Epoch Times que la nueva ley parece estar diseñada, en parte, para desalentar las críticas en el extranjero al trato que Beijing da a las minorías étnicas y a sus políticas hacia Taiwán.

“Uno de los objetivos es la intimidación", señaló Shi. “El mensaje es que la gente debe dejar de expresarse en el extranjero y dejar de apoyar la igualdad de trato para los grupos minoritarios.”

Shobshuud señaló que la presión no se limitaría a los activistas de las minorías étnicas.

“No solo los tibetanos, los uigures y los mongoles sentirán esta presión”, afirmó. “Los activistas prodemocráticos chinos y de Hong Kong [fuera de China] también la sentirán cada vez más.”

Shi señaló que la gente "no debe dar por sentado que los ciudadanos de los [países] occidentales son inmunes".

"El PCCh ya ha demostrado anteriormente que está dispuesto a detener a extranjeros cuando considera que ello sirve a sus intereses políticos", afirmó.

Shi señaló la detención en 2018 de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor como evidencia de que Beijing ya ha tomado como blanco a ciudadanos extranjeros durante disputas políticas y diplomáticas.

También describió lo que denominó "presión indirecta" sobre políticos y activistas a través de familiares y redes comunitarias. Según Shi, a los críticos de Beijing que viven en Canadá les preocupa desde hace tiempo que sus familiares en Hong Kong o China puedan sufrir acoso o intimidación debido a las actividades que ellos realizan en el extranjero.

En distritos electorales con una gran población de habla china, señaló, los políticos a veces se enfrentan a intensas campañas de presión por parte de grupos alineados con Beijing, que van desde esfuerzos de cabildeo hasta oposición organizada durante las elecciones.

La policía antidisturbios detiene a un hombre mientras dispersa a los manifestantes que participaban en una marcha en contra de una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong el 1 de julio de 2020, en el 23.º aniversario de la transferencia de la ciudad de Gran Bretaña a China. (Dale De La Rey/AFP vía Getty Images).

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Dijo que recibió una llamada telefónica de un hombre que afirmaba ser un oficial de policía canadiense que investigaba una denuncia por conducir bajo los efectos del alcohol. La persona que llamó, quien hablaba inglés con fluidez, conocía el número de matrícula de Shi, el modelo y el color de su vehículo, la ruta aproximada de regreso a casa desde Calgary y la ubicación de su vivienda.

"Sonaba como un verdadero oficial de policía", dijo Shi. "[El nivel de detalle] fue lo que lo hizo aterrador".

Tras ponerse en contacto con la policía local, Shi dijo que le informaron de que no se había presentado ninguna denuncia por conducir bajo los efectos del alcohol en su contra y que ningún oficial lo había llamado. El incidente ocurrió poco después de que regresara de un evento público relacionado con Hong Kong el 1 de julio, lo que lo llevó a sospechar que la llamada tenía como objetivo ejercer presión psicológica.

Shi también describió lo que, en su opinión, fueron intentos de socavar su negocio. Explicó que regentaba un restaurante chino en una pequeña comunidad canadiense, donde su arrendador había renovado el contrato de arrendamiento en repetidas ocasiones.

Hace unos seis meses, dijo, la propiedad fue adquirida inesperadamente por una empresa con sede en Panamá a un precio que él consideró inusualmente alto, y el nuevo propietario se negó a renovarle el contrato de arrendamiento.

Por otra parte, Shi señaló que, hace aproximadamente cinco años, un empresario con estrechos vínculos con el consulado chino compró un hotel y un restaurante cercanos a pesar de su escasa rentabilidad, invirtió considerablemente en renovaciones y abrió un restaurante chino competidor en la zona.

The Epoch Times no pudo verificar de manera independiente esas acusaciones.

Shi afirmó que no podía demostrar que las transacciones estuvieran relacionadas con presiones políticas, pero cree que el momento y las circunstancias tenían la intención de enviar un mensaje.

"Para alguien con una influencia relativamente limitada, la cantidad de dinero involucrada parecía extraordinaria", dijo. "Eso es lo que lo hizo parecer inquietante".

En Estados Unidos, 14 legisladores de la Cámara de Representantes solicitaron el 30 de junio al secretario de Estado que condenara la legislación, argumentando que ampliaría los esfuerzos de Beijing por exportar su ideología a nivel internacional, autorizaría acciones dirigidas contra personas que viven en el extranjero —incluidas aquellas en Estados Unidos— y erosionaría aún más los derechos culturales y religiosos de las minorías étnicas de China.

"El mensaje de Beijing es escalofriante: abandonen su fe, olviden su idioma, obedezcan al Partido —o enfrenten un castigo, incluso en el extranjero", declaró el representante Chris Smith (R-N.J.) a The Epoch Times en un comunicado. "Esto no es unidad. Es tiranía, y convierte el borrado cultural y religioso en una política oficial".

El legislador alemán Michael Brand advirtió que la legislación amenaza la supervivencia cultural de los tibetanos, los uigures y otros grupos minoritarios, y la describió como una peligrosa política de asimilación forzada que podría sentar un preocupante precedente internacional.

Amnistía Internacional también expresó su preocupación por el lenguaje tan amplio de la ley.

Sarah Brooks, subdirectora regional de la organización, señaló que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, que defienda pacíficamente los derechos de las minorías étnicas de China podría ser acusada de socavar la "unidad étnica"

"La 'unidad' en este contexto no es la armonía entre diferentes comunidades, sino la alineación política e ideológica con el Partido Comunista Chino", afirmó Brooks. "En lugar de proteger la diversidad y la igualdad, la ley exige conformidad".

El diputado Chris Smith (R-N.J.), copresidente de la Comisión Conjunta del Congreso y el Ejecutivo sobre China, durante una audiencia en el Capitolio, en Washington, el 14 de mayo de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).

Durante ese período, Beijing incorporó cada vez más los conceptos políticos de Xi a la legislación y a las medidas de seguridad nacional, creando mecanismos legales para hacer cumplir prioridades ideológicas que anteriormente existían principalmente como directivas del Partido.

Jiang señaló que muchas de estas leyes persiguen un objetivo común: la disuasión a través del miedo.

“No se trata de leyes diseñadas para proteger a los ciudadanos”, afirmó. “Son leyes diseñadas por el PCCh para proteger al Partido y amedrentar a la gente hasta silenciarla”.

Cuestionó cómo una ley interna china podría regular legítimamente los pensamientos y la libertad de expresión de personas que viven en otros países, calificando la iniciativa de dudosa desde el punto de vista legal y reveladora desde el punto de vista político.

Jiang señaló que el objetivo de Beijing es disuadir las críticas generando incertidumbre sobre las consecuencias que podrían enfrentar quienes se expresen abiertamente en contra.

“Lo primero es no dejarse intimidar”, afirmó. “Las personas en el extranjero deben seguir ejerciendo las libertades de las que gozan. Si el PCCh intenta interferir con esos derechos en el extranjero, deben recurrir a las protecciones legales de los países donde residen”.

Shobshuud señaló que permanecer en silencio solo alentaría a Beijing a ampliar su alcance.

"Si la gente piensa que el PCCh es demasiado poderoso como para desafiarlo y deja de hablar, eso es exactamente lo que él quiere", afirmó.

"Quienes vivimos en sociedades libres y democráticas tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de alzar la voz. Muchas personas dentro de China no pueden expresar sus opiniones libremente. Debemos ayudar a que sus voces sean escuchadas".

El copresidente de la Comisión Conjunta del Congreso y el Ejecutivo sobre China (CECC), el diputado Chris Smith (R-N.J.), el presidente de la comisión, el senador Dan Sullivan (R-Alaska), y el diputado James McGovern (D-Mass.), escuchan los testimonios durante una audiencia en el Capitolio, en Washington, el 20 de noviembre de 2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).

Shobshuud, quien ha participado en el movimiento por los derechos de Mongolia del Sur durante más de cuatro décadas, describió la campaña como una que trasciende cualquier generación individual.

“He estado involucrado en este movimiento durante 46 años”, afirmó. “No puedo abandonarlo a mitad de camino simplemente por la intimidación. Las decisiones que tomemos hoy se convertirán en parte del legado que dejemos a la próxima generación”.

Shi, por su parte, argumentó que la concientización pública sigue siendo una de las respuestas más efectivas.

Alentó a las comunidades chinas en el extranjero a seguir interactuando con los legisladores y la sociedad en general, particularmente en los países occidentales, donde los gobiernos se han vuelto cada vez más conscientes de la represión transnacional vinculada a Beijing.

Hablando desde su experiencia en Canadá, Shi señaló que también insta a los líderes empresariales locales a reducir su dependencia del mercado chino, argumentando que la influencia económica se ha convertido en una de las herramientas políticas más efectivas de Beijing.

“Las empresas deben planificar con anticipación”, afirmó. “Nadie debería diseñar una estrategia comercial que dependa por completo del acceso al mercado chino, ya que el PCCh podría modificar [sus políticas] en cualquier momento”.

Con información de Gu Tong y Yi Ru.