Este es el primer artículo de una serie de tres partes que analiza la nueva Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso de China. Lee la primera parte aquí.
Comentario
La primera parte de esta serie analizó el peligro central de la nueva Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso de China: el Partido Comunista Chino (PCCh) no se limita a hacer un llamado a la armonía entre los grupos étnicos. Está incorporando a la legislación nacional un proyecto de identidad dirigido por el Estado.
La segunda parte se centra en los sistemas vulnerables. La ley apunta hacia las instituciones que todo sistema autoritario termina por intentar controlar: escuelas, idioma, religión, cultura, vivienda, empleo, medios de comunicación y espacio público. La intención de Beijing es construir una narrativa según la cual su uso del control tiene como fin la unidad, el desarrollo y el progreso.
El artículo 12 es el punto de partida. Según la traducción al inglés de China Law Translate, el Estado debe proporcionar una educación que guíe a las personas de todos los grupos étnicos a adoptar los puntos de vista "correctos" del Estado sobre la historia, la etnicidad, la cultura y la religión.
Esa palabra —"correctos"— no es un relleno. En las sociedades democráticas, la historia, la cultura y la religión son objeto de debate entre familias, académicos, clérigos, comunidades, periodistas y ciudadanos. En la China de Xi Jinping, el Estado se arroga el poder de determinar de antemano cuál es la interpretación correcta.
El Estado no les pide a los estudiantes que reciban una educación amplia. Les ordena que asimilen los puntos de vista aprobados por el PCCh sobre la nación, la historia, la etnicidad, la cultura y la religión. Una vez que el Estado controla esas categorías, la identidad de las minorías queda relegada a un segundo plano. Se puede promover el idioma, la vestimenta y la cultura local con fines turísticos. Pero el significado de esa identidad le pertenece al Partido.
Es por eso que la educación ocupa un lugar central en la ley. El artículo 16 ordena a las escuelas que incorporen "la forja de un fuerte sentido de comunidad del pueblo chino" a lo largo de todo el proceso educativo y que utilicen libros de texto unificados a nivel nacional.
El artículo 15 establece que la lengua y la escritura comunes a nivel nacional —el mandarín— son el idioma básico de la educación y el uso oficial, al tiempo que exige que el mandarín ocupe un lugar destacado cuando se utilice junto con las lenguas de las minorías. Reuters informó que la ley da prioridad al mandarín en las escuelas y en los ámbitos oficiales, y exige que se le dé mayor prominencia que a las lenguas minoritarias cuando ambas coexistan.
Beijing describirá esto como integración. Las familias que viven bajo este régimen son más propensas a experimentarlo como una jerarquía.
La ley establece que las lenguas minoritarias son respetadas y protegidas, pero el mandato operativo apunta en la dirección opuesta. El mandarín se convierte en el idioma de la educación, el gobierno, el empleo, el ascenso profesional y la legitimidad oficial. Las lenguas minoritarias pueden permanecer como marcadores del patrimonio cultural, pero el mandarín es el que tiene el poder.
Así es como suele funcionar la asimilación en una burocracia moderna. No tiene por qué comenzar con una prohibición total. Puede hacer que un idioma sea menos útil para el niño, menos visible en la vida pública, menos relevante para las oportunidades y menos central en la educación, hasta que los padres comiencen a darse cuenta de que la supervivencia cultural tiene un costo.
La Comisión Conjunta del Congreso y el Ejecutivo sobre China (CECC) advirtió que el proyecto de ley intensificaría la asimilación lingüística y cultural al impulsar la enseñanza del mandarín para los niños de las minorías a partir del preescolar e incorporar una educación ideológica que prescribe una única interpretación "correcta" de la historia, la etnicidad, la cultura y la religión, tal como las define el PCCh.
Esa advertencia no era especulativa. Describía un marco ya visible en el Tíbet, Mongolia Interior, Xinjiang y las comunidades musulmanas hui.
El Tíbet muestra cuán temprano está dispuesto a comenzar el Estado. El informe de 2026 de Human Rights Watch, "Comenzar con los niños más pequeños", reveló que las autoridades chinas están utilizando políticas de preescolar y jardín de niños para integrar a los niños tibetanos en una educación impartida en mandarín y en la instrucción ideológica.
El informe también describe una directiva del Ministerio de Educación de 2021 que exige a los jardines de niños en zonas de minorías étnicas utilizar el mandarín estándar para la enseñanza y el cuidado de los niños. En este modelo, la asimilación comienza antes de que un niño pueda leer y mucho antes de que pueda comprender lo que se le está quitando.
Un hombre budista tibetano le ajusta el sombrero a un niño vestido con ropa tradicional durante una visita al Palacio del Potala, sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, en el marco de una visita organizada por el Estado en Lhasa, Tíbet, China, el 16 de junio de 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)El efecto va más allá del vocabulario. El diario The Guardian, al informar sobre las conclusiones de Human Rights Watch, citó a padres e investigadores tibetanos que afirmaban que los niños regresaban del preescolar reacios o incapaces de hablar tibetano, y que algunos incluso se identificaban como chinos en lugar de tibetanos.
No se trata simplemente de una sustitución de idioma. Es un desarraigo emocional y cultural. Un niño que tiene dificultades para comunicarse con sus abuelos no puede heredar plenamente los recuerdos. Un niño al que se le enseña que el mandarín es el idioma del progreso y que el tibetano es el idioma del hogar aprende sobre jerarquías antes que sobre política y puede comenzar a menospreciar a sus padres que no dominan el mandarín.
Los informes del Congreso refuerzan esa preocupación. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) sobre los derechos humanos en China afirma que Beijing sigue sustituyendo la enseñanza y los libros de texto en tibetano por materiales en chino y, según se informa, envió a casi un millón de niños tibetanos a internados estatales donde se imparte la enseñanza en chino y se promueve la cultura han.
Esto no es una educación bilingüe común y corriente; es el adoctrinamiento de una cultura y la eliminación de otra. Es un sistema que debilita las instituciones que impulsan a un pueblo hacia adelante.
La religión recibe un trato similar. El artículo 46 de la nueva ley exige que los grupos religiosos, las escuelas religiosas y los lugares de culto se adhieran a la "sinización" de la religión. La frase puede sonar cultural, casi inofensiva, pero no lo es.
En la práctica, la "sinización" significa que la vida religiosa debe ajustarse a la identidad nacional definida por el PCCh, a la sociedad socialista y a la seguridad del Estado. Toda autoridad religiosa independiente se vuelve sospechosa porque ofrece un significado más allá del Partido.
Los musulmanes hui ya han sentido esa presión. El Informe Anual 2025 de la CECC describió la represión de la expresión islámica a través de campañas de sinización, presiones contra las mezquitas, detenciones de imanes y control estatal sobre la interpretación religiosa.
El informe también describe la detención, en diciembre de 2024, del imán hui Ma Yuwei en Yunnan, seguida de protestas públicas y una respuesta de seguridad que involucró a la policía, personal militar, puestos de control, inhibidores de comunicaciones e interrogatorios a los musulmanes hui. Bajo la nueva ley, este tipo de coacción religiosa puede reinterpretarse como la labor de unidad étnica del PCCh.
Xinjiang sigue siendo la advertencia más clara de hasta dónde puede llegar esta lógica. Los informes del CRS describen severas restricciones a la vida religiosa y cultural de los uigures, detenciones masivas, adoctrinamiento político, trabajo forzado y traslados coercitivos. Beijing insiste en que estas políticas protegen la estabilidad y combaten el extremismo.
La ley de unidad étnica le da a ese mismo marco un vocabulario nacional más amplio: la cultura independiente se convierte en un riesgo, la autonomía religiosa en una vulnerabilidad, la crítica en división y la asimilación en progreso.
El espacio público también forma parte de la maquinaria. El artículo 14 instruye a los gobiernos locales a destacar los símbolos culturales chinos compartidos en las instalaciones públicas, la arquitectura, las exhibiciones paisajísticas, los nombres de lugares y las actividades públicas. Esto puede parecer algo superficial. No lo es. El espacio público enseña qué historia es oficial, qué símbolos se ensalzan y qué identidad llega a definir la narrativa nacional.
Por eso debe tratarse con cautela el lenguaje de la ley sobre un "hogar espiritual compartido". Un hogar no es compartido cuando una sola autoridad decide qué partes de una cultura quedan fuera de la imagen final. Si bien el PCCh quiere que el mundo vea una ley de integración, el texto apunta a un sistema de asimilación.
Un Estado que puede reorganizar legalmente el idioma, la religión, la memoria y la infancia en nombre de la unidad está revelando cómo entiende el poder. También está mostrando cómo podría tratar a cualquier población, tanto en el país como en el extranjero, que rechace la identidad que Beijing le asigna.
En la tercera parte se examinará ese peligro externo. El artículo 63 extiende la lógica de la ley más allá de las fronteras de China, amenazando con responsabilidad legal a las organizaciones y personas fuera del país que presuntamente socaven la unidad étnica o generen división étnica.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
