Opinión:
En China existe un término para referirse a la estafa cuando la víctima es extranjera: 杀洋盘 — sha yang pan, o "matar al extranjero". Es una expresión desagradable, y ese es precisamente el objetivo.
La expresión surgió a partir de 杀猪盘, el modelo de estafa conocido como "matanza de cerdos", en el que se prepara a la víctima, se le hace creer en una intimidad falsa o en una oportunidad falsa, y luego se le despluma financieramente. En sha yang pan, el objetivo cambia. El estafador ya no solo busca a una víctima. Busca al extranjero.
Beijing sabe cómo actuar
A Beijing le gusta presentarse como víctima del fraude transfronterizo y como socio responsable en la lucha contra este. Sin embargo, esa imagen se desmorona ante un análisis minucioso. Las autoridades sí toman medidas enérgicas, pero solo cuando el problema amenaza los intereses del Partido Comunista Chino (PCCh).
Cuando los complejos de estafas en Birmania (Myanmar) se convirtieron en una amenaza directa para los ciudadanos chinos, la estabilidad interna de China y las prioridades de control fronterizo de Beijing, la respuesta fue rápida y contundente. En mayo de 2024, el Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que, desde julio de 2023, más de 49,000 sospechosos de fraudes en telecomunicaciones e Internet habían sido entregados a la custodia china desde Birmania. El ministerio celebró la medida, afirmando que se habían asestado "golpes devastadores" a los principales grupos criminales.
La rapidez y el éxito demuestran que las autoridades chinas pueden ejercer presión sobre los gobiernos vecinos. Pueden coordinar repatriaciones masivas. Incluso pueden trasladar a sospechosos a través de las fronteras a escala industrial. La demora puede acarrear un alto costo. Por lo tanto, cuando Beijing quiere actuar, actúa.
Esa misma urgencia desaparece cuando las víctimas principales son estadounidenses, europeos, japoneses, indios, australianos u otros extranjeros. Las redes se adaptan, se desplazan, se fragmentan y luego se reconstituyen. Algunas regresan a China en células más pequeñas, dirigiéndose a extranjeros del continente.
El límite de la aplicación de la ley
Estas tendencias y la indiferencia de Beijing ante su impacto son temas que el PCCh preferiría mantener ocultos. Sin embargo, su sistema de aplicación de la ley trata a las víctimas extranjeras como una prioridad menor, y la evidencia es ahora demasiado obvia como para ignorarla.
Las víctimas de los centros de estafa se suben a un bote para cruzar el río hacia Tailandia en la frontera entre Birmania y Tailandia, en Myawaddy, Birmania, el 12 de febrero de 2025. (STR/AFP vía Getty Images).El término sha yang pan pone de manifiesto el límite en el propio lenguaje de los delincuentes. Según el USCC, algunos estafadores involucrados en esquemas dirigidos a extranjeros han minimizado la gravedad de sus actos argumentando que las víctimas no son chinas. En un caso citado, los sospechosos que tenían como objetivo a hombres japoneses supuestamente dijeron: "Los chinos no estafan a los chinos". De hecho, en grupos de chat y redes sociales se les elogiaba como activistas antijaponeses en lugar de condenarlos como delincuentes.
Esa actitud no representa a todos los ciudadanos chinos. Sin embargo, sí refleja algo que el PCCh ha permitido que se extienda: una cosmovisión criminal en la que el sufrimiento de los extranjeros importa menos, las pérdidas de los extranjeros importan menos y el riesgo de ser sancionado disminuye cuando las víctimas viven fuera de China.
El caso del Grupo Prince pone de manifiesto el problema de la protección
El caso del Grupo Prince en Camboya muestra por qué las negativas de Beijing deben ser recibidas con escepticismo. No se trataba de un grupo disperso de ladrones en línea que se escondían detrás de computadoras portátiles. Los fiscales estadounidenses describen una extensa organización criminal construida en torno a complejos de trabajo forzado, fraude con criptomonedas, protección política, empresas fantasma y un supuesto acceso a canales de seguridad chinos.En octubre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos contra Chen Zhi, presidente de Prince Group, alegando que dirigía redes de estafa que utilizaban mano de obra traficada y forzada para defraudar a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo mediante esquemas de inversión en criptomonedas. El DOJ también solicitó el decomiso de aproximadamente 15 mil millones de dólares en bitcoins, lo que constituye una de las acciones de decomiso más grandes en la historia de Estados Unidos.
El Tesoro de EE. UU. y el Reino Unido respondieron con sanciones coordinadas contra entidades vinculadas al Grupo Prince. El Tesoro designó al Grupo Prince como una organización criminal transnacional y señaló que la red operaba redes de estafa, lavaba ganancias ilícitas a través de empresas fantasma y se valía del trabajo forzado y la trata de personas para alimentar el fraude en línea. Según informes, los estadounidenses perdieron más de 10 mil millones de dólares a causa de operaciones fraudulentas con sede en el sudeste asiático en 2024.
La magnitud es asombrosa. El supuesto sistema de protección es aún peor.
La magnitud es abrumadora, pero la magnitud por sí sola no es lo más importante. Lo es el sistema de protección. Al parecer, el Grupo Prince sobrevivió porque no operaba en el vacío. Se encontraba dentro de un ecosistema regional permisivo en el que los funcionarios corruptos, la infraestructura privada, las finanzas ilícitas y la débil aplicación de la ley se reforzaban mutuamente.
Ahí es donde la responsabilidad de China se vuelve más difícil de eludir. Beijing no necesitaba dar su visto bueno público a la operación para que los actores vinculados a China se beneficiaran de la protección que la rodeaba. El problema es el entorno que el PCCh ayudó a crear, la aplicación de la ley que decidió no priorizar y las redes que, según se alega, creían que los vínculos de seguridad con China podrían protegerlas cuando la presión aumentara.
La acusación del Departamento de Justicia (DOJ) describe presuntos sobornos a cambio de avisos previos de redadas y comunicaciones con un funcionario de seguridad chino que afirmó poder ayudar a que los socios "salieran del apuro".
Beijing no necesita dirigir directamente la operación SCAM para que el sistema sirva a los intereses del poder criminal chino. Solo tiene que aplicar la ley de manera selectiva, tolerar zonas grises que le resulten útiles y actuar con mayor dureza cuando los intereses del PCCh estén en riesgo.
Los trabajadores se reúnen con su equipaje tras abandonar las instalaciones de un presunto centro de estafas en Sihanoukville, Camboya, el 15 de enero de 2026. (Tang Chhin Sothy/AFP vía Getty Images).Birmania es la clave
El PCCh busca aplausos por la represión en Birmania. Sin embargo, merece un análisis minucioso por lo que dicha represión revela.Si el PCCh puede ayudar a sacar de Birmania a decenas de miles de sospechosos de fraude cuando están en juego los ciudadanos chinos, la estabilidad de China y los intereses fronterizos del país, entonces no puede alegar de manera creíble que se encuentra impotente cuando las redes vinculadas a China perjudican a familias estadounidenses, a los sistemas financieros occidentales y a los trabajadores víctimas de trata en todo el sudeste asiático.
Los últimos reportajes refuerzan este punto. Más de un año después de que una operación multinacional liberara a miles de personas de complejos cercanos a la frontera de Birmania con Tailandia, se cree que miles más siguen atrapados en centros de estafa en la misma región. Estos detalles son políticamente condenatorios: la presión es esporádica, la aplicación de la ley es selectiva y las víctimas extranjeras siguen siendo las bajas de menor costo.
Es por eso que sha yang pan debe ocupar un lugar central en esta historia. La “masacre de extranjeros” nos revela cuál es, según los delincuentes, el límite. Birmania demuestra que Beijing puede hacer cumplir la ley cuando así lo decide. El Grupo Prince muestra cómo estas redes sobreviven gracias a la protección y la corrupción.
El régimen chino desea obtener los beneficios de la legitimidad global sin asumir las cargas que conlleva la responsabilidad global. Su represión en Birmania demuestra de qué es capaz Beijing cuando están en juego los intereses del Partido Comunista Chino. Su tolerancia hacia las redes de estafas dirigidas a extranjeros muestra lo que decide no hacer cuando las víctimas son estadounidenses, occidentales o políticamente prescindibles.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
