Mahmoud Khalil, graduado de la Universidad de Columbia y activista propalestino que fue detenido durante más de tres meses a principios de este año, ha presentado una demanda en la que reclama 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios al gobierno de Trump, alegando que fue encarcelado injustamente, procesado de forma maliciosa y difamado públicamente como antisemita como parte de una campaña con motivaciones políticas para silenciar su activismo.
Según The Associated Press, la demanda es un paso previo a una posible demanda federal en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite a los particulares reclamar daños y perjuicios por los daños causados por funcionarios federales que actúan de forma ilegal. Khalil declaró al medio que, en lugar de una indemnización económica, aceptaría una disculpa oficial y el abandono de las políticas del gobierno que, según él, tenían como objetivo el discurso propalestino.
En respuesta a las preguntas sobre las acusaciones de Khalil, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, acusó a Khalil de convertirse en antisemita por sus acciones tras el ataque del 7 de octubre de 2023 del grupo terrorista palestino Hamás contra Israel.
"La afirmación de Mahmoud Khalil de que los funcionarios del DHS lo tildaron de antisemita y lo aterrorizaron a él y a su familia es absurda", declaró McLaughlin a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico. "Fue Khalil quien aterrorizó a los estudiantes judíos en el campus. Él mismo se 'tildó' de antisemita a través de su propio comportamiento y retórica llenos de odio".
McLaughlin añadió que recibir un visado o una tarjeta de residencia para vivir y estudiar en Estados Unidos es un privilegio y que la Administración Trump actuó "dentro de su autoridad legal y constitucional para detener a Khalil, al igual que lo hace con cualquier extranjero que defienda la violencia, glorifique y apoye a terroristas, acose a judíos y dañe propiedades".
Mientras tanto, la batalla legal de Khalil por su deportación continúa en los tribunales federales. El 9 de julio, los abogados de Khalil presentaron una moción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva Jersey para impedir que la Administración Trump lo deportara por lo que él alega que es un nuevo cargo de inmigración en represalia.
La moción, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y varios grupos legales, solicita al tribunal una orden judicial preliminar que prohíba a las autoridades de inmigración estadounidenses detener o expulsar a Khalil basándose en un nuevo cargo que lo acusa de falsear los hechos en su solicitud de tarjeta de residencia.
Los abogados de Khalil argumentaron en un memorándum en apoyo de su moción que el nuevo cargo de inmigración se presentó solo después de que un juez federal bloqueara el intento inicial del gobierno de deportarlo bajo un motivo de "política exterior" raramente utilizado, que alegaba que su activismo propalestino amenazaba los intereses de Estados Unidos. Los abogados sostienen que la nueva acusación es un intento inconstitucional de castigar a Khalil por sus declaraciones y su impugnación legal.
"Las acusaciones infundadas y a posteriori de la Administración Trump contra Mahmoud Khalil no son más que una nueva represalia por su defensa abierta de los derechos humanos palestinos", afirmó Amy Belsher, directora de Litigios por los Derechos de los Inmigrantes de la NYCLU, en un comunicado. "Estas acusaciones endebles solo ponen de manifiesto el carácter selectivo de su detención y los continuos intentos de silenciarlo y expulsarlo. Ya es hora de que el gobierno renuncie a sus ataques ilegales contra Mahmoud y su familia".
Khalil, de 30 años, era un destacado portavoz de los estudiantes que protestaban en la Universidad de Columbia contra las operaciones militares de Israel en Gaza tras el atentado terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unos 1200 israelíes, en su mayoría civiles. Fue detenido en marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nueva York, en virtud de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump con el objetivo de responsabilizar a las personas acusadas de participar en actividades proterroristas o antisemitas en los campus universitarios.
Khalil permaneció detenido durante más de 100 días en un centro de detención en Jena, Luisiana, antes de ser puesto en libertad bajo fianza en junio. No se le han presentado cargos penales.
Se le canceló la tarjeta de residencia y se le inició un proceso de deportación por dos motivos legales diferentes.
Uno de los motivos se basaba en una sección de la legislación estadounidense que permite al gobierno deportar a una persona si el secretario de Estado considera que su presencia tiene "graves consecuencias adversas para la política exterior" de Estados Unidos. En junio, un juez federal impidió al gobierno utilizar ese argumento para detener a Khalil, al considerar que su detención continuada causaría un daño irreparable a su carrera y coartaría su libertad de expresión política.
Horas después de ese fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó al tribunal de que Khalil estaba detenido únicamente por el segundo cargo: la supuesta tergiversación intencionada de hechos relevantes en su solicitud de tarjeta de residencia, en virtud de disposiciones legales que establecen que una persona puede ser deportada si ha realizado declaraciones falsas o engañosas en sus documentos de inmigración.
Dos exjueces de inmigración presentaron declaraciones el 9 de julio criticando el cargo de tergiversación. Uno de ellos calificó el segundo cargo de "inusual" y sugirió que se trata de un pretexto para mantener detenido a Khalil y expulsarlo "a toda costa". Otro dijo que el cargo "no estaba respaldado en absoluto por las pruebas y la jurisprudencia" y que debería ser revocado en apelación.
En su última moción, Khalil solicita una orden judicial que prohíba al DHS detenerlo o expulsarlo basándose en el cargo de tergiversación y que impida a los funcionarios de inmigración y a los tribunales utilizar ese cargo en cualquier procedimiento de expulsión mientras se tramita su caso.
El caso de Khalil sigue pendiente tanto en los tribunales federales como en los de inmigración, y la Administración Trump ha presentado recursos contra las sentencias anteriores favorables a Khalil.
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