Un juez federal le prohibió el jueves a la administración Trump aplicar la orden ejecutiva del presidente que limita la ciudadanía por nacimiento en todo el país, pocas semanas después de que la Corte Suprema restringiera la capacidad de los jueces para dictar tales medidas cautelares.
El juez federal Joseph LaPlante anunció su decisión tras una audiencia de una hora y dijo que emitirá una orden por escrito. La orden incluirá una suspensión de siete días para permitir la presentación de apelaciones, dijo.
«Es un daño irreparable» quitar la ciudadanía por nacimiento, dijo en el tribunal, según los periodistas presentes en la sala. «Es el mayor privilegio que existe en el mundo».
El presidente Donald Trump emitió en enero una orden que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento a las personas nacidas en Estados Unidos de padres inmigrantes ilegales. Varios jueces federales han dictado órdenes judiciales contra la orden desde que se emitió, mientras que la Corte Suprema invalidó esas órdenes judiciales al dictaminar que los tribunales inferiores no pueden dictar órdenes generales que bloqueen órdenes a nivel nacional.
El tema en cuestión es la 14.° Enmienda de la Constitución, que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos».
La demanda, presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles y otros demandantes, argumentaba que la orden ejecutiva viola la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y contraviene décadas de jurisprudencia sobre cómo tratar la ciudadanía por nacimiento.
Sin embargo, los abogados de la Administración Trump argumentan que, según ese texto, Estados Unidos puede denegar la ciudadanía a los hijos de mujeres inmigrantes ilegales debido a la frase «sujetas a su jurisdicción».
«Las impresiones erróneas anteriores sobre la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha afectado negativamente a la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país», afirmaron los abogados del gobierno en documentos judiciales presentados a principios de este año, en nombre de la administración Trump.
Los abogados añadieron: «La Constitución no contiene ninguna cláusula que otorgue la ciudadanía estadounidense a [...] los hijos de quienes han eludido (o desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración».
La administración Trump y el propio presidente argumentan que la cláusula de ciudadanía de la 14.° Enmienda se refería a los antiguos esclavos negros poco después de la Guerra Civil, cuando se ratificó la enmienda.
Treinta años más tarde, a Wong Kim Ark, un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos, se le denegó la reentrada en el país después de viajar al extranjero. Su demanda llevó a la Corte Suprema a dictaminar que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente de la situación legal de sus padres.
La demanda fue presentada en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. Es uno de los numerosos casos que impugnan la orden de Trump de enero que niega la ciudadanía a los hijos de padres que viven en Estados Unidos de forma ilegal o temporal. Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros.
En su demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles escribió en nombre de los demandantes que «los redactores de la Decimocuarta Enmienda consagraron específicamente este principio en el texto de nuestra Constitución para garantizar que nadie, ni siquiera el presidente, pudiera negar a los niños nacidos en Estados Unidos su legítimo lugar como ciudadanos».
«Lo hicieron con pleno conocimiento y con la intención de proteger a los hijos de los inmigrantes, incluidos aquellos que se enfrentan a la discriminación y la exclusión», afirmaron los abogados del grupo.
El mes pasado, la Corte Suprema dictaminó por 6 votos contra 3 que los jueces federales carecen de autoridad para dictar medidas cautelares a nivel nacional, aunque los nueve magistrados no se pronunciaron sobre el fondo de la orden de Trump acerca de la ciudadanía por nacimiento.
Con esta decisión, los casos sobre la ciudadanía por nacimiento volvieron a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo modificar sus órdenes para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema. La aplicación de la política no podrá tener lugar hasta dentro de 30 días, según escribió la Corte Suprema.
Tras el fallo del tribunal, Trump les dijo a los periodistas en la Casa Blanca a finales de junio que seguiría adelante con su agenda política y afirmó que tenía una «lista completa» elaborada.
La lista incluye políticas sobre «la ciudadanía por nacimiento, el fin de la financiación de las ciudades santuario, la suspensión del reasentamiento de refugiados, la congelación de fondos innecesarios, impedir que los contribuyentes federales paguen las cirugías de reasignación de género y muchas otras prioridades del pueblo estadounidense», afirmó.
Con información de The Associated Press.
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