Un grupo bicameral de legisladores republicanos propuso una ley para volver a incluir a un Instituto Policial Forense chino en la lista de sanciones comerciales, acusando a la agencia de estar involucrada en violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Partido Comunista Chino (PCCh).
La ley, denominada «Ley para hacer frente a los violadores de los derechos humanos del PCCh», fue presentada el 15 de mayo. El proyecto de ley del Senado (S 1772) fue liderado por el senador Rick Scott (R-Fla.) y copatrocinado por los senadores Marsha Blackburn (R-Tenn.) y Josh Hawley (R-Mo.), mientras que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes (HR 3461) fue liderado por los representantes Andy Ogles (R-Tenn.) y John Moolenaar (R-Mich.).
Si se promulga, la legislación redesignaría el Instituto de Ciencias Forenses (IFS) del Ministerio de Seguridad Pública del PCCh en la lista de entidades del Departamento de Comercio. La primera administración Trump incluyó al instituto en la lista en 2020 por presuntos abusos contra los uigures y otros grupos minoritarios en la región oriental de Xinjiang, en China.
La administración Biden eliminó el IFS de la lista de sanciones en noviembre de 2023, en un acuerdo para que el régimen chino hiciera más por detener la salida de precursores del fentanilo.
«El Instituto de Ciencias Forenses del Partido Comunista Chino desempeña un papel clave en el estado de vigilancia del régimen, permitiendo directamente el internamiento masivo, los trabajos forzados y la opresión con tecnología punta de los uigures y otras minorías musulmanas», afirmó Scott en un comunicado el 15 de mayo.
«Este laboratorio apoyó activamente la campaña de genocidio del PCCh mediante la recopilación de datos biométricos y el seguimiento forense, y se ganó con razón su lugar en la lista de entidades hace años».
«Reincorporarlo a la Lista de Entidades es una medida fundamental para impedir que la tecnología estadounidense ayude a los crímenes de la China comunista».
En una publicación en la plataforma de redes sociales X en noviembre de 2023, el grupo de defensa con sede en Alemania, Congreso Mundial Uigur afirmó que el IFS «posee ADN recogido de forma involuntaria de millones de uigures y tibetanos».
Tanto la administración Trump como la Biden declararon oficialmente que el trato del régimen chino a la minoría étnica uigur constituye «genocidio» y «crímenes contra la humanidad».
«Debemos seguir exigiendo responsabilidades al Instituto de Ciencias Forenses del Partido Comunista Chino por sus acciones abusivas y genocidas contra su propio pueblo», afirmó Blackburn en una declaración del 15 de mayo.
Blackburn añadió que volver a incluir al instituto en la lista de sanciones reafirmaría «la determinación de Estados Unidos de exigir responsabilidades a los violadores de los derechos humanos».
El proyecto de ley establece que también se añadirán a la lista de sanciones dos alias del instituto, el Centro de Identificación Forense y el Centro de Identificación de Materiales.
«El Partido Comunista Chino es tan malvado como se puede ser, y su Instituto de Ciencias Forenses no es una excepción. Desde el genocidio y el espionaje hasta la sustracción forzada de órganos, este régimen no es amigo de Estados Unidos», afirmó Ogles en una declaración del 15 de mayo.
En 2019, el Tribunal sobre China de Londres concluyó que el PCCh sustrajo órganos de forma forzada a presos de conciencia durante años «a gran escala», siendo los practicantes de Falun Gong la «fuente principal» de órganos humanos.
El PCCh lleva más de dos décadas persiguiendo a Falun Gong, sometiendo a sus practicantes a trabajos forzados, encarcelamiento, tortura y otros tratos inhumanos. Muchos practicantes murieron bajo las brutales tácticas del régimen, mientras que otros fueron asesinados por sus órganos.
El 7 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la Ley para Detener la Sustracción Forzada de Órganos (HR 1503) por 406 votos a favor y 1 en contra. Si se promulga, la legislación sancionará a cualquier persona implicada en los abusos, incluyendo la revocación de visados y el bloqueo de transacciones de propiedades en Estados Unidos. Además, las personas que participen deliberadamente en estos actos podrían enfrentarse a penas de hasta USD 1 millón de multa y 20 años de prisión.
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