El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) está llamando a profesionales del derecho a unirse a la administración Trump como jueces de deportación para “restaurar la integridad y el honor del sistema de Cortes de Inmigración de nuestra nación”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Kristi Noem, en un mensaje en X el 20 de noviembre.
El puesto, abierto en 70 ubicaciones en todo el país, ofrece un salario de entre 159,951 y 207,500 dólares anuales, agregó la secretaria, señalando que existe la posibilidad de trabajo remoto a tiempo completo.
“La administración Trump ha asegurado la frontera sur, pero después de cuatro años de crisis, aún queda trabajo por hacer. Si eres un abogado llamado a servir, NECESITAMOS DE TI para proteger nuestras fronteras”, añadió Noem.
El puesto ofrecerá un incentivo de contratación del 25 por ciento del salario base a los empleados federales por primera vez asignados en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chelmsford (Massachusetts), Boston, Concord (California), Santa Ana (California) y Sacramento.
Las personas que se incorporen “tomarán decisiones con consecuencias generacionales; garantizarán que solo los extranjeros con solicitudes legalmente fundamentadas puedan permanecer”, dijo el departamento.
Además, los jueces deben “garantizar el cumplimiento de la ley; combatir el fraude y asegurarse de que quienes intenten explotar vulnerabilidades en nuestro sistema de inmigración no tengan éxito”, señaló.
La fecha límite para postularse como juez de inmigración es el 31 de marzo de 2026, según la convocatoria.
Los solicitantes deben contar con una Licenciatura en Derecho, un Doctorado en Jurisprudencia o una Maestría en Derecho, y ser miembros activos del colegio de abogados de Estados Unidos, con licencia vigente y autorización para ejercer la abogacía en cualquier estado, territorio de EE. UU. o el Distrito de Columbia, indicó el aviso.
Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos hay más de 600 jueces de deportación.
Las solicitudes de empleo y el reclutamiento en agencias vinculadas a temas migratorios han aumentado bajo la administración Trump.
El 7 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) había recibido más de 200,000 solicitudes desde que lanzó su campaña de reclutamiento "Defender la Patria" el 29 de julio.
Ese mismo día, en una publicación en X, la Guardia Costera anunció que logró resultados de reclutamiento “sin precedentes” para el año fiscal 2025, al alcanzar el 121 por ciento de su meta de personal activo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración recibió más de 35,000 solicitudes, una cifra “abrumadora”, desde que lanzó su campaña de contratación el 30 de septiembre, informó el DHS a principios de este mes, y agregó que se trata del mayor número de solicitudes para cualquier puesto en la historia de la agencia.
Los jueces de inmigración forman parte del Poder Ejecutivo y trabajan bajo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desafíos en los tribunales
La convocatoria ocurre mientras numerosos jueces federales y estatales han frenado decisiones de política pública de la administración Trump, obligando al gobierno federal a adoptar ciertas posturas en materia migratoria y de aplicación de la ley.Esto ha llevado a la administración Trump a calificar a estos jueces como “activistas”.
El 5 de septiembre, el juez de distrito Edward Chen prohibió a la administración Trump cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos.
Una designación de TPS permite que personas de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras situaciones extraordinarias permanezcan en Estados Unidos.
La administración Trump apeló la decisión. Pero el 17 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se negó a suspender el fallo del tribunal de distrito.
“Anular y terminar el TPS de Venezuela dejó el futuro de estos ciudadanos venezolanos en el limbo y los expuso a un riesgo considerable de deportación injusta, separación de sus familias y pérdida de empleo”, dijo la corte de apelaciones.
De manera similar, el 19 de noviembre, otro juez de distrito bloqueó que la administración Trump terminara el TPS de más de 6000 sirios mientras avanza una impugnación legal en los tribunales.
La administración sostiene que el programa de TPS se ha usado en exceso y que muchos inmigrantes de países designados bajo TPS que viven en Estados Unidos ya no ameritan protección, ya que las condiciones en sus países de origen han mejorado.
En otro revés, un juez federal ordenó el 20 de noviembre que la administración Trump pusiera fin al despliegue de la Guardia Nacional en Washington.
El presidente Donald Trump había firmado un memorando presidencial el 11 de agosto que permitía dicho despliegue, argumentando que la administración local de Washington, D.C. había “perdido el control del orden público y la seguridad en la ciudad”.
Sin embargo, el juez federal determinó que las acciones de Trump no se alineaban con la Constitución de Estados Unidos y que interferían ilegalmente con la autoridad de los funcionarios locales para controlar la aplicación de la ley en la región.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, discrepó del fallo.
“El presidente Trump está plenamente dentro de su autoridad legal para desplegar a la Guardia Nacional en Washington, D. C., para proteger bienes federales y asistir a las fuerzas del orden en tareas específicas”, dijo.
“Esta demanda no es más que otro intento —en perjuicio de los residentes de D. C.— de socavar las operaciones altamente exitosas del Presidente para detener el crimen violento en D. C.”
En cuanto a los inmigrantes ilegales, en una declaración del 27 de octubre, el DHS dijo que más de 527,000 extranjeros han sido expulsados de Estados Unidos bajo la administración Trump.
