El 20 de noviembre, una jueza federal ordenó a la administración Trump que pusiera fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la capital del país.
Trump había afirmado que las tropas eran necesarias para hacer frente a la delincuencia y la violencia rampantes en Washington y para apoyar los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración en la ciudad.
El 11 de agosto, el presidente firmó un memorándum presidencial en el que afirmaba que el gobierno local de Washington D. C. "ha perdido el control del orden público y la seguridad en la ciudad".
"Es una vergüenza nacional que Washington D. C. tenga una tasa de delitos violentos más alta que algunos de los lugares más peligrosos del mundo", afirma el documento.
Aunque la ley federal Posse Comitatus restringe la capacidad del gobierno federal para utilizar recursos militares para la aplicación de la ley en el ámbito nacional, el presidente puede tomar el control, o federalizar, las tropas de la Guardia Nacional estatal en situaciones de emergencia en determinadas circunstancias.
Sin embargo, la Guardia Nacional de D.C. se encuentra en una posición única, ya que el Distrito de Columbia es un enclave federal y no un estado. El presidente es el comandante en jefe de la Guardia Nacional de D.C.
La nueva orden de la jueza federal Jia Cobb se produjo después de que escuchara los argumentos orales el 24 de octubre sobre la demanda federal del gobierno del Distrito de Columbia que se presentó el 4 de septiembre.
Cobb sostuvo que la toma de control de la Guardia Nacional de Washington D. C. por parte del presidente Donald Trump contraviene la Constitución de los Estados Unidos e interfiere ilegalmente en la autoridad de los funcionarios locales para controlar la aplicación de la ley en el Distrito de Columbia.
La jueza afirmó que el presidente solo tiene autoridad para movilizar a la Guardia Nacional "mediante el ejercicio de un poder específico establecido en la legislación estatal", y no por "cualquier motivo" que considere oportuno.
Cobb suspendió la aplicación de su nueva orden para permitir que el gobierno federal presente un recurso.
Con información de Associated Press.
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